La precandidata de Juntos por el Cambio aseguró que el ministro de Justicia ejerció un “abuso de autoridad” y lo acusó de persecución política.
Patricia Bullrich denunció al ministro de Justicia, Martín Soria, por concretar la intervención de su fundación encabezada por el Ministerio de Justicia, que dispuso intervenir por 180 días hábiles el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES).
La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio responsabilizó al ministro de perseguirla políticamente y acusó al Gobierno de buscar «correr la atención de su gestión desastrosa».
Bullrich ya había denunciado al titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, por «perseguir a las entidades de los opositores», en tanto amplió su denuncia contra Soria contra quien cargó por «haber ejercido abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público».
La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo, encargado de la investigación, y según lo expuesto por la abogada de Bullrich, Silvina Martínez, «lo que se busca es controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al gobierno kirchnerista». Además enfatizó en que la denuncia realizada por Nissen está basada en recortes de diarios.
«No solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad o bien asistieron a las distintas actividades», expresó la letrada al tiempo que aclaró que «se divulga información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad, criminalizando la actividad asociativa».
En la misma línea, a través del documento presentado subrayó que por medio de la denuncia de Nissen «se pone en dudas la real existencia de la actividad educativa y su vinculación con el objeto social por el solo hecho que algunas de las actividades se organizan bajo la forma de seminario, almuerzos o cenas».
El pasado miércoles, la IGJ determinó que la utilización estructural y financiera de dicho instituto para la campaña política nacional de la precandidata de JxC «no sólo vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles sino también podría implicar una violación de la ley 26.215, la cual regula la financiación de partidos políticos».
Fuente: NA y Télam
