En el marco de la cuarta audiencia del juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de La Plata por la responsabilidad penal de Emilio Jorge Parodi, ex jefe de Personal de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata y señalado como «partícipe necesario» del secuestro de tres obreros en julio de 1977, familiares de las víctimas brindaron sus testimonios sobre el accionar de la empresa y del ex empleado jerárquico durante la última dictadura militar.
La causa, que comenzó su debate oral el 10 de septiembre de 2026, indaga la persecución y posterior desaparición de los trabajadores con actividad gremial Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino, secuestrados el 7 de julio de 1976 en momentos en que ingresaban o finalizaban sus turnos laborales.
Durante la jornada, Ceferino Mataboni, hijo de uno de los obreros desaparecidos y menor de diez hermanos, relató ante los jueces cómo el acusado amedrentaba a su padre para frenar los reclamos sindicales por mejoras salariales e insumos de trabajo dentro de la firma perteneciente en aquel momento a Bunge & Born: “Mi padre era amenazado por Parodi, que lo llamaba a su oficina. Mi padre era activista gremial y reclamaban por mejores salarios y condiciones laborales. Había muchos que eran contratados, tercerizados. Mi mamá estaba muy al tanto y eso me contó ella”, expresó.
Asimismo, Mataboni expuso las consecuencias que enfrentó su núcleo familiar tras la desaparición de su padre: “Mi mamá, una mujer de 39 años, se quedó con diez hijos, sola. El mayor tenía 15 años y había presenciado el secuestro de su padre y yo era el menor de todos. Pasamos miseria. Mi mamá no volvió a conformar pareja. Mis hermanos más grandes fueron los que padecieron los hechos”, señaló.
En la audiencia prestó declaración también Roxana Freitas, hija del delegado del sindicato aceitero y militante de la Juventud Peronista, Avelino Freitas. La testigo detalló las conquistas laborales de su padre en la planta de Avellaneda y cómo fue el operativo en el que se lo llevaron: “Peleaba por los derechos de sus compañeros. No había duchas ni vestuarios en la fábrica y él peleó hasta que los consiguió, acompañado por sus compañeros”, remarcó y señaló: “Lo secuestraron cuando se iba al trabajo a la mañana. Lo sabemos por un vecino que también fue detenido ese día. Pasó un camión de los militares, lo detuvieron, lo apuntaron con una escopeta y le pusieron una capucha. Lo llevaron a la Comisaría Cuarta de Avellaneda. Al vecino lo liberaron y le fue a avisar a mi abuelo. Mi abuelo lo fue a buscar, pero ya no estaba ahí, eso le dijeron en la comisaría”.
Freitas apuntó a la vinculación directa entre la patronal y los grupos de tareas militares, fundamentando que la empresa proporcionaba la información logística del personal: “La empresa sabía los movimientos de él, los horarios, por eso creo que ellos lo entregaron. Lo venían persiguiendo. A un tío mío, mi papá le dijo que si le pasaba algo a él nos llevaran a Paraguay, donde mi mamá era nativa”, especificó.
El expediente se inició en 2013 a partir de la denuncia presentada por Analía Fernández, Ernesto Ceferino Mataboni y Roxana Freitas por la desaparición de 24 personas en el ámbito fabril, acumulando 27 testimonios entre exempleados y allegados.
A partir de 2015, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA Capital y Gran Buenos Aires) se sumaron como querellantes a la causa, aportando actas y materiales documentales de la época. En agosto de 2023, ambas entidades sindicales ampliaron el pedido para que sean citados a indagatoria otros 16 jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda por su presunta responsabilidad en los secuestros.
