«La respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza», señaló el informe del organismo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles un informe condenando el actuar policial del Gobierno de Dina Boluarte durante las manifestaciones acontecidas en Perú tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. En el mismo se habla de «masacre» y «ejecuciones extrajudiciales» por los asesinatos arbitrarios cometidos por fuerzas del orden peruanas.
Asimismo, el organismo interamericano exigió que las investigaciones tengan «un enfoque étnico-racial», dado que la mayoría de las víctimas son pobladores indígenas, campesinos de las zonas andinas. «La respuesta del Estado (a las protestas) estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza», señaló el informe.
Su investigación se centra en el período que comprende entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, y concretamente en la ciudad de Ayacucho, donde ocho personas fueron asesinadas y 26 heridas por herida de bala mientras intentaba tomarse el aeropuerto local, en medio de una de las protestas más fuertes registradas en el país. Asimismo, también se hace mención de lo vivido en Juliaca, ciudad de la provincia de San Román, donde 17 manifestantes murieron el pasado enero en enfrentamientos con la Policía.
Desde diciembre, cuando estallaron las protestas luego de la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo, la represión ha dejado 49 muertos por disparos de la policía y del ejército. El total de fallecidos en el marco de las protestas son 67. Hay más de mil heridos y numerosas detenciones arbitrarias.
El estudio del organismo se realizó a través de los videos grabados por testigos. La mayoría de los manifestantes eran jóvenes de la zona contrarios a la toma de poder que había efectuado Dina Boluarte en detrimento de Pedro Castillo días antes, tras lo que la institucionalidad peruana consideró un intento de autogolpe del exmandatario.
La CIDH indicó que hubo actos de violencia de algunos manifestantes que intentaron tomar los aeropuertos de ambas localidades, pero denunció que se disparó contra pobladores desarmados lejos de los aeropuertos, por lo que no se trató de una respuesta en defensa de esas instalaciones, como alegan las autoridades, sino de una acción «de carácter persecutorio». El informe advirtió que se disparó a matar apuntando «contra órganos vitales». Los fallecidos murieron por disparos en la cabeza, el tórax, el abdomen o la espalda, como han confirmado las necropsias. «Hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales», afirmó la CIDH y agregó que al tratarse de «múltiples privaciones del derecho a la vida» estos hechos «podrían calificarse como una masacre».
Entre sus recomendaciones, el organismo demandó asegurar reparaciones integrales para las víctimas y sus familiares, que incluyen acceso a la justicia y al derecho a la verdad, atención a su salud física y mental, una reparación pecuniaria. Asimismo, exigió una investigación «célere, seria, eficaz, independiente» realizada por fiscales especializados en derechos humanos, procesos con jueces independientes y sanción para los culpables.
En declaraciones a Página/12, Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH), señaló que «este informe de la CIDH refuerza lo que hemos dicho los distintos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que aquí hubo ejecuciones extrajudiciales y masacres». Indicó que el informe de la CIDH tiene «un peso diferente» a los anteriores de «organizaciones muy respetadas de la sociedad civil» porque se trata de un organismo que es parte de un tratado internacional que el país a suscrito.
Respuesta del gobierno
Por su parte, Dina Boluarte defendió que las muertes ocurridas en las protestas posteriores al intento de autogolpe de Pedro Castillo se «están investigando» en las instancias judiciales peruanas, pero rechazó que esos sucesos sean considerados una masacre. La mandataria peruana, poco después de conocer la noticia, afirmó: «como todo informe, hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos, más aún viniendo de un organismo del sistema interamericano de derechos humanos como es la Comisión. De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se menciona de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas».
La presidenta de la nación andina además indicó que era «imposible» sacar conclusiones tan fuertes habiendo estado entre tres y cinco días sobre el terreno y negó cualquier acusación de racismo a la hora de tratar a los manifestantes. Línea que también mantiene el primer ministro peruano, Alberto Otárola, quien señaló que «no parece ajustado a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que la CIDH concluya que hubo graves episodios de uso de la fuerza tan solo con una entrevista y dos visitas al Perú».
Desde el lado fujimorista señalaron que el texto es «sesgado» y que lo mejor sería «no tomarlo en cuenta». Declaraciones que incluso han llegado a la petición del vicepresidente tercero de la Cámara, Alejandro Muñante, de «retirar los fondos» a la CIDH.
Contexto de las movilizaciones
Las protestas en el sur de Perú se extendieron por más de dos meses y son el reflejo de la crisis política que vive desde hace años esta nación andina, con gobiernos inestables y cortos que han alimentado la crispación ciudadana.
Las movilizaciones se dieron después de que asumiera el poder Dina Boluarte tras el intento fallido de autogolpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo, quien fue detenido y actualmente se encuentra en prisión. Los protestantes acusaban a la nueva mandataria, quien era vicepresidenta de Castillo, de traición y la exigieron renunciar y convocar elecciones, algo que nunca sucedió.
Boluarte cuenta con el apoyo de las formaciones políticas más conservadoras en el Congreso y, a pesar de las fuertes críticas que ha enfrentado, ha levantado un telón de acero en torno a la protección de su Gobierno. En las mencionadas protestas el número de fallecidos superó el medio centenar y los heridos se contaron por miles, la mayoría jóvenes.
Fuente: Con información de France24 y Página12
