Tras una reunión del Comité de Crisis que aborda la situación en Rosario, la ministra prometió que el proyecto «va a generar un cambio paradigmático en la historia».
Patricia Bullrich pidió al Congreso nacional que «vote rápido» el paquete de proyectos para enfrentar el crimen organizado y explicó que las seis iniciativas diseñadas por su cartera serán tratadas «en paralelo» a la discusión de la ley ómnibus.
«Le pedimos a todos los diputados y senadores que voten de manera rápida dando la discusión que quieran. Iremos al Parlamento las veces que haga a falta, pero que lo hagan rápido porque la sociedad lo necesita», solicitó durante una conferencia de prensa que encabezó junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
La ministra de Seguridad reveló que a la brevedad el Poder Ejecutivo presentará los proyectos en el Congreso y que la idea conversada con el presidente Javier Milei es que puedan tratarse «en paralelo» a la discusión de la ley ómnibus, ya que se trata de comisiones distintas las que se verán afectadas a cada uno de los dos tratamientos.
«El Ministerio de Seguridad ha elevado ya a la presidencia de la Nación los proyectos. Van a ser enviados de manera inmediata (a la Cámara de Diputados)», subrayó Bullrich, quien aseguró que los seis proyectos «se van a trabajar en estos días y van a ir en paralelo a aquellos que van a trabajar en la Ley Bases».
«La gente las necesita (las leyes). No es una discusión de políticos para políticos», expresó, y agregó que «la gente tiene que saber que sus representantes están dispuestos a hacer cambios que terminen con la violencia, la destrucción, la muerte, los asesinatos y el sicariato en Rosario y todo el país».
Por otro lado, la ministra destacó que la operación conjunta entre las fuerzas federales y de la provincia para combatir el narcoterrorismo que «se despliega en Rosario está dando resultados positivos».
Sin embargo, Bullrich pidió «cautela» y aclaró que no dará «cifras concretas hasta que termine el primer semestre».
Los seis proyectos de ley que impulsa Patricia Bullrich
El cambio del régimen Penal Juvenil es una iniciativa que está terminando de redactar el Ministerio de Justicia, según aclaró Bullrich en la conferencia.
Al margen de ese proyecto, la cartera de Seguridad impulsa la llamada “Ley Antimafia” para combatir a las organizaciones criminales de tráfico de drogas, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, y otros delitos complejos.
“El proyecto contra las organizaciones criminales hace que todos los delincuentes de una organización tengan la pena máxima”, detalló la titular de Seguridad, que pronosticó que esta ley “va a hacer que haya un cambio paradigmático en la historia penal de la Argentina”.
Otro proyecto es el que incorpora el instituto de «reiterancia» al Código Procesal Penal y otorga prisión preventiva a quienes tengan causas previas al delito por el cual están siendo investigados.
“El cambio de la reincidencia por la reiterancia va a hacer que la gente sienta que cada delito cometido tenga una pena y que no se esperen 6 o 7 años para tener una pena y mientras tanto ese delincuente sigue cometiendo delitos”, ponderó Bullrich.
Además, la cartera de Seguridad impulsa un proyecto para ampliar el registro de ADN a todos los delitos para una “identificación más precisa de los criminales”, estén imputados o condenados.
También se propone una «ley antipiquete» para garantizar el orden público y la libre circulación, y se aplicaría sobre aquellas personas que organicen cortes, instiguen a otras personas a hacerlo, fuercen a terceros a asistir a una manifestación mediante coacción, bloqueen establecimientos o intimiden a funcionarios públicos.
En tanto, Bullrich impulsa un proyecto de ley para reformular el concepto de la legítima defensa y el cumplimiento del deber de parte de fuerzas federales, de manera tal de no disuadir la rápida represión de presuntos delitos de agentes de seguridad.
Una de las medidas más polémicas de este paquete tiene que ver con el proyecto de ley para modificar el artículo 37 de la ley de Seguridad Interior, de manera tal que las fuerzas militares puedan intervenir en el combate al «narcoterrorismo».
Fuente: NA
