El Gobierno boliviano informó que, a partir de mañana, se iniciará el pago a los damnificados por violencia política.
En Bolivia, el Gobierno anunció hoy el inicio del pago por resarcimiento excepcional a víctimas de violencia política en las dictaduras que gobernaron el país entre 1964 y 1982. Este resarcimiento procede en cumplimiento a la Ley 1446 promulgada en 2022, que establece el pago en el marco de la protección y respeto a los derechos humanos en favor de las personas contra quienes se cometió violencia política por parte de gobiernos inconstitucionales y usurpadores de la voluntad popular.
La ley autoriza al Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación, asignar recursos por un monto de hasta unos 14,5 millones de dólares.
El Ministerio de la Presidencia dijo que el pago se hará a través de la Unidad de Acción Comunitaria y Gestión Solidaria de acuerdo a los requisitos y procedimientos establecidos, informó la agencia oficial ABI.
Los beneficiarios directos e indirectos deberán solicitar el pago ante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, agregó la información.
Dictadura en Bolivia
Bolivia sufrió una serie de golpes de Estado y dictaduras militares entre 1964 y 1982 que resultaron una grave violación a los derechos humanos que, dejaron muerte, luto y dolor a familias bolivianas. Durante el régimen de facto de Luis García Meza se produjeron alrededor de 26 desapariciones forzosas y la Masacre de la Calle Harrington, en la ciudad de La Paz.
Después de 59 años y diez años de vigilia las víctimas directas e indirectas serán resarcidas.
En 2004 se promulgó la Ley 2640, destinada a resarcir a las víctimas de las dictaduras; sin embargo, no se contaba con fondos económicos y se estableció un parámetro de calificación que en muchos casos no se cumplió.
Ese año, el expresidente Carlos Mesa solo garantizó el 20% de los recursos previstos por dicha norma y dejaba el 80% restante a la voluntad de la cooperación internacional.
A mediados del 2022, el Gobierno de Luis Arce garantizó el pago de ese 80% pendiente, con recursos del Tesoro General del Estado.
Fuente: Télam.
