Jul 25 2024
Jul 25 2024

Desmantelar las políticas contra la violencia de género es un retroceso

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Así lo señalaron en un informe la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). En el documento analizaron el grave impacto del ajuste presupuestario y de trabajadores en el área.

El despido del 85% del personal de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género (ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad), llevado a cabo por el Gobierno de Javier Milei días atrás, puso en severo riesgo la continuidad de políticas públicas fundamentales para la prevención y atención de casos de violencia de género

Así lo señaló un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en el que se analizó el grave impacto que tendrá el desmantelamiento de una estructura clave del Estado.

«La violencia de género, en su manifestación más extrema, se refleja en cifras contundentes y alarmantes: en Argentina, sólo en el último año, se registraron 250 femicidios. Que exista un órgano rector a nivel nacional para el diseño e implementación de políticas de género no es solo una cuestión de voluntad política”, indicaron las organizaciones civiles en un comunicado.

En el texto, indicaron que el Estado “tiene la obligación de cumplir con leyes nacionales como la 26.485 de Protección integral de las mujeres y con compromisos internacionales asumidos” para “enfrentar una problemática urgente como es la violencia de género”.

Por ese motivo, indicaron, el cierre de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género “representa un retroceso institucional de 37 años, remitiendo a tiempos previos a 1987 cuando se creó la primera subsecretaría de la mujer”. 

Sin las herramientas institucionales y de gestión necesarias para abordar estos problemas de manera seria y eficaz, consideraron ACIJ y ELA, “la situación sólo continuará agravándose”. 

“La consecuencia de no contar con programas de prevención y atención es que las personas en situación de violencia se resignan a no buscar ayuda y regresan con el agresor, poniendo en riesgo su vida y la de sus familias”, sostuvieron.

 Y agregaron: “Para enfrentar esta problemática y garantizar el acceso a derechos de las mujeres y diversidades que sufren violencia es fundamental contar con instituciones y personal especializado”, al igual que tener a disposición “un presupuesto adecuado, que asegure la capacidad del Estado para cumplir su deber de prevenir, proteger, sancionar y erradicar la violencia”.

El ajuste presupuestario

El documento analizó que la magnitud de los recursos presupuestarios con los que contaba el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad representó en 2023 “apenas el 0,21% del presupuesto total nacional, siendo el cuarto más bajo entre los 17 ministerios que integraban el Poder Ejecutivo Nacional”. 

Al respecto, las dos organizaciones civiles mencionaron que más del 90% de esos fondos “correspondió a acciones para erradicar la violencia de género”. 

Bajo la órbita del programa contra la violencia también se desarrollaba la Línea 144, que recibió más de 62.000 comunicaciones en 2023 y acciones de ayuda urgente para familiares de víctimas de femicidio, transfemicidios y travesticidios, entre otros.

A partir de este año, con la llegada de Javier Milei al Gobierno, se puso en marcha una fuerte reducción en la ejecución de estas políticas bajo jurisdicción de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, en el Ministerio de Capital Humano

“El conjunto de los programas que hasta el año pasado formaban parte del Ministerio, entre enero y abril habían ejecutado un 78% menos que el mismo periodo del año anterior”, indicó el informe.

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