Lo hicieron instituciones jurídicas y organizaciones de la sociedad civil para garantizar la protección de los habitantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Asociación Vecinos de la Boca (AVLB) y la Fundación T.E.M.A.S, se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado argentino por la violación de los derechos de las personas afectadas por la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Sin ninguna consulta a las partes involucradas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ordenó cerrar en octubre de 2024 la supervisión de la llamada «Causa Mendoza«.
Esa decisión viola los derechos a un ambiente sano, al agua, al aire limpio, a la vida e integridad, a la salud, a la vivienda adecuada, a la niñez y al acceso a la información, así como las garantías judiciales y la protección judicial de las familias que viven en la cuenca, indicaron los denunciantes en un comunicado.
La presentación hecha ante la CIDH, que funciona bajo la órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA), reclama que el Estado argentino tome medidas para garantizar efectivamente esos derechos. Además, pidió medidas cautelares para que se adopten medidas que protejan de inmediato la salud de los habitantes de la cuenca.
La Corte Suprema dictó en 2008 una sentencia colectiva que ordenaba a la Ciudad de Buenos Aires, a la Provincia de Buenos Aires, al Estado Nacional y, en particular, a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) reparar los daños ocasionados por la contaminación a la salud y a la integridad personal de las familias que viven a la vera del Riachuelo, especialmente de los niños, expuestos a metales pesados y enfermedades prevenibles.
Luego de 16 años de ejecución, el 22 de octubre de 2024 la Corte Suprema decidió dar por culminada su intervención y abandonar el seguimiento de la ejecución de su propia sentencia, sin tener en cuenta los incumplimientos por parte del Estado para garantizar el derecho a vidas dignas de los afectados.
Tras el cierre de la causa judicial, la propia ACUMAR reconoce que la ejecución de las soluciones habitacionales únicamente alcanza al 42%.
