Por Paula De Lillo
Mientras el Estado nacional continúa destinando recursos y esfuerzos a la expansión del sistema penitenciario y la persecución policial, distintas agrupaciones proponen una alternativa totalmente contraria a la cárcel, el patrullero o morir violentamente en las calles.
Mientras los discursos de mano dura se instalan como única respuesta a la inseguridad en Argentina, la experiencia de distintas organizaciones sociales, como la del MTE Liberados, muestran que existen alternativas más eficientes. Por medio de la inclusión laboral, la educación y la organización, distintas iniciativas han logrado reducir los índices de reincidencia en el delito y generado la posibilidad de que las personas puedan proyectar otro futuro distinto al de «cárcel o bala».
El Estado continúa destinando recursos y esfuerzos al aumento de detenciones, la expansión del sistema penitenciario y la persecución policial, políticas públicas que, lejos de resolver el problema, lo profundizan.
Las condiciones de vida en las cárceles —marcadas por el hacinamiento, la violencia y la falta de acceso a derechos básicos— dificultan que estos espacios funcionen como lugares de desvinculación del delito. A eso se suma que, en su enorme mayoría, la población carcelaria comparte una misma característica: proviene de barrios populares y pertenece al último eslabón de la cadena punitiva.
Según el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), en 2019 sólo el 22% de los detenidos había participado de algún programa laboral y tan solo el 36% había accedido a un trabajo remunerado. Esto comprueba que solo accede una minoritaria porción de los detenidos a estas políticas, un porcentaje que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca reducir aún más ya que en la reciente Resolución 429/2025, dispuso un tope estricto a la cantidad de personas que pueden cobrar por la realización de tareas de mantenimiento.
Con estos datos en mente, la Rama de Liberados del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) propuso otra perspectiva: la de la inclusión social. Es así que personas que delinquieron por falta de oportunidades en causas relacionadas con el delito económico encontraron una alternativa en los Polos Productivos y cooperativas de trabajo. Se sostienen 52 unidades productivas en las que trabajan más de 800 personas liberadas y ninguna de ellas volvió a la cárcel.
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«Nosotros llevamos adelante una alternativa a una política de seguridad que no tiene que ser cárcel, patrullero o morir en la vía pública. Hay otra forma de combatir la inseguridad y se trata de estar en los lugares donde hay que estar», remarcó a La Patriada Web Rocío Jara, referente de la organización.
Rocío estuvo detenida en el Servicio Penitenciario bonaerense en 2018 y mantuvo un arresto domiciliario, una experiencia que describe como «una tortura». En su relato, denuncia que muchas mujeres en esta situación se sienten obligadas a tener que someterse a tratos violentos o recaen en el consumo de drogas, especialmente en los casos donde «el transa de la esquina llega antes que un juzgado permitiéndote salir a trabajar».
«Si un juez no te permite llevar a tu hijo a la escuela, no lo podés llevar. Si no te permite ir al médico, tampoco podes ir», explica Rocío sobre el arresto domiciliario. «En la cárcel por lo menos existe una solidaridad que te garantiza un plato de comida o un jabón. Y, sobre todo, no tenés a tu hijo frente tuyo esperando que le des de comer. Es perverso lo que hace el sistema judicial: te dice que sos la jefa de familia y que tenés que garantizar la crianza de tu hijo, pero no te da recursos ni herramientas. Si no hay una organización que ponga el ojo en el arresto domiciliario no lo pone nadie. Ni siquiera las instituciones que tienen la obligación».
Tener en cuenta la trama social es especialmente importante. Las infancias, que crecen en entornos marcados por la violencia, no tienen garantizada la escolarización y están signadas por el abandono estatal, suelen quedar expuestas a dinámicas donde el delito aparece antes que cualquier otra posibilidad.
