«Hacían almuerzos y cenas para recaudar fondos para la campaña» de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, señaló el ministro Martín Soria.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, aseguró hoy que se demostraron «un cúmulo de irregularidades tremendas» en el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES) que presidía la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y realizó duras criticas a los dirigentes del PRO al asegurar que se trata de una «muestra más de la impunidad» con la que se manejan.
Mediante la resolución 742/2023, el Gobierno dispuso la intervención por 180 días hábiles del IEES con sede social en la ciudad de Buenos Aires luego que las actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) verificaran irregularidades contables.
La intervención -que fue solicitada por el titular de la IGJ Ricardo Nissen- se fundamenta en la instrucción realizada por ese organismo, en la cual se determinó que desde el instituto que preside Bullrich «se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar».
«Armaban seminarios y charlas para estudiar supuestamente temas de seguridad o el fortalecimientos de la justicia, pero en realidad hacían almuerzos y cenas para recaudar fondos para la campaña de Patricia Bullrich. Algo totalmente prohibido para una asociación civil sin fines de lucro», describió Soria.
Además, dijo que se «registró un enriquecimiento exponencial de los ingresos y egresos del instituto» donde pasaron «en tan solo meses de no tener fondos para los gastos corrientes a recaudar más de 90 millones de pesos».
En ese sentido, se explicó en el comunicado que el incremento de los ingresos es «coincidente con actividades políticas personales desplegadas por Patricia Bullrich y pagos de facturas telefónicas vinculadas a líneas que están registrados bajo el partido Unión por la Libertad».
«A los republicanos les encanta hacer política con plata en negro. No hablemos del (diputado José Luis) Espert a quien alguna vez (el auditor general de la Nación, Miguel Ángel) Pichetto lo denunció por utilizar aviones de personas que estaban investigadas por narcotráfico. Hoy integran prácticamente el mismo espacio. Siempre a estos fachos les gustan estas cosas», fustigó.
También sostuvo que en la organización civil figuran pagos a consultores políticos e integrante del equipo de Bullrich como el diputado nacional Gerardo Milman.
«Era la cueva desde donde apretaban gente cuando fueron sorprendidos Milman y compañía», sostuvo en referencia a las asesoras del diputado que lo acompañaban en el bar Casablanca cuando Millman se habría referido al intento de asesinato a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dos días antes de que ocurriera.
Irregularidades e intervención
Soria dispuso la intervención de la asociación civil en los términos del artículo 10, inciso J, de la ley 22.315, que establece que la IGJ podrá solicitar al Ministro de Justicia de la Nación la intervención de asociaciones civiles o fundaciones cuando se verifiquen actos graves que importen violación de la ley, si existen irregularidades no subsanables o no pueden cumplir su objeto, o cuando la medida resulta necesaria en resguardo del interés público, entre otros.
El sumario que fue instruido por la IGJ incluyó «visitas de inspección, documentación aportada por la propia entidad, compulsa de información de acceso público, entre otras medidas, y fue iniciado de oficio luego de que los diarios Perfil, el Cronista y Página12 den cuenta de la realización de actividades proselitistas, como almuerzos y cenas de campaña, impulsadas por Bullrich, y pagos a Gerardo Milman vinculados al IEES».
Por último, la IGJ determinó que la utilización estructural y financiera de dicho instituto para la campaña política nacional de la precandidata de JxC «no sólo vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles sino también podría implicar una violación de la ley 26.215, la cual regula la financiación de partidos políticos».
Con información de Télam y Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación