Abr 23 2025
Abr 23 2025

Las Bibliotecas populares en peligro

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La presidenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, María del Carmen Bianchi dialogó con FM La Patriada, y se refirió a la situación de peligro que atraviesan las Bibliotecas Populares Argentinas, y enfatizó la necesidad de la urgente aprobación de la Ley de asignaciones específicas para la cultura.

«Ya en 2017 comienza un peregrinaje que tenía las características de discutir una política cultural en el macrismo y de señalar que se había arrasado sin mencionar a las Bibliotecas Populares», explicó Bianchi.

Durante ese año, con la sanción de la Ley 27.432, se arrasó una política cultural, del libro, la lectura y las Bibliotecas Populares de más de 150 años de existencia y se puso como fecha de inicio de ese desmantelamiento a diciembre de 2022.

En junio del 2022, por iniciativa del diputado nacional por el Frente de Todos, José Pablo Carro, quién planteó en mayo pasado que «no hay razón para pensar que en algún momento se debería dejar de fomentar la cultura», y con el impulso de la lucha colectiva, comenzó un proceso de reparación de esa decisión «de arrasar con la cultura», fomentada por el gobierno macrista, con la media sanción de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, por la que se extendía la existencia de las asignaciones específicas que sostienen esa política por 50 años para las Bibliotecas Populares y para todas las actividades culturales involucradas en el desarrollo de otros organismos descentralizados de cultura.

A los pocos días, las Comisiones de Cultura y de Presupuesto del Senado aprobaron el dictamen que permitiría la votación en el recinto de esa ley y su consiguiente alivio para las Bibliotecas Populares de todo el país, así como para las y los trabajadores de la CONABIP.

En septiembre de 2022, la Cámara de Diputados dio media sanción a una ley de prórroga impositiva, que por 5 años prorroga los plazos establecidos en la ley de 2017 a INAMU, INCAA e INT, y deja afuera a todas las Bibliotecas Populares, que explica Bianchi «son resultado de las iniciativas de sus propias comunidades. Son Asociaciones Civiles que se autodefinen y auto sostienen en una cantidad importante de sus acciones», y así, las condenándolas a su desaparición.

«Además de escribir en las redes sociales, las personas siguen leyendo libros, las bibliotecas prestan servicio de internet al que no tiene acceso», contextualizó. En ese sentido, cumplen tres funciones: «la de biblioteca, la de acceso a la información a la ciudadanía, y apoyo al acceso a derechos». La presidenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares ejemplificó que durante la pandemia, «las bibliotecas (populares) ayudaron con los ATP, con los IFE y el acceso a la información», ya que «no todos tienen acceso o saben manejar» esas tecnologías.

«No se trata solo de armar una oferta para la comunidad, que lo hace», indicó Bianchi, sino «también ser caja de resonancia de la comunidad en lo que produce culturalmente y hacerlo circular por el país».

Este modelo de asociación entre el Estado y la Sociedad civil, es decir en este caso entre la CONABIP y la Biblioteca popular, y que parece tan moderno, tiene 152 años, y «despierta el interés en la región y también internacionalmente».

En ese sentido, Bianchi se refirió a dos proyectos que esperan sanción: «Por un lado, el que lleva el número de trámite 6/22 y aguarda tratamiento desde el mes de junio le da a las Bibliotecas Populares, la música, el teatro y el cine 50 años de asignaciones específicas y repara la destrucción a la que las condenó el art 4 de la ley 27.432. Y el que lleva el número de trámite 17/22 prórroga por 5 años los impuestos que favorecen a las otras actividades culturales y deja fuera de toda protección a las Bibliotecas Populares».

«Mañana estaremos pidiéndole al Congreso que trate de manera urgente la ley. Se trata de que no nos quiten lo que ya tenemos» y evitar el apagón cultural, cerró Bianchi en diálogo con el programa Nobleza Hormiga.

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