El Presidente publicó un mensaje en el que señaló que la causa «avanzó con singular lentitud» y pidió que la Justicia «deje de servir a los poderes políticos».
Alberto Fernández consideró que la causa judicial por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner «avanzó con singular lentitud y dejando de lado pruebas determinantes para la investigación», por lo que reclamó que «la Justicia deje de servir a ciertos poderes políticos y fácticos».
Al cumplirse un año del intento de asesinato que sufrió la expresidenta en la puerta de su vivienda en el barrio porteño de Recoleta, Alberto Fernández publicó un mensaje en sus redes sociales en el que exhortó que «cuando cumplimos 40 años de democracia, la Argentina debe preservar su institucionalidad».
«Hace un año atrás atentaron contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fue un hecho de enorme trascendencia que generó una gran conmoción social y alteró la convivencia democrática», agregó el Mandatario.
Al respecto, señaló que «la causa judicial avanzó con singular lentitud, dejando de lado pruebas determinantes para la investigación y dilatando toda indagación que permitiera conocer quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del hecho».
«Parte de esa mejor institucionalidad exige que la Justicia deje de servir a ciertos poderes políticos y fácticos y se limite a hacer lo que debe hacer: impartir justicia», apuntó sobre la investigación que está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.
Juicio oral sin indagar más allá
La causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta avanza en dirección al juicio oral y público de los autores materiales mientras que la querella de Cristina Kirchner reclama que se profundicen las medidas de pruebas vinculadas a la detección de posibles conexiones políticas o autorías intelectuales, hasta aquí descartadas por los investigadores. Entre ellas, la denominada pista que vincula al diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman y el grupo de ultra derecha Revolución Federal. Hace un tiempo, la Cámara Federal porteña secuestró el teléfono de Milman y la Cámara de Diputados autorizó su apertura.
El expediente ya fue elevado a juicio y se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 6.
El TOF 6 no tiene jueces titulares y está integrado, de momento, por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, mientras que la fiscal del debate oral y público será Gabriel Baigún y la querella será la de la exmandataria, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.
Fuente: Télam
