Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) cuestionaron la política represiva del Gobierno implementada con motivo de las manifestaciones en rechazo a la Ley Bases.
La organización Amnistía Internacional (AI) condenó las detenciones de 33 personas en las recientes protestas llevadas a cabo contra la Ley Bases y la violencia ejercida, mediante el uso de redes sociales, contra periodistas, en especial mujeres.
Además, AI rechazó “el posicionamiento regresivo en consensos históricos en materia de género, medio ambiente y defensores de derechos humanos tomado por el Estado argentino en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
“En lo que va de este año diversas personas, incluyendo periodistas que cubrían las protestas, han resultado lesionadas. Asimismo, el pasado 12 de junio, en el marco de un violento operativo policial, 33 personas fueron detenidas arbitrariamente y acusadas de varios delitos, entre ellos atentado contra el orden constitucional y la vida democrática”, expresó AI acerca de la represión llevada a cabo contra los manifestantes que se oponían a la aprobación de la Ley Bases en el Congreso.
En un comunicado, Amnistía Internacional consideró que «en Argentina el denominado ‘protocolo anti-protesta’ identifica a la protesta pacífica como un delito. Además, criminaliza, persigue, estigmatiza a manifestantes, organizaciones y grupos determinados, con especial foco en líderes, referentes sociales y organizaciones políticas, sociales y sindicales, así como defensores de derechos humanos”.
Una violenta operación policial lanzada durante las protestas del 12 de junio se saldó con la detención arbitraria de 33 personas#Actúa para exigir que se retiren los cargos y se garantice la libertad de expresión de todas las personashttps://t.co/JGsjHuWaPk pic.twitter.com/bofxqRl1k2
— amnistia . org 🕯 (@amnistia) June 25, 2024
Este lunes, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había expresado en un informe que la represión contra las personas que se manifestaron en las inmediaciones del Congreso en contra de la Ley Bases «marca una peligrosa profundización en la política de criminalización de la protesta y pone en peligro el sistema democrático y republicano de gobierno«.
«Más de 600 personas resultaron heridas con quemaduras por el lanzamiento de gases químicos, disparos con postas de goma y golpes con la tonfa”, reportó la Comisión, y detalló que más de 30 personas «fueron detenidas de manera arbitraria. Cinco de ellas permanecen aún hoy alojadas en cárceles del sistema federal”, recordó.
Para la CPM, se trató “de la más brutal represión de las fuerzas de seguridad desde la implementación del protocolo antipiquetes” dispuesto por la ministra Patricia Bullrich.
Represión en el #Congreso: 35 detenciones y mas de 200 personas heridas.
Resumen CRONOLÓGICO del despliegue de las fuerzas de seguridad frente a la masiva protesta contra la sanción de la #LeyBases – PARTE 1 pic.twitter.com/zdpKvnqdv1
— Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) June 13, 2024
“La acusación sin pruebas de la Presidencia de la Nación sobre la existencia de un plan sedicioso para dar un golpe de Estado protagonizado por ‘terroristas’ y el procesamiento de las y los manifestantes marca una peligrosa profundización en la política de criminalización de la protesta y pone en peligro el sistema democrático y republicano de gobierno”, se indicó en el trabajo.
Críticas a la postura argentina ante la OEA
Por su parte, Amnistía Internacional también se refirió a las diferentes posturas que la embajadora de la Argentina ante la OEA, Sonia Cavallo, hija del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, hizo públicas la semana pasada en una reunión ordinaria del Consejo Permanente del organismo, preparatoria de la Asamblea General que deliberará hasta el jueves en Asunción, Paraguay.
La embajadora Cavallo, indicó el comunicado, “hizo objeciones a distintos proyectos de resolución próximos a ser adoptados por la Organización vinculadas con: a) la necesidad de fortalecer la democracia, b) proteger a personas defensoras de los derechos humanos (incluyendo quienes defienden el medio ambiente) y c) contar con una perspectiva de género y étnica en los asuntos abordados por la Organización, incluyendo la importancia de reconocer la violencia sexual contra mujeres y niñas”, puntualizó AI.
“Es urgente que Argentina revea esta postura que derriba acuerdos básicos sostenidos durante los últimos años como lo es el rechazo absoluto a la violencia de género”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Belski calificó de «preocupante marcha atrás» del Gobierno «en la política exterior nacional» y recordó que estos antecedentes «se suman al anuncio de la Cancillería de suspender la participación en eventos ligados a la Agenda 2030 de la ONU, un consenso para fortalecer la paz y la justicia suscrita por todos sus Estados miembros en 2015″, agregó la dirigente.
AI envió una carta abierta para reclamar que la Asamblea General “tome medidas urgentes para asegurar los derechos a la libertad de expresión, a la protesta pacífica y a la participación en los asuntos públicos de todas las personas”.
En ese sentido, señaló que “el uso de la violencia a través de redes digitales, con el objeto de silenciar y acallar a periodistas, en especial mujeres, líderes de la oposición, artistas y medios de comunicación, también se ha verificado en Argentina”, resaltó el comunicado AI.
Con información de Somos Télam
