Mar 03 2024
Mar 03 2024

Pidieron la nulidad del DNU de Javier Milei

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La abogada Vilma Ibarra cuestionó la «validez» del DNU 70/23 del gobierno nacional por la presunta participación de abogados privados

La exsecretaria Legal y Técnica (SLYT), Vilma Ibarra, aseguró que el DNU 70/23 del gobierno de Javier Milei puede perder su «validez» por haberse dictado «sin informes técnicos» de los ministerios y consideró que si «se comprueba que no lo trabajaron funcionarios, sino abogados de estudios privados, es una grave causal de nulidad»

«Un DNU debe ser confeccionado, dictaminado y firmado por funcionarios públicos. Si se comprueba que el DNU no lo trabajaron funcionarios sino abogados de estudios privados, es una grave causal de nulidad», detalló.

En su red social X, Ibarra explicó: «En el DNU 70/23 no participaron los ministerios, no emitieron informes técnicos que expliquen el interés público comprometido ni hicieron dictámenes jurídicos».

La ex diputada consideró que saber quiénes lo redactaron es central porque «se pone en juego la validez del DNU como acto administrativo».

Ibarra retoma un pedido de información pública, realizado el 22/12/2013 por la Coordinadora de Abogades de Interés Público (CAIP) al Poder Ejecutivo Nacional: «Cuando El PEN reconoce, ante un pedido de información de @AbogadxsDe, que el DNU 70/23 se dictó sin informes técnicos ni dictámenes jurídicos de los ministerios ni de la SLYT, está admitiendo que se violó la ley de Procedimientos Administrativos».

«Un DNU debe ser confeccionado, dictaminado y firmado por funcionarios públicos. Estos están sometidos a los controles de la ley de Ética Pública y deben presentar cada año una declaración jurada patrimonial pública y esto nos permite conocer su evolución patrimonial», apuntó en su publicación.

En el hilo de X (antes conocido como Twitter), la abogada también propone investigar posibles hipótesis delictivas por corrupción: «¿Quién les paga o les pagó? ¿Les retribuyen con los beneficios que algunos obtendrán con la aplicación del DNU? También deberá investigarse el posible incumplimiento de deberes de funcionarios».

Al respecto, subrayó: «No son meras formalidades. Son requisitos exigidos para que los actos administrativos estén avalados con la firma de funcionarios responsables de su legalidad, con informes técnicos que los sustentan y justifican. Son necesarios para el control del Congreso y de la Justicia».

«Estas violaciones legales graves traen aparejada la nulidad del DNU conforme nuestra ley de Procedimientos Administrativos Nro. 19.549 (art. 14). Por cierto, existen muchos motivos que, además de su nulidad, también determinan su inconstitucionalidad. Ni necesidad ni urgencia. Avasallamiento de la división de poderes. Sometimiento total del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo Nacional«, concluyó.

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