En medio de la polémica en Lago Escondido, FM La Patriada se comunicó con uno de los responsables de prensa allí, Martín «Grifo» Adorno, quien dio detalles sobre la situación en la provincia rionegrina: “El gobernador se podría decir que es Lewis, no Carreras”.
Los chats de funcionarios macristas gatillaron una seguidilla de sucesos, entre los que se nuclean tanto ataques a manifestantes que intentaron ingresar a la propiedad de Lewis y denuncias a los funcionarios rionegrinos como la visibilización de la impunidad del poder real extranjerizador en la Argentina.
“A Lewis lo cubre gran parte del gobierno provincial. La jueza que ordenó la reapertura de ese camino fue destituida y el comisario del Bolsón que defendía a Lewis fue ascendido a jefe de policía de la provincia de Río Negro. Esa es la construcción de impunidad con la que operan. La policía responde, según ellos mismos, a la Sociedad del Lago Escondido. Podría decirse que el gobernador es Lewis, no Carreras”, señaló Adorno en una entrevista en el programa Todos en Cuero.
Al preguntarle a qué se debe el poder de Lewis en la provincia el entrevistado explicó: “Estamos hablando de una de las fortunas más grandes de la corona británica”. Refiriéndose a las acciones de los funcionarios consideró que “son cuestiones geopolíticas estratégicas” y que por eso el magnate inglés “hace lo que quiere”.
En este sentido, agregó: «Mi impresión es que no es casual: ¿Quiénes se reúnen ahí? Un montón de especímenes que están a cargo del lawfare y que se sortean entre ellos las causas que les toca resolver de grandes medios corporativos”.
También hizo mención de la posición de la población rionegrina ante la polémica: “La sociedad está partida y la situación genera incomodidad. Hay una parte de la población que tiene trabajo gracias a Lewis, desde seguridad, mantenimiento, cocina, recepción de contingentes vips. Tiene trabajo, se siente protegida. Hay gente que le da igual y gente que le preocupa pero no sabe que hacer”.
En esta línea, recientemente la exsenadora por Río Negro, Magdalena Odarda, presentó un amparo en la causa judicial por el libre acceso a Lago Escondido y comenzó una denuncia penal a los empleados de Lewis que atacaron a los manifestantes que intentaron acceder por Tacuifí, y a la ministra de Seguridad, Betiana Minor, y su jefe de Policía, Osvaldo Telleria, por «omitir actuar para garantizar la seguridad de las personas».
Otra de las repercusiones estuvieron reflejadas en los dichos del Padre Francisco «Paco» Olveira, sacerdote integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres. El religioso afirmó que se discute «mucho más» que el simple hecho de abrir un camino hacia un espejo de agua, y advirtió que en esa parte de Río Negro existe «una mafia que quiere manejar» los destinos del país.
Además se conocieron testimonios de manifestantes de la Séptima Marcha por la Soberanía en Lago Escondido como Gabriel Berrozpe, exconcejal de Quilmes y referente de la agrupación Peronismo de la Soberanía, quien denunció que la represión fue «una cacería» y, según el análisis médico, «un intento de homicidio».
Por otro lado, el responsable del Frente de Abogados de La Cámpora San Isidro, Joel Sverdlik, denunció que tiene una fractura de costilla con desplazamiento y un edema en la rodilla, producto de las agresiones que recibió por parte de «la patota de Joe Lewis».
