Bajo nombres nuevos, el Gobierno diseña devaluaciones a medida del complejo agroexportador para capturar divisas y profundiza sus debilidades frente a la inflación. Subordinando la búsqueda el oxígeno político a la extorsión financiera, el Frente de Todos permanece internado en una espiral descendente. | Por Luciana Glezer
El beneficio de una tercera edición de la devaluación temporal de contingencia que traduce un dólar diferencial para el complejo exportador sojero es una crónica más que anunciada. Como dijo el ex viceministro de Axel Kicillof y reconocido consultor del mainstream económico, Emanuel Álvarez Agis, “si al chico le das una tablet, te va a pedir una tablet”. Los hechos lo demuestran. La merma acelerada de la liquidación da cuenta del poder extorsivo del sector que aporta 7 de cada 10 dólares que entran a la Argentina. Lunes, martes y miércoles liquidaron cero.
Pero la novedad de esta ventana devaluatoria es la incorporación de ciertos sectores, que se hacen llamar economías regionales, lo cual enciende alertas inflacionarias.
La historia económica argentina es prueba contundente de que la suba del dólar se traslada automáticamente a precios, de no mediar una política que funcione como ancla para esa suba. Desde el equipo económico comparten esta lectura, pero afirman que, para evitar eso, las empresas que accedan a este dólar diferencial van a tener que cumplir con el acuerdo de Precios Justos.
Las debilidades de este programa como ancla antinflacionaria saltan a la vista y perforan los bolsillos. Según datos oficiales, el nivel de cumplimiento general se aproxima al 40% con mucho optimismo. “Vamos a reforzar los controles sobre estas empresas específicamente”, contestó Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, a La Patriada.
En esta historia, se sobreimprime el gran ausente de las medidas anunciadas por Massa: el dólar importador, sujeto de versiones en off, análisis y trascendidos mediante los cuales se explicaba que estaba pensado para unificar el precio de la divisa norteamericana para comercio exterior y, así, oficializar un desdoblamiento cambiario de hecho. Se suponía que era el paso necesario para ordenar el esquema de tipo de cambio múltiple, tal como lo exige el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La idea fallida era ordenar las diferentes cotizaciones del billete verde en tres grupos: para consumo de bienes y servicios finales (compras y turismo en moneda extranjera); para comercio exterior para exportaciones e importaciones; y por último, el precio del oficial.
Si Sergio Massa no consiguió avanzar sobre el esquema de desdoblamiento fue tanto por la resistencia de industrias importadoras de insumos intermedios como por parte del presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce.
Del lado de las industrias, advirtieron el traslado a precios por encarecimiento de los insumos que requieren en el exterior como componente necesario para su producto final doméstico. Y con otro argumento, Pesce cuestionaba el destino y los sujetos alcanzados, beneficiarios de la cotización del dólar oficial.
“La tensión pasaba por definir a qué dólar quedaba la deuda de las empresas. En el BCRA entienden que si no acceden al oficial muchas de ellas quiebran”, afirmó una fuente del equipo económico. No obstante, del otro lado del mostrador afirman que muchas de esas empresas tienen cuentas en dólares físicos que se guardan porque tienen el beneficio de la cotización oficial.
El tema es que este año, sequía mediante, Argentina va a tener que importar soja en volúmenes récord, tanto de Paraguay como de Brasil, para mantener activa la molienda. Y al no haber equiparado el dólar de importación respecto a los 300 que reconoce la liquidación del grano argentino, resulta irriosoriamente más barato traer la soja de los países vecinos. Esto fue confirmado por Bahillo, que admitió ante la consulta de este portal: “no lo tenemos resuelto”.