«Más importante que bajar la edad de punibilidad es llegar antes, porque en la cárcel no le vas a ofrecer tener un plato de comida o terminar el colegio. Muchas cosas que ven en la escuela o en su familia hace que las normalicen y que sea la vida que piensan que tienen que llevar. Hay que cortar con esa violencia. Yo soy la única en mi familia que pudo cortar con ese patrón de todos en cana. Hay que sacar esa identidad de ‘pibe chorro’ para empezar a pensarse como trabajador y ver el trabajo como un derecho. Esa es la línea de horizonte que se les tiene que permitir proyectar», afirmó Rocío.
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En tanto, la reincidencia en el delito está fuertemente vinculada con lo expulsivo que resulta el sistema una vez cumplida la condena. Muchas personas liberadas pierden el vínculo con su familia y no tienen posibilidad de conseguir un trabajo por tener antecedentes penales. Es claro que, si ya es difícil una salida laboral para una gran parte de los argentinos, el escenario es aún más complicado para quienes estuvieron detenidos.
En La Boca, un barrio donde los índices de inseguridad y gatillo fácil son alarmantemente altos, comenzó a articular en el territorio Punto de Fuga, una organización que inició con talleres en cárceles. Según el Informe de Estadística Criminal 2021 publicado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, la Comuna 4 es la que registra más homicidios dolosos, con una tasa de 9,98 de estos delitos por cada 100.000 habitantes.
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La iniciativa fue creciendo con el objetivo de acompañar el post encierro y a las familias afectadas por el sistema penal por medio de una asesoría jurídica, reuniones en el barrio y recorridas para asistir a mujeres cumpliendo arresto domiciliario. La organización también sostiene una escuelita deportiva y de apoyo escolar para brindar un acompañamiento a las infancias.
«Hoy en día lo que vemos a nivel nacional es una avanzada muy grande. Hace tres semanas la resolución de Patricia Bullrich, tratando de desarticular los centros universitarios de los penales federales, es un ejemplo de eso. Algo que es inconstitucional porque va en contra de un montón de leyes que respaldan el derecho a la educación y al agrupamiento de las personas. Todas las personas que pasan por los centros universitarios tienen un índice de reincidencia mucho menor porque también salen con otros objetivos de vida», remarcó Pamela Mariani, responsable de Punto de Fuga.
Como contrapropuesta, el MTE, junto a organizaciones del sector, elaboraron y presentaron hace dos años en el Congreso Nacional un proyecto de ley con el objetivo de garantizar la inclusión laboral en Polos Productivos, la Educación y formación técnica y profesional y el acompañamiento comunitario integral. El proyecto, sin embargo, nunca fue tratado. Si se suma al desfinanciamiento de programas de acompañamiento y la crisis económica que afectó las ventas de las cooperativas, parece lejana que la iniciativa se vuelva ley.
«Este proyecto de ley, que presentó nuestra diputada Natalia Zaracho, demuestra que es posible una política de seguridad que permita bajar la reincidencia. También propone que personas que estén fuera de una cárcel, puedan entrar a ella a capacitar a las personas privadas de su libertad en algún oficio con el objetivo de participar de los polos productivos una vez que sea excarceladas. Pero hoy las cooperativas no están con trabajo por la enorme crisis que hay. Este proyecto también proponía que el Estado pueda ser cliente y que se garanticen determinadas compras», agregó Pamela.
Por medio de la implementación del «Programa nacional para la reducción de la reincidencia mediante la Inclusión Sociolaboral de Personas Liberadas y familiares», el modelo promete ser «más eficaz y barato» que construir centros penitenciarios.
La experiencia de las organizaciones sociales muestra que es posible pensar otro modelo de seguridad centrado en garantizar derechos, no solo en castigar. En palabras de Rocío: «Si no hubiese estado la organización, no sé qué hubiera pasado conmigo y con mi hijo. Recién ahora tengo un salario y puedo decir dignamente que estoy tranquila. Eso no lo cambio por nada».
