La foto de un presidente que no termina su mandato en Perú es lamentablemente habitual. Seis mandatarios en siete años son suficientes para dimensionar la magnitud de la crisis institucional. Por estas horas el interrogante gira en torno a la salida. ¿Cuál es? ¿Quién lo capitaliza? Nadie lo sabe.
La tragedia está sobre la mesa. Más de 60 muertos, represión y violación a los Derechos Humanos de una Policía cada vez más empoderada y respaldada por el poder político. Ahora bien, sin la mínima intención de relativizar o minimizar la responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte, hoy garante de un contexto represivo que agudiza la crisis social la actual presidenta pareciera ser una pieza irrelevante de un problema mucho más profundo. ¿Descomprime su renuncia o empeora un escenario cada vez más marcado por la descomposición? Ahí está el punto. Desde la perspectiva de un sector de la izquierda, la renuncia habilita el adelanto de elecciones para este año y abre una ventana para la convocatoria a una Constituyente.
Pero a esta salida, ideal para pensar una reformulación de la institucionalidad peruana, le faltan liderazgos y partidos. Si Chile -que cuenta con una sistema de partidos y fuerzas sociales más consolidadas- no termina de coronar ese proceso que inició con las protestas de 2019, qué garantiza que el rumor de Perú sea este.
En las calles se ve de todo. Seguidores del destituido y detenido Pedro Castillo, organizaciones sociales e indígenas con anclaje territorial, ex dirigentes de Sendero Luminoso, figuras de perfil nacionalista y autoritarios como Antauro Humala o la propia extrema derecha encarnada en el fujimorismo que apuesta a una salida basada en el orden y la represión.
En esa ensalada, Perú debe encontrar una salida para recuperar el poder de la figura presidencial y, especialmente, limitar un Congreso extralimitado de funciones y cada vez más parte del problema que de la solución.
Las encuestas son lapidarias. El 70 por ciento desaprueba la gestión de Boluarte, el 62 quiere se renuncia y el 31 la responsabiliza de las protestas. A su vez, el 87 por ciento desaprueba el Congreso y el 79 quiere elecciones para el año 2023.
La cuerda está cerca de cortarse y el vínculo de conveniencia entre Boluarte y el Congreso para cuidar sus privilegios entró en tensión. La Presidenta puede ser fusible de quienes no quieren que nada cambie o asumir la responsabilidad de las demandas de una calle caliente.
