por Gonzalo Quilodrán*
Chile, Colombia y Argentina tuvieron importantes novedades en el sector de las telecomunicaciones en las últimas semanas. Un pedido de quiebra, una integración de empresas, la sanción de una ley que declara a Internet como servicio público, y la derogación de un decreto regulatorio de la actividad, dieron movimiento a un mercado que tiene como principal objetivo la sostenibilidad del sector.
En Chile, una de las principales operadoras de telefonía móvil se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Delaware. La empresa Wom, cuya siglas en inglés son el acrónimo de «Word of Mouth», se creó después de que Novator Partners LLP adquiriera en 2015 Nextel Chile.
La mencionada empresa cuenta con más del 21% de la cuota de mercado de líneas móviles en Chile, solo por detrás de Entel y Movistar, que participan con el 32,38% y el 26,94% respectivamente; y apenas por encima de Claro, que cuentan con una porción del mercado del 17,53%, según datos proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones de Chile a fines de 2023.
Wom Chile, de la mano del propietario del grupo empresario Novator, el islandés Thor Bjorgolfsson, desafió a los principales operadores de telecomunicaciones chilenos con una agresiva estrategia comercial de planes baratos apuntando a los segmentos de menores ingresos, lo que le permitió un acelerado crecimiento en su porción del mercado, pero se quedó sin liquidez y se declaró en quiebra a fines de Marzo tras fracasar en un plan para refinanciar una deuda de US$348 millones que vencía en noviembre de 2023.
Consultada al respecto, Pamela Gidi, ex subsecretaria de telecomunicaciones de Chile y experta en el tema, sostuvo que “son múltiple las razones que llevaron a la actual situación de la mencionada empresa», entre las cuales mencionó a «la agresividad comercial y la falta de manejo de esa misma estrategia a pesar de la baja considerable del ARPU de toda la industria, los costos en ascenso, la falta de una gestión interna adecuada, la autoexigente presentación de compromisos asumidos en el pliego de licitación de espectro para el despliegue de 5G, sumado a la falta de vocación de permanencia en Chile por parte de los accionistas mayoritarios del grupo empresario propietario de la compañía, evidenciado en el retiro de sumas millonarias de capital hacia fines de 2023 hicieron un combo que la citada compañía no pudo resistir».
Por tal razón, empresa se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Delaware. Dicha solicitud le permite a Wom Chile seguir operando en el mercado local mientras elabora un plan para pagar a sus acreedores.
Por otra parte, y después de muchos años de debate en la materia, el Congreso chileno sancionó la ley de acceso a internet como servicio público de telecomunicaciones, fue finalmente la Cámara de Diputados la que aprobó con 122 votos a favor contra 13 en contra la ley que venía aprobada desde el el Senado por unanimidad. La nueva ley otorga mayores atribuciones a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) en materia de fiscalización, ya que ahora también podrá fiscalizar la provisión del servicio de internet (actualmente sólo fiscaliza telefonía móvil) y permitirá accionar el mecanismo de subsidio a la demanda, permitiendo ayudar a pagar la cuenta del Internet a las familias más vulnerables. En tal sentido, se reconoce una facultad presidencial que habilita la disposición de un subsidio para el pago de las cuentas de servicios de Internet a un determinado porcentaje de los usuarios más vulnerables, con recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
El proyecto define al acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones destinado a satisfacer las necesidades de comunicaciones de las personas en general.
En cuanto a las empresas de telecomunicaciones, la nueva ley sostiene que deberán dar cobertura a los usuarios que se encuentren dentro de su zona de servicio sin excluir las poblaciones más pequeñas y rurales, con lo cual se elimina el concepto de “zonas rojas” como un limitante a la hora de llegar con servicios a determinadas zonas del país. Para todo ello, contarán con un plazo de seis meses para entregar el servicio y 12 meses en lugares en donde no cuentan con infraestructura.
En el caso de Colombia, es menester mencionar la noticia de la puesta en marcha operativa de la integración de dos grandes operadoras del mercado local como lo son Movistar y Tigo que sumadas acaparan alrededor del 40% del mercado colombiano, algo así como 35 millones de líneas activas.
Luego de completar todos los requerimientos regulatorios y corporativos, las empresas Tigo y Movistar firmaron el acuerdo marco para desarrollar una red unificada de acceso móvil en Colombia. La integración empresarial se realiza bajo la figura de una nueva compañía de infraestructura de propiedad común.
Es importante tener en cuenta que Tigo y Movistar brindarán servicio a sus clientes a través de una misma infraestructura de redes móviles que compartirán, pero comercialmente las dos empresas seguirán operando por separado, con estrategias comerciales y de marketing diferenciadas, ofreciendo planes, servicios y precios diferentes a sus usuarios.
La compartición de infraestructura activa es una estrategia muy analizada por los operadores para ahorrar costos operativos pero resuena el caso colombiano por la envergadura de las dos compañías que avanzaron en su puesta en práctica. Cabe destacar que Movistar y Tigo participaron juntas de la subasta del espectro para tecnología 5G.
Por otra parte, las complicaciones de Won Chile también parecen empezar a afectar las operaciones de Won Colombia, ya que la compañía anunció que se acoge a la figura de Reorganización Empresarial, ante la superintendencia de sociedades para garantizar la continuidad de la operación que alcanza aproximadamente a 6 millones usuarios.
Mientras tanto, en Argentina, a través del decreto 304/24 del pasado 10 de abril, se derogó el DNU 690 de agosto del 2020, que declaraba a los servicios TIC como servicios públicos, esenciales, estratégicos en competencia.
El nuevo decreto no sólo deroga el DNU 690/20, sino también artículos de la ley 27.078, conocida como “Ley Argentina Digital”, votada en el año 2014.
En los considerandos del nuevo DNU se sostiene que el Decreto 690 estableció “una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de precios de los servicios prestados”. Y agregó también que “su aplicación fue limitada por las distintas resoluciones judiciales que obtuvieron los licenciatarios que evitaron la distorsión de precios relativos en cuanto al valor fijado por tarifas impuestas desde el ENACOM”.
“Es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto N° 690/20″, agrega.
“En cuanto al fondo de la cuestión, es importante mencionar que los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar los precios de sus servicios libremente”, destaca.
La derogación del DNU 690/20 era esperado por la industria pero tampoco tendrá un gran impacto, ya las medidas cautelares conseguidas en sede judicial por diferentes sectores de la industria hicieron que el estado no pudiera poner techo a la mayoría de los precios de servicios TIC como pretendía el derogado decreto.
Tampoco se esperan desmedidos aumentos de precios de los servicios TICs a partir de la nueva legislación. El desplome del poder adquisitivo de los argentinos que ven detonado su poder de compra y consumo también es un condicionante para los precios de los servicios TIC, que en diciembre/23, enero, febrero y marzo del presente año registran aumentos por encima del 80%, según datos oficiales proporcionados por el INDEC.
El gran desafío para el sector TIC en 2024 es la sostenibilidad y para tal fin se deben encontrar estrategias que permitan disminuir costos, manteniendo una oferta competitiva de servicios en una economía argentina que todavía presenta muchos interrogantes y más dudas que certezas respecto de su futuro.
Por lo pronto, las empresas se mantienen muy cautelosas a la hora de acelerar el despliegue de redes 5G en el País o hacer grandes inversiones en tecnología, a la espera de señales económicas más claras a mediano plazo y que permitan una recuperación paulatina del ARPU de cada compañía.
*Gonzalo Quilodrán es Consultor en asuntos públicos y gubernamentales especializado en telecomunicaciones; y ex miembro del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones.
