El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla envió al fuero federal porteño la denuncia presentada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, por «delitos de tráfico de influencias» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público».
El magistrado resolvió «remitir las actuaciones» al juzgado federal 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, y en el mismo fallo cuestionó la duplicación de causas, sostuvo que podría tratarse de un caso de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia y afirmó que «no ha sido verificado» que la filtración de las conversaciones de Robles y D´alessandro fuera producto del espionaje ilegal como se sostuvo en Comodro Py para archivar una denuncia por el mismo tema.
Antes de resolver la incompetencia por conexidad con otros expedientes que ya están en manos de la justicia federal porteña, el juez Ramos Padilla trazó una línea temporal en la que precisó que la primera denuncia presentada por la filtración de los supuestos chats entre Robles y D´alessandro fue la presentada en Santiago del Estero por el Gobernador Gerado Zamora, aunque luego fueron las presentadas en Comodoro Py aquellas en las que se procedió rápidamente al archivo.
La hipótesis de investigación delimitada por la fiscala María Laura Roteta en su dictamen del día 6 de febrero surgía también de la propia denuncia del gobernador bonaerense: de los supuestos chats difundidos se deprendía que Robles habría asesorado, a través de D´Alessandro, a la alianza Juntos por el Cambio respecto de cómo proceder para obtener una mayoría en el caso del Consejo de la Magistratura.
Teléfono para la Corte Suprema
«Sería contrario a los principios del federalismo que plasmaron nuestros constituyentes que sea un juez de sección -de alguna de las provincias o incluso de CABA- el que determine si, a partir de un presunto funcionamiento irregular del Máximo Tribunal signado por las maniobras delictivas enunciadas -de abuso de autoridad y/o tráfico de influencias-, al dictar esas sentencias, existió algún beneficio o perjuicio indebido hacia una u otra provincia o partido político, tal como surge de la denuncia presentada por el gobernador Axel Kicillof», sostuvo Ramos Padilla al postular la posibilidad de que el caso sea tratado por la Corte Suprema.
En la misma línea, el juez remarcó que «no puede soslayarse que, en su denuncia, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que la cuestión a investigar atenta contra el federalismo y la democracia de nuestro país y si bien afecta a todas las provincias argentinas, impacta de modo especialmente negativo en la Provincia de Buenos Aires, habida cuenta de que resulta la jurisdicción más perjudicada por el sistema de coparticipación federal».
«Aún cuando se compartiera lo sostenido por el Sr. Gobernador Kicillof en cuanto a que los efectos dañosos del/los fallo/s denunciado/s como espurio/s se extendieron a otras jurisdicciones -por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero o La Rioja-, no puede ignorarse que las dos personas mencionadas en la denuncia son dos funcionarios que habrían cometido los delitos señalados a partir de su desempeño en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», completó.
Espionaje ilegal
Antes de enviar el caso a Comodoro Py, el juez remarcó que el archivo de esta causa no había sido solicitado por el Ministerio Público Fiscal y que el argumento empleado en Comodoro Py por el juez Sebastián Ramos, a instancias del fiscal Carlos Stornelli, no estaba probado: no existen hasta ahora elementos que prueben que Robles y/o D´alessandro habrían sido víctimas de espionaje ilegal.
«No debe olvidarse que, según establece dicha norma, el delito de espionaje ilegal se configura únicamente con la intervención de un funcionario público; es decir, cuando es el Estado el que realiza o participa de algún modo en la actividad de espionaje , cuestión que, al menos de momento, no ha sido verificada», agregó el magistrado en su resolución.
Ramos Padilla advirtió que la acusación del gobernador bonaerense no puede archivarse como hizo el juez Sebastián Ramos. Con la resolución, Ramos Padilla devolvió la pelota juzgado federal de Retiro y resolvió «remitir las actuaciones» al juzgado federal 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, cuyo despacho también tiene a cargo las denuncias de los gobernadores Quintela (La Rioja) y Zamora (Entre Ríos).
Con información de Agencia Télam
