Docentes, estudiantes y graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires iniciaron una colecta de firmas para abrir un juicio académico al juez federal Julián Ercolini luego de darse a conocer la noticia sobre su participación en el viaje a Lago Escondido junto a otros integrantes de la justicia, empresarios de medios, funcionarios y dirigentes macristas.
Ercolini es profesor regular adjunto de la materia Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal y director de la especialización en Administración de Justicia de la Facultad de Derecho de la UBA.
Hasta el momento la iniciativa para pedir la apertura del juicio académico a Ercolini reunió más de 10 mil firmas.
En el petitorio, docentes, estudiantes y graduados de la Facultad de Derecho de la UBA solicitan que esa institución educativa «reconocida a nivel mundial tiene que tomar medidas importantes sobre el presente caso en tanto exhibe a un docente de la casa involucrado en la comisión de conductas que atentan contra la democracia y el estado de derecho».
Denuncias
El Gobierno nacional denunció el pasado miércoles a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado por el presunto delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas».
En el escrito presentado por el Ministerio de Justicia se denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas al juez federal Julián Ercolini y a todos los involucrados.
Según se precisó, se busca que se investiguen los hechos que tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un chárter privado a la mansión del empresario británico, Joe Lewis.
Entre los denunciados están el integrante de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques; el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, Pablo Yadarola y el titular del juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso, Pablo Cayssials.
También se suma el actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’ Alessandro.
Por otra parte, se acusó por el ofrecimiento de dádivas al CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo; al administrador del inmueble en el que se habría desarrollado el encuentro, Nicolás Van Ditmar; al exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, Leonardo Bergroth; y a Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital.
En paralelo, los jueces que participaron del viaje fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño.
Repudio de la comunidad educativa
El consejo directivo de la Facultad de Filosofía y Letras (FILO) de la UBA, rectores del bloque peronista de universidades nacionales y el Sindicato de Docentes de la universidad pública (Feduba) repudiaron las «prácticas corporativas en Lago Escondido» y solicitaron se investigue el accionar de Ercolini -docente en esa casa de estudios- uno de los involucrados en el viaje a la Patagonia.
Por su parte, el Consejo Directivo de la FILO repudió el «accionar antidemocrático perpetrado por jueces federales, funcionarios de CABA, empresarios de medios de comunicación y exagentes de inteligencia», al tiempo que exigió «una rápida investigación judicial de lo sucedido con una correspondiente condena a los participes».
En un comunicado de prensa, el Consejo solicitó además que «se inicie una investigación sumaria para evaluar la incompatibilidad ética entre la participación de Julián Ercolini en estos hechos con su función docente».
El texto de la declaración aprobada en la casa de altos estudios precisa que en virtud de la noticia sobre la reunión «realizada en la estancia de Lago Escondido, cuyo acceso público permanece usurpado por Joe Lewis», se «repudia los hechos y se solicita una rápida investigación judicial de lo sucedido con una correspondiente condena a los participes».
Por su parte, el Sindicato de Docentes de la UBA (Feduba) expresó -desde su cuenta de Twitter- su «repudio y preocupación por la clara vulneración de la independencia judicial, la división de poderes, y la total falta de capacidad ética y moral de estas personas para dictar clases» en la universidad.
El pronunciamiento del sindicato se da «a partir de los hechos de público conocimiento que involucran específicamente a docentes de la facultad de derecho de la UBA en chats y en reuniones en el sur, junto a autoridades, empresarios de medios, funcionarios del GCBA y operadores políticos, dónde hablan de falsificar pruebas, armar causas, amenazar periodistas, y hasta de matar a funcionarios a cargo de fuerzas de seguridad».
«Nos referimos puntualmente al caso de Julián Ercolini, actual director de la carrera de Especialización en administración de Justicia; Carlos Mahiques; Juan Bautista Mahiques; Pablo Casey, director del grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto; Juan Yadarola; entre otros», puntualizaron.
Del mismo modo, señalaron que «esta falta de ética e integridad, además de vulnerar la responsabilidad institucional que les cabe por los cargos que ostentan, es totalmente incompatible con los fines y principios de la universidad pública».
Con información de Télam
