Jun 13 2024
Jun 13 2024

Las provincias buscan suplir los baches del Estado ausente de Milei

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La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos 30 causas de 16 provincias, en las que reclaman al Estado nacional fondos por los recortes. En ese contexto, Santa Fe creó el programa de emisión de deuda por hasta $50.000 mil millones para ejecutar en obra pública, mientras Córdoba asiste a los habitantes que tienen que recategorizarse en el nuevo esquema de subsidios de energía.

En su afán por llegar al déficit fiscal, los números que el Gobierno deja de lado afectan directamente a las provincias que buscan de todas las formas poder llenar el vacío de un Estado ausente, para que sus habitantes no sufran las consecuencias. En ese sentido, Santa Fe creó el programa de emisión de deuda por hasta $50.000 mil millones para ejecutar en obra pública, mientras que Córdoba asiste a los habitantes que tienen que recategorizarse en el nuevo esquema de subsidios de energía.

Santa Fe

Según cifras oficiales de la documentación estatal, a fines de 2023, había 2417 obras en ejecución con recursos nacionales. En febrero pasado, esa cifra bajó a 300 proyectos. Con una caída del 87,6%, quedaron en el camino 2117 proyectos que dejaron de ser financiados con fondos nacionales.

En consecuencia a esta situación, el gobierno de Santa Fe creó el programa de emisión de títulos de deuda por hasta $50.000 mil millones de pesos, o su equivalente en moneda extranjera, con el objetivo de ejecutar las obras de infraestructura vial para logística de exportaciones.

La decisión contenida en el decreto 0510 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Economía, Pablo Olivares, servirá para poner en marcha una serie de obras anticipadas por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, en su reciente visita a la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y que están mencionadas en los considerandos del decreto: el acceso a los puertos de Timbúes; la intersección de la Ruta Provincial N° 91 con la Ruta Nacional N° 11; el Camino del Mozo; el Camino de la Cremería – Ruta Provincial N° 25S -; y el tercer carril de la Autopista Santa Fe – Rosario «Estas obras estratégicas no sólo prometen facilitar el flujo de bienes y personas, sino que también serán un impulso central para la actividad comercial y el crecimiento regional», señala el instrumento.

El ministro Enrico dijo que la emisión de esos títulos permitirá agilizar el inicio de trabajos y para lo cual se están terminando los proyectos definitivos para poder licitarlos. El funcionario señaló que la emisión tiene un fuerte impulso de la Bolsa de Comercio de Rosario que actuará para captar recursos financieros de la región ya sea de empresas o de particulares para la adquisición de los bonos.

La Ley de Presupuesto autoriza la toma de operaciones de crédito público por hasta esa suma, fijándole como características: tipo de deuda, directa y externa y/o interna; plazo mínimo de amortización de un año; plazo máximo de amortización, diez años; tasa de interés aplicable podrá ser fija, variable o mixta, con pagos de intereses mensuales, trimestrales, semestrales o anuales y deberá estar dentro del rango de las tasas promedio del mercado financiero para títulos comparables. Como es usual en este tipo de normas, la garantía estará en recursos propios de la provincia o del Régimen de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales. Pero además, la norma presupuestaria establece que el endeudamiento autorizado podrá ser contraído mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, incluyendo sin carácter limitativo, emisiones de títulos de deuda pública en los mercados de capitales nacionales e internacionales.

«Vamos a colocar bonos para obras, veremos si hay interesados en el mercados, pero también vamos a aplicar leyes como la de contribución de mejoras para los frentistas que se beneficiarán con los trabajos» dijo Enrico a el diario local El Litoral.

Córdoba

El gobierno de Javier Milei presentó los lineamientos del nuevo esquema de subsidios al gas y la electricidad que comenzaría a regir en mayo. Este nuevo esquema significa el encarecimiento de las tarifas tanto para los sectores más pudientes, como más vulnerables.

En particular en Córdoba hicieron una paneo de la situación en la provincia y se encontraron que el 40%  de los hogares cordobeses están registrados en la Secretaría de Energía de la Nación como categoría N1, no reciben subsidios y pagan tarifa plena.

Frente al recorte en subsidios de energía de Nación y la extraña categorización, la Provincia lanzó el Plan de Recategorización de Usuarios Residenciales de Energía Eléctrica, para facilitar que más familias accedan al esquema de subsidios de la tarifa eléctrica, según el nivel de ingresos familiares.

En 2022 el Gobierno Nacional implementó el Régimen de segmentación de Subsidios con el fin de ubicar a los usuarios residenciales de energía según ingresos y bienes del grupo familiar en 3 categorías (N1, N2, N3).

Un relevamiento de la Provincia reveló que actualmente el 40 por ciento de los usuarios está registrado como categoría N1. Ese segmento corresponde a familias con ingresos mensuales totales equivalentes o superiores a 3,5 canastas básicas ($2.706.847,85), que tienen 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años y tres o más inmuebles.  Para las autoridades provinciales esto obedece a dos razones. Por un lado, a los usuarios que no se inscribieron en su momento, la Secretaría de Energía de la Nación les asignó esta categoría. Otra razón puede encontrarse en la falta de actualización de datos de ingresos por parte de los usuarios.

El plan lanzado por el Gobierno Provincial busca brindar acompañamiento y asesoramiento para que los usuarios cordobeses puedan revisar su situación y realizar el trámite de recategorización según su nivel actual de ingresos.

Para iniciar este proceso, los ciudadanos deben ingresar a www.argentina.gob.ar/subsidios y seleccionar el recuadro verde que indica “Completar el formulario de Inscripción” o, en los próximos días se dispondrán puestos de atención en los Centros de Atención Comercial de EPEC y en las municipalidades, así como grupos de barrios aglutinados por cercanía en Córdoba Capital.

Las provincias denuncian al Gobierno

El Gobierno de Javier Milei ya tiene 30 causas de 16 provincias que la Corte Suprema tiene en sus manos, donde reclaman al Estado nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, las cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros, que ascienden a unos 1000 millones de dólares.

Si bien no se espera la inmediata definición de los fallos en contra del Estado nacional, estos no están paralizados. La mayoría de las demandas iniciadas ya tiene dictamen de la Procuración General de la Nación, que determina que son de competencia originaria de la Corte. Y algunos de esos expedientes ya están girando por las distintas vocalías, lo que habla de que las causas se están moviendo.

Los reclamos de las provincias son de diferente índole. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires reclama los fondos de coparticipación federal y Chaco pidió a la Corte la inconstitucionalidad del decreto que modificó el impuesto a las ganancias y le reclama al Estado nacional casi 116.000 millones de pesos. Misiones y Río Negro plantearon reclamos por el recorte de fondos docentes, la provincia de Buenos Aires hizo lo propio por el fondo de fortalecimiento fiscal, Santiago del Estero presentó otro planteo por los subsidios al transporte y Santa Fe, por la caja previsional. Córdoba le reclama a la Nación por fondos retenidos de la caja previsional no transferida unos 130.000 millones de pesos en tres causas y también hay reclamos de Jujuy, La Pamapa, La Rioja, Corrientes, Formosa y Chubut.

De esta manera el poder el judicial acumula las demandas contra el Estado nacional, en medio de un intento del Gobierno por negociar leyes con los Gobernadores de las provincias y en un puja por definir la nueva conformación de la Corte Suprema, con la oficialización este lunes de la propuesta de los jueces Ariel Lijo y Manuel García–Mansilla para integrar la vacante de la Corte.

 

 

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