El mandatario venezolano compareció junto a su esposa en un tribunal de Nueva York, donde ambos se declararon inocentes. Mientras la defensa alega inmunidad soberana, en Caracas Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina tras la declaración de «ausencia forzosa».
Nicolás Maduro compareció este lunes ante el tribunal federal de Nueva York en su primera audiencia tras el operativo militar que culminó con su traslado a Estados Unidos. Frente al juez Alvin Hellerstein, de 92 años, el líder venezolano y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes de los cargos de conspiración y narcoterrorismo que se les imputan.
Durante la identificación de rigor, Maduro ofreció una contundente definición de su estatus actual al presentarse como presidente constitucional de Venezuela y «prisionero de guerra», afirmando haber sido secuestrado por una acción militar estadounidense y solicitando acogerse a los tratados de Ginebra.
La estrategia de la defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack —quien anteriormente representó a Julian Assange—, se centra en la ilegalidad de la captura. El letrado argumentó que su cliente, en calidad de jefe de Estado, goza de inmunidad y privilegios inherentes a su cargo que han sido vulnerados. Pollack sostuvo que la «abducción militar» ejecutada el pasado 3 de enero viola la soberanía venezolana y el Derecho Internacional Público, citando específicamente el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados.
En contraparte, el presidente Donald Trump celebró la capacidad de acción de sus fuerzas en declaraciones a Fox News, advirtiendo que nadie puede detener el poderío estadounidense y que podrían repetir la operación.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió ante el Consejo de Seguridad sobre la falta de respeto al derecho internacional en la acción del 3 de enero. Mientras Rusia y China exigieron la liberación de los detenidos, la postura europea se mostró dividida: si bien Suiza condenó inicialmente el uso de la fuerza, poco después realineó su posición con Washington bloqueando presuntos activos de Maduro. Por su parte, la Unión Europea, aunque crítica de los métodos de Trump, mantiene sus reservas sobre la legitimidad de Maduro, lo que ha generado un debate sobre el riesgo de que la «ley de la fuerza» se imponga como norma, con temores incluso sobre futuras pretensiones territoriales estadounidenses en zonas como Groenlandia.
En el plano interno de Venezuela, el vacío de poder fue cubierto de inmediato. El Tribunal Supremo de Justicia declaró la «ausencia forzosa» del mandatario, habilitando a la vicepresidenta Delcy Rodríguez para jurar como presidenta encargada. Rodríguez ratificó el Estado de Conmoción Exterior y autorizó detenciones contra quienes respalden la ofensiva extranjera. A pesar de que Trump negó diálogo previo con la nueva presidenta interina, aseguró que hubo cooperación de funcionarios.
La tensión en Caracas se mantuvo con reportes de detonaciones cerca del Palacio de Miraflores, atribuidas oficialmente al derribo de drones no autorizados, mientras el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, instó a la población a retomar la normalidad y no ceder ante la «guerra psicológica».
El proceso judicial en Nueva York, cuya próxima audiencia se fijó para el 17 de marzo de 2026, podría contar con un testigo clave: Hugo «El Pollo» Carvajal. El exjefe de inteligencia militar, detenido en Brooklyn y antiguo hombre de confianza de Hugo Chávez, ya admitió su culpabilidad en cargos de narcotráfico el año pasado. Su ruptura con el oficialismo en 2019 y su conocimiento de la estructura de poder venezolana abren la posibilidad de que «colabore» con la fiscalía en la causa contra Maduro.
