El juez Walter Lara Correa accedió al pedido del CELS y la UTEP, quienes alertaron que el receso judicial de verano paralizaba la asistencia estatal. El magistrado ordenó avanzar con las intimaciones al Ministerio que conduce Sandra Pettovello para que regularice deudas y la entrega de mercadería.
En una decisión que prioriza la urgencia social sobre los tiempos administrativos de los tribunales, el juez del Fuero Contencioso Administrativo Federal, Walter Lara Correa, resolvió habilitar la feria judicial de enero para dar tratamiento a un reclamo clave vinculado a la interrupción en la entrega de alimentos a comedores comunitarios.
La medida fue tomada tras una presentación conjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quienes advirtieron que la paralización de la actividad judicial durante el verano estaba obstaculizando gravemente el relevamiento y la incorporación de espacios que dependen de la provisión estatal para sostener su funcionamiento cotidiano.
Los demandantes argumentaron que el receso judicial había interrumpido el proceso de inclusión de estos comedores en la política social prevista, dejando en un limbo administrativo a cientos de familias. Ante este escenario, el magistrado decidió reactivar los plazos procesales para hacer cumplir una resolución previa, dictada el pasado 19 de diciembre de 2025, en la cual se habían fijado tiempos perentorios para que el Ministerio de Capital Humano regularice la situación.
El fallo reactivado intima a la cartera conducida por Sandra Pettovello a que, en un plazo de 10 días corridos, informe sobre los avances concretos para incluir en el sistema a una serie de comedores que llevan meses esperando una respuesta oficial. Entre los establecimientos que aguardan su alta administrativa se encuentran «Mujeres Unidas de Barrio La Vincha» en Santa Fe, «Rayito De Sol» en Chaco, «San Expedito» en Catamarca, y los comedores jujeños «Niños Felices» y «Chavito».
Asimismo, la orden judicial exige al Gobierno que acredite de qué manera está garantizando el derecho alimentario de las personas que asisten a espacios que ya fueron relevados pero que enfrentan dificultades en la recepción de insumos. En esta situación se encuentran los comedores «Rayito de Sol» y «Una Pizza de Amor» de la provincia de Córdoba, junto a una extensa lista de la provincia de Buenos Aires y Chaco que incluye a «Con Esfuerzo y Trabajo», «Ariel», «Con Amor y Corazón para los Niños», «Pancita Feliz», «Pensando en los Chicos», «Muleju», «Solcitos del Eva Perón», «Puertas Abiertas», «Espacio Comunitario Villa Alegre», «Pekitas», «Sol de Corimayo», «Huellitas» y «Felices los Niños».
Por otro lado, la resolución judicial pone el foco en la asfixia financiera que atraviesan las organizaciones barriales. En este sentido, se ordenó a Capital Humano acreditar en el mismo plazo los pagos pendientes del Plan Alimentar Comunidad al comedor «Monseñor Angelelli», una deuda que pone en serio riesgo su continuidad operativa. Finalmente, el juez requirió información detallada sobre los relevamientos de espacios gestionados por organizaciones sociales como «La Rueda Educación Popular», «Néstor Vive Varela», «Seamos Libres» y «CEyTIS», reafirmando que la asistencia alimentaria no puede suspenderse por cuestiones burocráticas o ferias judiciales.
