La Ley Bases y el Paquete Fiscal, sancionados ayer en Diputados, incluyeron finalmente artículos claves para el Gobierno como la restitución de Ganancias, la suba del piso de Bienes Personales, el RIGI y la reforma laboral.
Ayer se cumplieron exactamente 200 días desde que asumió en su cargo el Presidente Javier Milei, y, en simultáneo, el oficialismo logró la aprobación de sus primeras dos leyes desde que arrancó la gestión. La Cámara de Diputados dio sanción a la Ley Bases y el paquete fiscal este viernes por la madrugada, luego de más de seis meses de debate y un intento fallido en el verano.
Aunque la ley fue ampliamente modificada frente al primer mega proyecto con 600 artículos presentado por el Gobierno, el primer éxito legislativo del oficialismo finalmente incluyó varios puntos considerados centrales para la Casa Rosada, como las facultades delegadas, las privatizaciones, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, la reversión del Impuesto a las Ganancias, la suba del piso de Bienes Personales y el blanqueo de capitales.
Para la Ley Bases, el oficialismo y sus socios de bloques dialoguistas aceptaron todos los cambios aplicados por el Senado, cosechando 147 votos positivos, 107 negativos y dos abstenciones. Quedaron afuera del paquete de empresas declaradas sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos, aunque el Gobierno ya informó que volverá con el tema más adelante. Lo mismo ocurrió con la eliminación de la moratoria previsional y la creación de la Prestación de Retiro.
Entre los cientos de artículos aprobados en la sesión que se extendió por más de 13 horas, los principales ejes de conflicto que terminaron por aprobarse fueron los siguientes:
Ganancias
El impuesto a las Ganancias había sido aprobado por Diputados, pero luego el Senado lo rechazó por la presión de los gobernadores patagónicos, que buscaban evitar que el tributo alcance gran parte de los trabajadores de su provincia. El capítulo donde se mantuvo la incertidumbre hasta último momento en el paquete fiscal, pero, con 136 votos a favor, 116 negativos y 3 abstenciones, La Libertad Avanza logró la restitución del tributo que había sido recortado en el 2023 por iniciativa de Sergio Massa y apoyado por el ahora Presidente.
La aprobación de la versión de Diputados llevará el mínimo no imponible de Ganancias quedaría en $1.800.000 brutos para los solteros y a $2.200.000 para los casados con hijos. Así, volverían a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores con alícuotas que van del 5% al 35%. En tanto, la actualización del mínimo se haría de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La modalidad acordada en la reunión de Labor Parlamentaria determinó que ambos proyectos, tanto ley Bases como Paquete Fiscal, se discutan en simultáneo. En ese sentido, las críticas del peronismo apuntaron contra la constitucionalidad de reponer Ganancias y Bienes Personales -adelantaron que ambos puntos serán judicializados- y sobre los efectos negativos del RIGI y la reforma laboral.
Bienes Personales
Así, el Gobierno logró también aprobar Bienes Personales, pero no consiguió los votos para insistir con lo relacionado con la revisión de los gastos tributarios. Con estos temas resueltos, Diputados dio el visto bueno a las demás modificaciones realizadas por el Senado sobre el paquete fiscal.
El nuevo piso del tributo, que se aprobó con 134 afirmativos y 118 negativos, pasará de $27 millones a $100 millones (de USD 29.000 a USD 107.000) y la deducción por la vivienda familiar será de $350 millones. A su vez, se implementará un plan de pago anticipado por los montos que corresponden a los próximos años, hasta 2027. Se trata del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (“Reibp”), con una alícuota reducida de 0,45% por año (2,25% en total) precisa el articulado.
