Oct 15 2024
Oct 15 2024

Amplio rechazo al decreto de Milei que limita el Acceso a la Información Pública

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Organizaciones de la sociedad civil aseguraron que la decisión presidencial tiene como objetivo limitar la libertad de la ciudadanía y vulnera la legislación vigente.

Poco menos de 70 organizaciones de la sociedad civil reclamaron al presidente Javier Milei que deje sin efecto el decreto que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública por considerar que tiene como objetivo limitar la libertad de la ciudadanía.

«Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública«, afirmaron en un comunicado que firmaron 69 ONGs de distintos sectores sociales, y entre las que figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Fundación Poder Ciudadano y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).

«Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el decreto 780/24 con el que el Poder Ejecutivo Nacional intenta restringir el derecho de Acceso a la Información Pública. Un decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016″, indicaron en el texto difundido en las redes sociales.

Para las organizaciones de la sociedad civil que cuestionaron el decreto de Milei, el acceso a la información pública «es un derecho humano consagrado en pactos y tratados internacionales».

Al respecto, recordaron la Ley 27.275, vigente desde hace ocho años, «significó un gran paso para la transparencia institucional en la Argentina«, porque «creó una herramienta esencial para que la ciudadanía pueda acceder, en forma efectiva, al control de los asuntos de gobierno».

«En los últimos años, diferentes pedidos de acceso a la información pública han ayudado a investigar causas judiciales, a alertar sobre comportamientos impropios de autoridades estatales, señalar reuniones entre personas en ejercicio de la función publica y otros sectores que podían configurar un potenciales conflictos de intereses, conocer quiénes accedían a edificios públicos y señalar el mal uso de los recursos públicos«, indicaron.

En ese sentido, expresaron que la Agencia de Acceso a la Información Pública, creada por Ley del Congreso Nacional, «debe ser garante del derecho de la ciudadanía a preguntar y obtener respuestas del Estado».

«Nos preocupa el reciente decreto del Presidente de la Nación que, en lugar de impulsar el derecho de acceso a la información pública, pareciera limitarlo, por ejemplo: 1. Modificando la definición de qué es información pública, 2. Modificando qué es un documento público, 3. Aumentando los criterios de excepción para el acceso a la información», sostuvieron.

Y finalizaron: «Por eso, consideramos este decreto como limitante del acceso a la información pública. Más derecho de acceso a la información significa más transparencia y menos corrupción«.

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