La organización de DDHH destacó que «el uso del aparato judicial para silenciar, disciplinar o intimidar voces críticas puede constituir una forma de censura indirecta».
La organización humanitaria Amnistía Internacional Argentina afirmó este lunes que «preocupa profundamente» las denuncias penales que el presidente Javier Milei presentó en contra de tres periodistas por sus opiniones o investigaciones acerca del Gobierno.
«Preocupa profundamente que el presidente haya iniciado acciones legales contra los periodistas Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa por sus opiniones o investigaciones, pero NO SORPRENDE. El gobierno repite recetas que ya vimos en otras partes del mundo y se llaman SLAPP«, indicó la organización en un posteo en X.
Preocupa profundamente que el presidente haya iniciado acciones legales contra los periodistas Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa por sus opiniones o investigaciones, pero NO SORPRENDE. El gobierno repite recetas que ya vimos en otras partes del mundo y se llaman SLAPP.… pic.twitter.com/oh0Wqd0nqo
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) May 12, 2025
Amnistía Internacional Argentina explicó que SLAPP, por su sigla en inglés, significa «demanda estratégica contra la participación pública» y se refiere al uso malintencionado y abusivo de tácticas legales por parte de actores poderosos, como autoridades estatales o grandes empresas, con la intención de intimidar, silenciar o castigar a quienes critican o ponen al descubierto acciones indebidas o abusos contra los Derechos Humanos«.
«Este no es un fenómeno nuevo: el término fue acuñado por especialistas estadounidenses a finales de la década de 1980, pero en los últimos años adquirió relevancia debido a un preocupante aumento de su uso para acallar las críticas y evitar la transparencia y la rendición de cuentas en áreas clave, como la lucha contra la corrupción», mencionó la organización.
Al respecto, destacó que «el uso del aparato judicial para silenciar, disciplinar o intimidar voces críticas —con demandas por calumnias, injurias o difamación— puede constituir una forma de censura indirecta y vulnerar el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos«.
Amnistía Internacional recordó que Argentina eliminó en 2009 las figuras penales de calumnias e injurias para expresiones sobre asuntos de interés público, por lo que consideró que «recurrir a estas vías o intentar revivirlas desde el poder constituye un grave retroceso».
«La crítica al poder es un derecho, no un delito (…) El periodismo no debe ser perseguido, sino protegido. Denunciar judicialmente a periodistas por hacer su trabajo sienta un precedente peligroso para el debate democrático, la transparencia y el acceso a la información», sostuvo Amnistía Internacional.
