El oficialismo aceptaría las modificaciones introducidas en Diputados para acelerar la sanción. El texto volvería al Senado y buscarían dictaminarlo en comisión al día siguiente.
El Gobierno nacional buscará avanzar este jueves 19 de febrero con la reforma laboral, aceptando las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados para destrabar el conflicto por las licencias por enfermedad. La estrategia oficial apunta a devolver el proyecto al Senado un día después y acelerar su tratamiento en comisión.
Fuentes parlamentarias señalaron que el objetivo es convertir la iniciativa en ley antes de fin de mes. Para eso, el oficialismo intentará sesionar según el cronograma previsto y remitir rápidamente el texto a la Cámara alta.
La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, tendría a cargo la tarea de dictaminar el proyecto en comisión el viernes 20, como paso previo a su tratamiento en el recinto.
En un primer momento, sectores del oficialismo habían evaluado corregir el artículo cuestionado mediante la reglamentación o a través de una ley complementaria. Sin embargo, esa alternativa no contaría con el aval de parte de los bloques dialoguistas, que exigen que las modificaciones queden plasmadas directamente en el texto.
Qué establece el artículo en discusión
El punto más controvertido modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. La redacción original establecía que, ante una enfermedad o accidente no laboral, el trabajador cobraría el 100% del salario durante los primeros tres meses, pero luego el pago se reduciría al 50%. En caso de tener personas a cargo, el porcentaje sería del 75%.
La falta de precisiones sobre qué ocurriría ante enfermedades graves encendió las críticas. Bullrich sostuvo que la intención del oficialismo es mantener el 100% del salario para patologías severas, aunque con la exigencia de un certificado “fehaciente” o la intervención de una junta médica.
El artículo había pasado sin mayor debate en el Senado, pero quedó en el centro de la polémica tras declaraciones del ministro Federico Sturzenegger, lo que obligó al Gobierno a recalcular su estrategia legislativa.
