Frente a la decisión del gobierno de prorrogar el presupuesto de 2023, las casas de estudio advierten que, de no actualizarlo, «se verá seriamente afectado» su funcionamiento.
Las Universidades, al igual que múltiples sectores que dependen de la administración pública, comienzan a mostrar sus primeros signos de alerta frente a una crisis presupuestaria, a dos meses de la asunción del gobierno de Milei. Este miércoles, los rectores que componen el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitieron un comunicado en el que advirtieron «sobre la difícil situación por la que atraviesa el sistema universitario público nacional» y que, de no rectificarse esta situación, “se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las instituciones”.
El gobierno decidió prorrogar el presupuesto de 2023 para este año y según lo estimado a partir de la inflación de los últimos meses (25,5 por ciento en diciembre y 20 por ciento en enero), las casas de estudio podrán funcionar, con suerte, hasta abril o mayo, ya que a partir de ese momento ya no estarán en condiciones de cumplir con funciones básicas. Tampoco hay muchos avances en materia de paritarias para docentes y trabajadores no docentes.
A través del documento titulado “Situación crítica en las universidades públicas”, el CIN aclaró que «Conscientes de la delicada situación que atraviesa la Argentina, las autoridades del sistema universitario público hemos compartido nuestras preocupaciones responsablemente, hemos gestionado ante las autoridades competentes las acciones que entendemos necesarias y, producto del esfuerzo colectivo de nuestras comunidades, hemos garantizado, en condiciones muy difíciles, la continuidad de las actividades en cumplimiento de nuestra misión».
Sin embargo, advirtieron que “con la gravedad que la situación impone, de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las instituciones universitarias públicas”. Frente a esta realidad, el Consejo señaló la necesidad de tomar cuatro medidas: en primer lugar, “incrementar razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme el proceso inflacionario que atravesamos, de manera de garantizar la continuidad de nuestras actividades y el cumplimiento de nuestra misión”.
También reclamaron “actualizar los salarios de docentes y no docentes”; “dar continuidad a los programas universitarios vigentes destinados a inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas”, y “garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión”. Actualmente, el presupuesto aprobado es una prórroga del correspondiente al 2023, por lo que se estima que muchas casas de estudios lograrán mantenerse apenas hasta mayo, aproximadamente.
La preocupación de la universidades
La UBA, a través de su Consejo Académico, expresó su «extrema preocupación respecto de la situación presupuestaria» de la casa de estudios y encomendó a través de un comunicado difundido el miércoles a su rector, Ricardo Gelpi, realizar gestiones ante el Ministerio de Capital Humano para «garantizar la continuidad de sus funciones en docencia, investigación, salud y extensión». Ante la inflación registrada en 2023 y el inicio de 2024, consideró «necesario manifestar el estado de extrema preocupación de la comunidad universitaria» y peticionar «ante las áreas de gobierno correspondientes a efectos de garantizar la continuidad de sus funciones en docencia, investigación, salud y extensión», así como «las actividades en el ámbito de sus Facultades, Colegios preuniversitarios, Hospitales y en todas sus instalaciones universitarias».
La decisión del Consejo Académico de mandatar al rector de la UBA se centra en realizar las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Capital Humano para activar «la paritaria docente y no docente, actualizar el presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento y para la asignación y actualización de las partidas vinculadas a la función salud, vitales para el funcionamiento de los Institutos Asistenciales». Por último, reportaron que solicitarán a la «Jefatura de Gabinete de Ministros la asignación del presupuesto necesario para las actividades de ciencia y tecnología, a fin de sostener un sistema que es pilar esencial del mantenimiento de investigación y docencia de calidad en nuestras universidades públicas».
El miércoles por la noche, en el barrio porteño de Caballito, hubo un cacerolazo convocado por el centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con con el apoyo de otras agrupaciones estudiantiles, sindicatos docentes como Ademys y AGD-UBA Filo, sectores de la cultura y asambleas barriales, para reclamar por «presupuesto universitario, boleto educativo y salario digno para docentes y no docentes».
La Universidad Nacional de Quilmes, por su parte, va un paso más allá y la semana que viene podría declarar la emergencia económica. Hace unos días, la universidad comunicó a sus estudiantes: “El Gobierno Nacional decidió prorrogar el presupuesto de 2023 y no enviar al Congreso un presupuesto para 2024. Esa falta de actualización significa una fuerte reducción de los recursos necesarios para el normal funcionamiento de las universidades. Como consecuencia del congelamiento presupuestario, una parte de la oferta académica de grado y pregrado se adecuará a las posibilidades presupuestarias actuales. Ya no será posible costear cursos adicionales y contratos de docentes extra”.
Como resultado, en los próximos períodos de inscripción a materias se establecen nuevos topes: en la modalidad presencial, por caso, los alumnos podrán anotarse en dos materias y se habilitará la inscripción a una tercera en una fecha prevista de manera específica. Desde la UNQ, advierten: “Lamentamos tener que adoptar estas medidas, y exhortamos, una vez más, a las autoridades nacionales a revertir estas decisiones en el menor tiempo posible”.
Por su parte, la Universidad Nacional de Río Cuarto se pronunciaron en la misma línea y, a través de un comunicado oficial, difundieron: “El presupuesto 2023 reconducido, con un ritmo inflacionario creciente desde entonces, implica que de no mediar una recomposición vamos a tener inconvenientes para el pago de servicios generales, devaluación de las becas, afectación del sistema alimentario, adquisición de insumos para docencia e investigación, programas especiales, entre otras tantas actividades que hacen al quehacer institucional”.
El malestar no es la excepción sino la norma. En declaraciones recientes a Télam, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, manifestó que el presente de la UNR “es muy complejo” y que “será muy difícil llegar más allá del primer semestre”.
