Susana Montoya fue encontrada sin vida por su hijo Fernando Albareda, que milita en H.I.J.O.S. Córdoba y en diciembre pasado también había sido intimidado en forma anónima.
Susana Beatriz Montoya, de 74 años, viuda de un subcomisario de la policía cordobesa secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar y madre de un militante de la organización H.I.J.O.S., fue hallada muerta este sábado con un golpe en la cabeza y una herida cortante en el cuello.
En la casa de la víctima, además, fue pintada en una pared la amenaza: «Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía».
La intimidación, preocupante y grave de por sí, se suma a la que a fines de 2023 había sufrido su hijo, Fernando Albareda. «Se te terminaron los amigos en la Policía«, «Te vamos a juntar con tu papito«, “Vas a morir” fueron los tres mensajes que recibió el militante de H.I.J.O.S. en Córdoba en la puerta de su casa junto a seis balas calibre 22 largo.
En Córdoba un hijo de desaparecidos encontró estos carteles con 6 balas en la puerta de su casa, a días de que asuma el futuro presidente.
Mi solidaridad con el compañero Fernando Albareda y su familia. Que la justicia encuentre rápidamente a los responsables. pic.twitter.com/R18QXCW6ZD
— Gabriela Estévez (@gabiestevezok) December 9, 2023
Albareda encontró muerta a su madre en el patio de la casa. El hecho es investigado por el fiscal Juan Pablo Klinger, que entre las hipótesis que tiene incluyó la de asesinato. A una cuadra de la vivienda de la mujer suele haber una custodia policial permanente.
Ricardo Fermín Albareda era oficial de la policía cordobesa y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) cuando el 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado y desparecido por represores de la última dictadura militar.
Gravísimo!
Asesinaron a la esposa de Ricardo Albareda, policía desaparecido en 1979. En las paredes escribieron «los vamos a matar a todos». A su hijo lo amenazaron en diciembre «te vamos a juntar con tu papito».
Estás son las consecuencias del negacionismo en el poder pic.twitter.com/strEAWUiF4— Luciana Echevarría (@LuciEchevarria) August 3, 2024
Por los delitos cometidos contra Albareda padre fueron condenados en su momento los genocidas Luciano Benjamín Menéndez, Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos; todos habían sido integrantes y referentes del «D2«, el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, que integró la red represiva que funcionó bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército. La red represiva también articulaba con los centros clandestinos de detención «La Perla» y «Campo de La Ribera», entre otras dependencias policiales, militares, penitenciarias y de gobierno. El III Cuerpo de Ejército instituyó la represión en la región, ejerciendo el control sobre 10 provincias.
Según las pruebas recolectadas por la Justicia, Albareda estuvo detenido ilegalmente en el centro clandestino conocido como «Embudo«, que funcionó a metros del Dique San Roque, donde se sospecha que su cuerpo fue arrojado tras ser torturado y asesinado.
En marzo pasado, como parte de las actividades organizadas por la Semana de la Memoria en Córdoba, se hizo entrega de la reparación del legajo de Ricardo Albareda a sus familiares con motivo de la ley 10874 en la Central de Policía, en un acto en el que participaron, entre otros, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.
Este sábado, antes de conocerse la muerte violenta de Montoya, diferentes organismos de derechos humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e H.I.J.O.S. Capital pidieron «en carácter de urgente» una reunión a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, presidida por Sabrina Ajmechet (Juntos por el Cambio), «con motivo de la profunda gravedad de la visita de diputados y diputadas de La Libertad Avanza a condenados por delitos de lesa humanidad, como Alfredo Astiz, entre otros».
El pedido, sin embargo, fue rechazado por Ajmechet, informó H.I.J.O.S.
Los firmantes entendieron «la pertinencia de la Comisión en esta situación tan grave para la democracia. Todavía seguimos esperando la nueva respuesta», agregaron.
«El amplio repudio social a este encuentro entre diputados y diputadas de LLA con quienes han cometido los crímenes más aberrantes desde el Estado no puede ser desconocido por la Comisión de Derechos Humanos y Garantías», afirmaron.
Con información de La Voz de la Interior, cba24n y Pausa
