Pasadas las 5 de la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto en general, con 180 afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones. La cosecha de adhesiones se logró por la suma de voluntades del bloque del Frente de Todos y aliados de partidos provinciales, la UCR y Evolución. La bancada macrista, por su parte, se abstuvo, mientras que la izquierda, la ultraderecha y la Coalición Cívica votaron en contra.
Para las delicias de los susurros en el Congreso, el ministro de Economía, Sergio Massa, Mientras que las abstenciones fueron en su mayoría del bloque del Pro y los votos en contra corrieron por cuenta de la izquierda, los libertarios y la Coalición Cívica. El ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo en el recinto al momento de la votación y el diputado Máximo Kirchner, que no participó del debate, se sentó a su banca para oprimir el botón por la positiva en su pantalla.
A esa altura de la sesión, ya se especulaba con la posibilidad de que naufragara la iniciativa para que los jueces y fiscales pagaran impuesto a las ganancias sobre sus ingresos. El rechazo a ese artículo del proyecto se produjo a las 7:05, por 134 votos negativos y 116 afirmativos.
Antes de ese desenlace, la legisladora trotskista Romina Del Pla sugirió el desdoblamiento del artículo 110 del Presupuesto, para que tributen los magistrados pero queden eximidos del alcance de la norma los empleados del Poder Judicial, pero el oficialismo no concedió esa modificación. Cinco diputados del Frente de Todos se opusieron en particular al artículo: Vanesa Siley (dirigente del gremio de los judiciales), María Rosa Martínez (perteneciente al sindicato de gráficos) y los bancarios Sergio Palazzo, Claudia Ormachea y Carlos Cisneros.
En un hilo de Twitter, Siley manifestó que “el salario no es ganancia. Ni de una maestra, ni de un camionero, ni de un bancario/a, ni de un trabajador o trabajadora judicial. El salario es fruto del trabajo y sacrificio humano, no de la explotación ajena. El salario NO genera rentabilidad”. “Un plan de distribución de la riqueza que equilibre el capital y el trabajo, así como propuso el FPV en 2016, cuando se votó el Presupuesto, podría habilitar este tipo de discusiones”, evocó, y añadió: “en un marco de regresión constante del poder adquisitivo, quienes deben ceder son otros (gravar a la minería, a los agro-negocios, a los plazos fijos, a la renta financiera, a las fintech)”.
El saldo de esa discusión en particular probablemente haya aliviado a la Asociación de Magistrados, que había solicitado audiencia con la vicepresidenta Cristina Kirchner y, a la sazón, titular del Senado, para hoy. Al cierre de este artículo la concreción de ese encuentro era una incógnita.
La resistencia de los jueces al impuesto a las Ganancias se funda en el fallo Fisco c/ Medina de 1936, que estableció que gravar lo que por entonces se llamaba “rédito” violaba la intangibilidad de los sueldos de los togados. Sus argumentos abrevaban en la doctrina de la Corte Suprema estadounidense a partir del fallo “Evans c/ Gore” de 1920. Sin embargo, los juristas norteamericanos trocaron su propia jurisprudencia en 1939, con el caso “Omalley c/ Wodroug”. En Argentina, jamás se dieron por enterados.
Uno de los jueces consultados por La Patriada sobre este tópico recordó que negarse al pago del gravamen le valió la imputación en el cargo 3 del juicio político a seis ministros de la Corte Suprema de los ’90.
Además, el actual presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, se manifestó a favor en junio de 2016. “Los jueces deben pagar el Impuesto a las Ganancias, pero no hay que afectar la retribución actual. Quizás haya que hacerlo gradualmente, pero el objetivo hay que concretarlo”, reconoció.
Su partenaire Carlos Rosenkrantz, por caso, sostuvo el mismo año que sus pares deberían tributar. “No hay razón para que los jueces se exceptúen de lo necesario para que el Estado pueda funcionar. Yo me comprometo para solucionar este problema”, expresó en una audiencia ante la Cámara Alta, y agregó acerca de la chance de que se discuta un proyecto de ley referido al asunto: “Lo que trabó el tema fue su complejidad, no la voluntad política de la institución. Y esa complejidad está dada por una cantidad de vínculos y adherencias que engloban a todo el país”.
Hasta Ricardo Lorenzetti dijo en 2013 que había que apoyar “los cambios que beneficien a la gente”. “Yo me he manifestado a favor de que todos paguemos el impuesto a las Ganancias. Dentro del Poder Judicial hay diferentes visiones. Es un tema que hay que cambiarlo y nos parece bien”, explicó.
El principismo declarado no se condice con las acciones concretas, al parecer.
Fantasmas en retirada
Después de dos años de un zarandeo interno en el oficialismo sobre la necesidad de elevar por ley la alícuota de retenciones, los diputados del Frente de Todos ni siquiera pudieron sostener el artículo que delegaba en el Poder Ejecutivo la facultad de modificar las retenciones, más allá de la habilitación en el Código Aduanero. Veinte minutos después de las 6, el bloque conducido por Germán Martínez retiró ese fragmento del Presupuesto porque no le alcanzaban los votos para respaldarlo.
La querella en torno de este tema se desató en diciembre de 2021, luego de que se frustrara la aprobación del Presupuesto 2022 en el cruce entre el diputado Kirchner y el macrista Cristian Ritondo. Desde ese momento, las entidades ruralistas dijeron que el Estado no podía percibir retenciones porque, sin presupuesto, no podía aplicarse esa percepción. Esta madrugada ni siquiera se pudo sostener el artículo.
La última semana de octubre confirma tal vez una tendencia agria para el kirchnerismo: sin potencia para plasmar sus ideas políticamente, caen una a una las consignas con que facturaban tibieza a sus antagonistas intestinos y prospera una administración concesiva con sus enemigos, propiciada por Massa como último aliado de la Vicepresidenta y heredero de un peronismo domesticado por la ola neconservadora en curso.
