Por Guillermo Lipis
El desmantelamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y los valores de compra bajos de la materia prima en países vecinos están destruyendo la producción de yerba mate en las provincias del noreste.
La aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 y la consecuente desregulación de los precios, la ausencia de autoridades en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y los valores de compra bajos de la materia prima en Brasil y Paraguay están destruyendo la producción de yerba mate en las provincias del noreste, un panorama que ocasionaría la posible desaparición de una plantación centenaria y la pérdida de trabajo para tareferos, pequeños agricultores y cooperativas.
La desregulación de precios de la yerba, producto de la competencia por importación de la misma desde países vecinos, supone una transferencia de utilidades a las empresas industrializadoras de la yerba mate sin precedentes que algunos productores la asocian a la crisis atravesada en la década de los 90 y la pauperización de una economía regional que venía creciendo de modo más o menos regular para todos los estamentos productivos.
El conflicto comenzó a fines de 2023 con la quita de facultades al INYM para fijar precios de referencia.
Si bien la Justicia detuvo el famoso DNU firmado por Javier Milei al comenzar su mandato, luego de un recurso amparo presentado por productores junto al gobierno misionero, la falta de conducción en el INYM paralizó todo tipo de negociaciones.
El desmantelamiento del organismo, creado en 2002, «implica un freno al desarrollo del sector, que está nuevamente a merced de los ciclos de sobreproducción, precios por debajo del costo y la pérdida de sustentabilidad de toda la cadena«, alertaron desde la Mesa Agroalimentaria Argentina.
Dirigentes de la Mesa, justamente, participaron de los debates en el Congreso Nacional expresando su rechazo al DNU que entró en vigencia el 29 de diciembre de 2023 (excepto en su capítulo laboral) y al proyecto «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos«, conocido como «Ley Ómnibus«.
Ya en febrero del año pasado, la Mesa -constituida por organizaciones vinculadas a la producción de la tierra- se había manifestado contra la privatización de las empresas públicas, el desmantelamiento del YNYM y la adhesión a un convenio internacional que abriría la puerta al patentamiento de semillas. Pero, para entender mejor la situación, hagamos un poco de historia.
La zafra yerbatera 2024 comenzó con un precio de $400 por kilo de hoja verde en cooperativas, pero la importación -a precios de competencia desleal- de yerba vía Brasil y Paraguay hundió esos valores hasta llegar a $150 en el mercado local para equipar su costo de adquisición en los países vecinos.
Carlos Biechteler, presidente de la Cooperativa El Colono Yerbatero, explicó a la prensa que, en ese entonces, sostenían «los $400 mientras otros pagaban menos, y nos sobre stockeamos», todo sumado a la ya baja demanda en la zafriña estival, que hizo que los pequeños productores y tareferos suspendieran la cosecha dados los precios irrisorios para el mercado local, dijo.
Luego de protestas y cortes de ruta llevados a cabo en diciembre, lograron acordar un «precio justo sugerido» de $450 por kilo con el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, pero este pacto no fue acatado por las grandes empresas acopiadoras y productoras de yerba mate. Así fue que los productores volvieron a las rutas reclamando no percibir menos del costo de producción porque ello perjudicaría la vida y la economía de 15.000 tareferos, 12.000 productores y 49 cooperativas.
Los productores yerbateros están cortando la Ruta Nacional N° 14 a la altura de San Pedro, Misiones. Exigen un precio mínimo de entre $350 y $390 por kilo para la hoja verde. pic.twitter.com/z67Qeauu7V
— Hernán Letcher (@hernanletcher) February 11, 2025
También destacaron, para medir la relación de esfuerzo y precio, que su precio representa entre un 5% y un 7% del precio final del producto puesto en las góndolas de los supermercados.
Biechteler explicó que para producir un kilo de yerba seca se necesitan tres kilos de hoja verde y de una mano de obra intensiva, pero los precios que reciben productores y trabajadores no se ven reflejados ni en el esfuerzo ni en los costos. Y también destacó que los pagos se realizan con un plazo de 120 días, un hecho que termina asfixiando la economía de las familias rurales.
«El poder de negociación de los productores es nulo. Nos enfrentamos a cinco empresas que concentran la mayor parte del mercado«, agregó Biechteler al detallar la situación.
Al diputado provincial y expresidente del INYM de Misiones Juan José Szychowski (Frente Renovador), este cuadro de situación no lo sorprende.
En declaraciones a medios locales, aseveró que «si alguien tiene una posición distinta no basta con firmar un decreto y derrumbar lo que se hizo durante 20 años y que funcionó tan bien».
«Si alguien tiene una idea distinta debe hacer una ley para modificar otra ley que estaba vigente. El Gobierno nacional debería haber hecho una ley y enviarla al Congreso porque somos un país democrático. Cada uno tiene su idea, su posición. Cada uno ve la economía de una forma distinta, pero hay ámbitos de discusión y de debate en el Congreso de la Nación. Si alguien quería cambiar las reglas de juego, perfecto, pero que las mande al Congreso y no de la noche a la mañana nos cambia algo que venía funcionando muy bien», insistió.
Szychowski consideró que «año a año se vendía cada vez más, se exportaba más y con muy buenos precios para toda la cadena. Ganaba desde el cosechero hasta el industrial, hasta que la cadena se derrumbó sin debate ni explicaciones. Y eso es lo que está mal e iba a pasar si las cosas se hacían así», agregó refiriéndose a la aplicación del DNU 70/23 y sus consecuencias.
El dirigente recordó que en 2024 se vendió un 15% menos que en 2023, «con precios totalmente deprimidos en el sector productivo. Y no podemos permitir que esto pase”, agregó.
Para el legislador misionero, el reclamo de los productores «es justo porque no les alcanza este precio para vivir. Lamentablemente hay algunos jugadores que se aprovechan de este reclamo para utilizarlo políticamente y en beneficio de uno o de otro», sostuvo.
Y mencionó que el problema, básicamente, lo sobrelleva «el pequeño productor, que no tiene poder de negociación. Produce 50.000 o 60.000 kilos que lleva en una camionetita«, dijo.
El 35% de toda la producción de hoja verde lo llevan adelante unos 67.000 productores que tienen 6 o 7 hectáreas de yerba.
«Son pequeños productores sin capacidad de negociar y por eso hace falta un instituto como el INYM que negocie en nombre de ellos, que los represente. Esa es la función: negociar en su nombre», aclaró Szychowski.
El diputado misionero recordó el potencial aprovechamiento para una apropiación de tierras a precios irrisorios, como en la década del 90, cuando «desaparecieron muchos productores pequeños, se vendieron y compraron chacras«.
Por eso calificó como de «muy grave lo que está pasando, y lo peor de todo es que quien ocasionó esto no está escuchando».
«Necesitamos a alguien que ordene la actividad. No es lo mismo la soja, la manzana la yerba o el vino«, enfatizó.
Y concluyó que es necesario analizar cuestiones puntuales porque «la yerba mate es un mercado imperfecto y hace falta, justamente, por la forma en que está constituido el mercado, que alguien lo regule, trace un plan y que diga cuál es el camino para que a todos les vaya bien».
