El Gobierno del presidente francés Emmanuel Macron aprobó una reforma jubilatoria por decreto -sin someterla al voto de la Cámara de Diputados- donde necesitaba de apoyos opositores para sacar adelante la iniciativa que impone aumentar a 64 años la edad de jubilación.
El anuncio lo hicieron fuentes del Ejecutivo de la primera ministra, Élisabeth Borne, a la salida de una reunión de Gabinete de urgencia celebrada en el Palacio del Eliseo a minutos de la hora en que debía comenzar la sesión en Diputados.
Tras el encuentro, Borne acudió a la Asamblea Nacional, sede de la Cámara baja, donde fue recibida con abucheos.
Allí, mediante la utilización del artículo 49.3 de la Constitución francesa, la funcionaria avanzó con la reforma sin el voto de los diputados, que sólo podrán frenarla si aprueban una moción de censura contra el Ejecutivo.
Algunos legisladores ya anticiparon que presentarán mociones pero fuentes de Reuters aseguran que es bastante poco probable que esos recursos de censura avancen.
La activación final del mecanismo por el cual el gobierno de Macron pudo aprobar la reforma va a recrudecer la tensión con los sindicatos, que este jueves habían llamado a impedir que se lleve adelante y que hace dos meses organizan protestas masivas en las calles en contra de la medida.
La resistida reforma de las pensiones, que aumenta de 62 a 64 años la edad de jubilación y acelera la exigencia de cotizar 43 años para cobrar la pensión plena, fue aprobada esta mañana en el Senado, que tiene mayoría de legisladores conservadores de Los Republicanos (LR).
Pero para que se aprobara la ley, faltaba el voto de la Asamblea Nacional, donde los partidarios de Macron forman el primer bloque en número de diputados, pero no tienen una mayoría absoluta, por lo que precisaban del apoyo de la oposición.
Las miradas estaban puestas en un puñado de diputados oficialistas que podrían abstenerse y en «una veintena» de legisladores de LR que, según el senador derechista Bruno Retailleau, votarían en contra.
La reforma concitó un masivo rechazo expresado el 7 de marzo pasado, cuando se manifestaron casi 2 millones de personas, según la propia Policía, en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas.
Según los sondeos de opinión pública, dos de cada tres franceses se oponen la reforma.
«Este gobierno no es merecedor de la República Francesa», dijo el titular del Partido Comunista francés, Fabien Roussel.
El titular del Partido Socialista, Olivier Faure, le dijo a Reuters el martes pasado que la aprobación de la reforma podría desatar «una ira incontrolable» luego de semanas de huelgas y protestas.
Sin embargo, el Gobierno de Macron se mantuvo firme en su plan que busca, de acuerdo con lo que afirma el Ejecutivo francés, evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones en un país con una creciente esperanza de vida.
Las huelgas lanzadas la semana pasada en sectores clave como la energía y los transportes también continuaban este jueves, aunque con menos fuerza.
Con información de Télam, Reuters y Le Monde.
