Las provincias de Río Negro y Chubut se quedaron sin detenidos por los recientes incendios forestales tras la liberación del último sospechoso por falta de pruebas.
Desde el inicio de las investigaciones, tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial en ambas provincias impulsaron operativos apresurados en busca de responsables, en algunos casos con discursos que apuntaban a sectores sociales específicos. En Chubut, incluso, la narrativa oficial tomó un tinte xenófobo y antimachupe.
El último liberado en Río Negro fue Nicolás Heredia, detenido el 5 de febrero bajo la única justificación de que su apariencia era «sospechosa» y de portar una botella con combustible. Sin embargo, peritajes posteriores demostraron que el envase no tenía sus huellas y contenía una mezcla utilizada en motosierras por brigadistas forestales.
A su vez, en la localidad chubutense de El Hoyo, fiscales ordenaron un allanamiento en el que fueron arrestados cinco brigadistas voluntarios y un hombre, aunque todos recuperaron la libertad dos días después ante la ausencia de pruebas en su contra. Según fuentes citadas por Tiempo Argentino, en los mismos días al menos una docena de personas fueron detenidas temporalmente en las cercanías del fuego, la mayoría colaborando con brigadas de emergencia.
Actualmente, los fiscales de El Bolsón y Bariloche solo tienen un detenido: un hombre con problemas de salud mental que encendió un fuego diez días después del inicio del incendio forestal. Su arresto fue celebrado en redes sociales por el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck.
En Chubut, la detención de Victoria Núñez Fernández expuso graves fallas en la investigación. Miembro de la Lof mapuche Pillán Mawiza, fue apresada luego de que un testigo afirmara haber visto su camioneta cerca de uno de los incendios. Sin embargo, la geolocalización del vehículo demostró que estaba a 90 kilómetros del lugar en el momento señalado. Su arresto formó parte de un masivo operativo antimachupe, que incluyó allanamientos en varias localidades con helicópteros, fuerzas especiales y hasta una radio comunitaria intervenida. El procedimiento fue difundido en redes sociales con un video editado y presentado como una acción “antiterrorista”.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto al ministro de Seguridad y la cúpula policial, dieron una conferencia de prensa asegurando que la operación fue resultado de dos meses de investigación y señalando nuevamente a la supuesta organización RAM como responsable de los incendios.
Sin embargo, días después, la propia Policía informó sobre la detención de tres personas en la estancia La Batea, quienes confesaron haber provocado el fuego en Atilio Viglione por orden del dueño del establecimiento, con el objetivo de utilizar la madera quemada y destinar el terreno a la ganadería. Los tres imputados fueron liberados con la única restricción de no salir del país por seis meses, mientras que el nombre del estanciero que ordenó el incendio se mantiene en reserva.
Pese a estas revelaciones, la única acusada sin pruebas en su contra, Núñez Fernández, sigue bajo prisión domiciliaria. Hasta el momento, el gobernador Torres no ha brindado explicaciones sobre este giro en la investigación.
Fuente: Tiempo Argentino.
