Las revelaciones del chat que involucra a jueces, fiscales, agentes de inteligencia, un ministro macrista y dos gerentes de Clarín no sorprenden a nadie pero confirman que el Poder Judicial está subordinado al poder económico y que coordina con los tanques mediáticos el discurso persecutorio contra sus adversarios y corporativo en defensa propia.
La cronología de los hechos indica que, el 17 de octubre pasado, trascendió una sugestiva reunión en Lago Escondido, propiedad del magnate Joe Lewis en la Patagonia argentina, animada por los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos «Coco» Mahiques; el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el capo de los fiscales porteños y presidente de la Asociación Internacional de Fiscales, Juan Bautista Mahiques, el ex jefe de Legales de la SIDE y dueño de una consultora de medios Tomás Reinke y otro de sus viejos compañeros de ruta en el organismo de inteligencia, Leonardo Bergroth. La noticia se conoció a través de un artículo publicado en Página 12, firmado por Raúl Kollman e Irina Hauser.
En ese texto, los autores reconstruyeron la versión de dos concejalas del Frente de Todos en Bariloche y El Bolsón, Roxana Ferreyra y Rosa Monsalve, respectivamente. Titulada Cónclave político judicial secreto en Lago Escondido para garantizar la impunidad de Mauricio Macri, la nota desliza que habrían participado de la tertulia en el Sur empresarios ligados a los medios masivos de comunicación, sin precisar nombres. La bomba informativa del fin de semana fue, precisamente, la pieza que faltaba en el rompecabezas: asistieron a la mansión donde se alojaron los magistrados el director de Asuntos Legales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el gerente del emporio, Jorge Rendo, y ese detalle se hace público porque robaron el teléfono celular de D’Alessandro, lo hackearon y divulgaron las conversaciones del chat que armó el letrado del holding que legó Roberto Noble.
Sobrino de Héctor Magnetto, Casey lleva la voz cantante en ese grupo, junto al propio Rendo, para la coordinación de las acciones necesarias con el propósito de que no se les impute el delito de dádivas o sobornos. Los togados y funcionarios políticos, como el ministro que responde a Horacio Rodríguez Larreta, no deberían recibir obsequios de nadie, tampoco de los empresarios. En consecuencia, y con total impunidad, los miembros de la selecta bandita debaten sobre la confección de facturas truchas que sirvan como elemento probatorio de que se costearon el viaje de placer, al tiempo que mencionan a dirigentes políticos del oficialismo y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria como responsables de una operación en su contra. Además, comparten apreciaciones insultantes y jactanciosas, según el caso, sobre los periodistas que podrían dar cobertura al escándalo y los que no lo harían porque sucumbirían a sus aprietes. Párrafo aparte merecería la presunta bronca que juntó el chivilcoyano más poderoso de la historia desde que explotó esta bomba contra su sobrino y Rendo.
Y es que la alevosía es alarmante. Tras la publicación de la realización del tour, que en sí mismo constituye delito, los actores confeccionaron un grupo de Telegram denominado “Operación Página 12”, casi a los efectos de compartir un rústico clipping de medios: ver qué periodistas o firmas periodísticas tomaban el tema. Ya el 20 de octubre, borran el instrumento anterior para compartir su nerviosismo en uno nuevo, llamado “La Donatto Contraataca”. Allí no titubean siquiera en expresar la importancia de presionar a una jueza de primera instancia en Bariloche, en cuyo juzgado recayó una denuncia contra la fiesta en la casa de Lewis reclamando que el Consejo de la Magistratura tome cartas en el asunto. El mismo faraón de la dinastía Mahiques, uno de los más furiosos en los intercambios de mensajes, advierte que esa presentación judicial es la más peligrosa en contra suya y de sus partenaires.
Como los pasajes liberados al paradisíaco rincón de Lewis y su estancia sin costos tipifican como “dádivas” según la ley, los involucrados necesitan cortar de cuajo el progreso de esta narración. Por eso, no sería descabellado que se vincule el rechazo de la Corte Suprema a la designación del senador oficialista Martín Doñate para la ocupación de un escaño en el Consejo y la reposición de esa banca para Luis Juez. Remember Horacio Rosatti, primus inter pares en el máximo tribunal pero también presidente del órgano que congrega a los consejeros de la Magistratura y cuya función es revisar las prácticas de los agentes del Poder Judicial. La impugnación del nombramiento de Doñate se produjo el 7 de noviembre, 17 días después de la zozobra de la patota jurídica de la clase dominante.
Se sabe desde hace semanas que la pelea entre el oficialismo y la oposición por su representación política en ese órgano está inspirada en la putrefacción de la cabeza del Poder Judicial. Mientras no haya posibilidad de sesionar o se sesione sin la presencia de legisladores que no estén comprometidos con o carpeteados por los detentores del verdadero poder en Argentina, la resolución estará demorada o será un chiste. Sin ir más lejos, el ministro de Justicia nacional, Martín Soria, declaró ante FM La Patriada esta mañana que “denuncias es lo que sobran, ya hay dos denuncias penales cuando se produjo el viaje y también hay denuncias en el Consejo de la Magistratura pero ustedes saben que está paralizado desde que Rosatti se autodesignó” al frente, y agregó: “no le tengo fe al Consejo de la Magistratura”.
En definitiva, no debería descartarse que las maniobras de Rosatti obedezcan al blindaje que reclaman Rendo y Casey, para proteger a los jueces que mantienen la política del peronismo encorsetada y a su líder a punto de ser condenada. Y aunque la podredumbre no pueda barrerse bajo la alfombra, asombra que el kirchnerismo permanezca en un estado de indefensión o inacción. “Es como si quisiéramos jugar de Jesús con la corona de espinas”, le dijo a este medio ayer una fuente del Senado.
La querella sobre movilizarse o no para el momento en que se dictamine la sentencia contra la vicepresidenta Cristina Kirchner incluye acusaciones cruzadas entre los que agitan el quilombo que no se arma y los que planean la organización de algo que porte más contundencia que el sacrificio militante sin densidad social. Esa trifulca intestina de la coalición gobernante esconde que nada más y nada menos que la líder del Frente de Todos practica una suerte de estoicismo institucionalista, que hasta acá prescinde del llamado a una gesta plebeya que prevalezca en la calle con la fuerza que no tiene en los estrados judiciales.
Puede parecer un suicidio político pero las proporciones de los hechos revisten una magnitud semejante a la revelación que publicara el medio The Intercept en 2019, acerca de las conversaciones por Telegram que mantenía el juez Sergio Moro con los fiscales que acusaban a Lula Da Silva de corrupción. Moro terminaría siendo ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro pero la verdad saldría a la luz, los abogados del líder del PT probarían el lawfare y la taba volvería a darse vuelta casi tres años después.
