La flamante presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa señaló que «hubo casos de ensañamiento judicial» en sus primeras declaraciones como titular de ese tribunal al recordar «las ocho citaciones de (el juez federal) Claudio Bonadío en un mismo día» para la Vicepresidenta Cristina Kirchner. La magistrada que sucederá al juez Alejandro Slokar llamó a «confiar en los tres poderes del Estado» al señalar que, de lo contrario, corre riesgo el «sistema democrático».
«De manera generalizada no lo puedo afirmar, pero hubo casos de ensañamiento judicial. Recuerdo las ocho citaciones de (el juez federal) Claudio Bonadío en un mismo día para (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner», afirmó Figueroa en declaraciones a radio AM 750.
En ese sentido, la jueza recordó que intervino en recusaciones contra Bonadío pero que quedó «en soledad» y sostuvo que se debió a que «evidentemente había elementos de prueba que indicaban que no correspondía que siguiera interviniendo ese juez porque había demostrada parcialidad».
«Hay un ambiente favorable dentro de gran parte del poder judicial para hacer cambios en la Justicia en coordinación con el poder político. Nunca que se quiera hacer un cambio desde la política sin la intervención de los interesados resulta bien. Se puede lograr una reforma judicial, pero hay que llegar a acuerdos», aseguró Figueroa.
Asimismo, sostuvo que «el Poder Judicial está trabajando mucho y en muchos casos está a la altura de las circunstancias».
«Hay que confiar en los tres poderes del Estado porque cuando se ataca a cualquiera de ellos se esta atacando en realidad al sistema democrático», subrayó.
La jueza Ana María Figueroa fue elegida para presidir de la Cámara Federal de Casación Penal en el 2023, mientras que los jueces Mariano Borinsky y Daniel Petrone la secundarán como vicepresidente primero y segundo, respectivamente, de ese tribunal.
Figueroa sucederá en la presidencia de máximo tribunal penal del país, solo por debajo de la Corte Suprema, al juez Alejandro Slokar que volverá a integrar la sala segunda del tribunal.
Lago Escondido
Al ser consultada sobre el viaje que realizaron magistrados, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín a Lago Escondido -donde el magnate británico Joe Lewis posee una estancia-, Figueroa afirmó que sintió «mucha tristeza» cuando trascendieron conversaciones de los involucrados en un grupo de chat en el cual se intentaba coordinar una versión falsa sobre esa estadía.
«Uno elige la función judicial y se esfuerza para ser designado en estos cargos de altísima responsabilidad. Cuando hay un grupo de funcionarios que no respetan el compromiso ético y la obligación funcional nos pone al resto en la picota. Cuando se destapan estas cuestiones lo que corresponde es llevar a cabo una investigación y sancionar a los responsables», añadió.
En las conversaciones de los chats filtrados se encuentra involucrado el fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, a quien Figueroa denunció como el funcionario del Ministerio de Justicia del Gobierno de Cambiemos que la presionó en relación a declarar inconstitucional el Memorándum con Irán.
«Dije en sede judicial que el funcionario que me visitó en mi despacho fue Juan Bautista Mahiques. Cumplí con la obligación procesal de decir la verdad. Cuando lo denuncié no hubo ningún comunicado oficial. Quedé en soledad, sólo tuve llamados personales», apuntó la camarista.
Milagro Sala
También se refirió al fallo de la Corte Suprema que dejó firme una condena de 13 años dictada contra la fundadora de la organización Túpac Amaru Milagro Sala en 2019 por el Tribunal Oral Criminal 3 de Jujuy en la causa ‘Pibes Villeros’.
“No conozco el expediente, pero el equipo jurídico puede recurrir a instancias internacionales, donde se pueden hacer los planteos y revisar que hayan sido cumplidos los estándares internacionales en derechos humanos”, afirmó.
Y detalló que «el problema» de los indultos presidenciales, es dilucidar «si están limitados a los delitos federales».
«Están estudiando si una vez que interviene la Corte Suprema, el Presidente está o no habilitado a utilizar esa atribución constitucional», puntualizó.
En ese sentido, esta mañana, el presidente Alberto Fernández dijo en una entrevista radial que la Constitución Nacional le «prohíbe» dictar un indulto en favor de la dirigente social y afirmó que tiene la «convicción» de que todo el proceso judicial alrededor de la dirigente jujeña «estuvo plagado de un tinte político inadmisible».
«Tengo la convicción de que todo el proceso estuvo plagado de un tinte político inadmisible. Me parece que la solución no pasa por un indulto mío porque la Constitución me lo prohíbe, por tratarse de una sentencia dictada por tribunales provinciales», dijo el Presidente en declaraciones a Radio Con Vos.
Con información de Agencia Télam