Revisión de los gastos tributarios
La oposición intentó sin éxito insistir con la revisión de los gastos tributarios. Es decir, con los ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar beneficios impositivos especiales para favorecer ciertas actividades, zonas o contribuyentes. Algunos ejemplos de gastos que el Poder Ejecutivo podía revisar son: la exención de inmuebles rurales en Bienes Personales (0,48% del PIB), la exención de honorarios de directores de sociedades en el IVA (0,29% del PIB), la exención del pago de Ganancias por parte de jueces (0,16% del PIB) o el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego (0,33% del PIB).
Sin embargo, ese artículo había sido rechazado por dos tercios de los votos en el Senado y su aprobación era virtualmente imposible sin el apoyo del peronismo (99 votos). La votación terminó: 148 votos a favor contra 107 en contra.
RIGI
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones fue uno de los principales ejes de controversia en la opinión pública. El formato del dictamen, que constaba de un solo artículo que ratificaba todos los cambios del Senado, puso en jaque a varios diputados de UxP, que desde las provincias querían mostrar su apoyo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones para recibir las grandes inversiones, pero si lo hacían también debían votar afirmativamente otros puntos como la reforma laboral o las privatizaciones. Justamente, fue la presión de las provincias que podrían recibir las grandes inversiones generó fuertes tensiones dentro del bloque.
En el Senado se realizaron algunas modificaciones al RIGI que luego fueron aceptadas en Diputados. Entre ellos se limitó a nueve sectores (foresto-industria, turismo, siderurgia, petróleo, gas, infraestructura, minería, energía y tecnología) y hizo obligatoria la contratación de un 20% de proveedores locales (siempre que la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad).
Asimismo, los cobros de exportaciones del proyecto que adhiera al RIGI estarán exceptuados de ingresar en el mercado de cambios en los siguientes porcentajes: 20% luego de 2 años; 40% luego de 3 años; y 100% luego de 4 años. Esto no solo incluye al cambio de divisas, sino también a «aportes de capital, préstamos o servicios vinculados al proyecto objeto del plan de inversión aprobado». Para los proyectos declarados de exportación estratégica de largo plazo, los porcentajes serán diferentes: 20% luego de un año; 40% luego de 2 años; 100% luego de 3 años. Además, se modificó el artículo 205 para que las acciones, cuotas o participaciones sociales de los vehículos de proyecto único (VPU) -es decir, los titulares de un proyecto que califique como gran inversión en los sectores incluídos- adheridos al RIGI puedan usarse como garantía.
El RIGI ofrece distintos incentivos para aquellas inversiones de al menos U$S 200 millones que se ejecuten en los próximos dos años con al menos un 40% de la inversión realizada en el primer año. Entre los beneficios otorgados a los inversores se destacan: Una reducción de la tasa de Ganancias de 35% a 25%ñ; Una tasa para el pago de dividendos y utilidades fija de 7% para los primeros 3 años y de 3,5% para los años subsecuentes; Exención del pago de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes, componentes e insumos; Exención de derechos de exportación a partir de los 3 años para las inversiones en general y de los 2 años para aquellas que se consideren de «exportación estratégica»; Plena disponibilidad sobre los productos; Libre disponibilidad de las divisas generadas por exportaciones a partir del cuarto año.
«Modernización Laboral»
El texto del capítulo titulado “Modernización Laboral” establece que se podrá despedir con justa causa a trabajadores que tomen o bloqueen empresas en demanda de reivindicaciones laborales; incorpora la figura del «colaborador» que habilitará a los “trabajadores independientes” o pymes a contratar hasta tres empleados sin generar relación de dependencia; amplia el período de prueba de tres a seis meses y de hasta ocho meses en empresas que tengan entre seis y cien trabajadores; autoriza a reemplazar el actual régimen de indemnizaciones por un fondo de cese laboral mediante un acuerdo entre gremios y cámaras empresarias. En tanto, se eliminan las infracciones, multas y sanciones a los empresarios que no hayan registrado a sus empleados, se les perdonará la deuda por capitales e intereses cuando se originen en la falta de aportes al sistema de seguridad social.
