Jun 03 2026
Jun 03 2026

La presidenta de Perú ratificó su apoyo a las FFAA tras responsabilizarlas por la represión

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La mandataria había afirmado que las Fuerzas armadas y la Policía Nacional eran responsables de los protocolos que se utilizaron durante las protestas

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó este 8 de mayo su respaldo a las Fuerzas armadas durante un acto público en Lima tras haber mantenido una reunión con los altos mandos.

«Como presidenta de la República ratifico mi pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional por su trabajo heroico y abnegado en favor de la integridad territorial, el orden interno y el desarrollo del país», expresó la mandataria peruana.

Anteriormente, la presidenta peruana había afirmado que las FFAA y las Fuerzas policiales eran las responsables de los protocolos utilizados en las protestas recientes contra el Gobierno que tuvo como resultado la muerte de decenas de civiles.

«Los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tienen. Ellos tienen su propia ley, pero también sus propios protocolos. ¿A quién obedecen? A sus comandos. Nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando, los protocolos los deciden ellos», afirmó Boluarte recientemente al diario local El Comercio.

Contrariamente, la Constitución peruana en su artículo 273 señala que «el presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales», marcando que el presidente tiene responsabilidad sobre las acciones que las fuerzas del orden ejecutan bajo su mandato como jefe supremo.

Informes de organismos de Derechos Humanos

Según un informe publicado la semana pasada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la represión de las fuerzas del orden en las manifestaciones contra el Gobierno se registraron ejecuciones extrajudiciales de civiles. Un informe de fines de abril de Human Rights Watch (HRW) también denunció excesos cometidos contra civiles.

Ambos informes fueron tildados de “demoledores” por la oposición, además de que se conocieron en un contexto donde, según diversas encuestadoras, el respaldo hacia Boluarte sigue en caída y su rechazo ronda el 80%.

Para la abogada y periodista peruana Rosa María Palacios los informes podrían incluso conducir en el futuro a la cárcel a Boluarte y a su primer ministro, Alberto Otárola, con lo que continuaría la tendencia a que los presidentes peruanos pasen del Palacio a una celda.

En tanto, el abogado y periodista peruano Glatzer Tuesta, experto en derechos humanos, se refirió a la postura tomada por la mandataria y afirmó: “La presidenta está tocada de nervios y preocupada, porque hoy está en un punto sin retorno al que la han llevado de una manera muy irresponsable algunos de sus colaboradores”.

El total de fallecidos en el marco de las protestas, que estallaron en diciembre luego de la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo, trepa a 67. Hay más de mil heridos y numerosas detenciones arbitrarias.

 

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