«No queremos venganza, solo que paguen por lo que hicieron», dijo Graciela, la madre de Fernando Báez Sosa a tres años del asesinato de su hijo que fue brutalmente golpeado a la salida de un boliche en Villa Gesell. El juicio en el que se investiga lo sucedido aquella noche se reproduce sin parar en los medios de comunicación y la narrativa mediática refuerza el pedido de «perpetua para los ochos imputados». El caso de Fernando reabre el debate en torno al castigo como forma de justicia.
Desde el inicio del juicio que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa, lo actuado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores fue seguido por los medios de comunicación de forma espectacular, es decir, como un espectáculo mediatizado.
En diálogo con FM La Patriada, la abogada y autora del libro «Contra el punitivismo», Claudia Cesaroni, alertó que desde los medios de comunicación se «están sucediendo discursos de odio» en torno al caso de Fernando. Esos discursos polarizan y alimentan el resentimiento social, al tiempo que instalan una idea de venganza que ni la propia madre de la víctima bancó ayer, al cumplirse el tercer aniversario del asesinato de su hijo.
????️La abogada @CCesaroni dialogó con @NoblezaHormiga sobre el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa y señaló que «no hay que ejemplificar con el sistema penal porque es utilizar a una persona para dar un mensaje y eso no sirve, no tiene efecto»@ZetaOrlando @LuchiJolivet pic.twitter.com/RLkuGSQTo0
— FM La Patriada (@FMLaPatriada) January 19, 2023
El recuento pormenorizado de la violencia con la que atacaron a Fernando es un desfile de morbo y debates que arengan el resentimiento y el odio de clase. La abogada antipunitivista se aleja del relato del mainstream mediático y plantea que a los ocho imputados «hay que aplicarles una pena que se corresponda con la conducta que tuvieron».
En una entrevista concedida al programa Nobleza Hormiga, Cesaroni hace énfasis en la idea de que no es conveniente buscar penas ejemplificadoras en los procesos judiciales y cuestiona la consigna que se reproduce una y otra vez sobre la condena a prisión perpetua como la única justicia posible.
«No hay que ejemplificar con el sistema penal porque es utilizar a una persona para dar un mensaje y eso no sirve. Si eso tuviera algún sentido, no existirían los delitos en Estados Unidos, por ejemplo, porque hay pena de muerte», argumentó la abogada y remarcó que esa lógica «no funciona».
El destino que arengan los medios de comunicación para los ocho acusados por el crimen de Fernando es «como una pena de muerte», dijo Cesaroni a La Patriada. Esa condena no es deseable para los agresores de Fernando pero tampoco lo es para las personas que terminan recluidas en las instituciones carcelarias. Esteban Rodríguez Alzueta, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata, escribió para la revista El Cordón que «el resentimiento social alimenta pasiones punitivas que, lejos de traer consuelo y reponer la concordia, agregan nuevas dificultades».
Las prisiones en Argentina son un reflejo del colapso del sistema punitivo. La política criminal que utiliza como herramienta principal el encarcelamiento es una de las causas más evidentes del rápido crecimiento de la población carcelaria. El reclamo por más y mayores penas que deja circulando en la opinión pública el caso de Fernando sólo va a empeorar las ya inaceptables condiciones de las prisiones en la actualidad.
Según datos aportados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en marzo de 2018, la capacidad del Sistema Penitenciario Bonaerense era de 28.810 cupos. En junio de 2019, había 48.027 personas alojadas, lo que significa que antes de la pandemia, el sistema estaba excedido en más de 19 mil personas.
Por esos años, el ministro de Seguridad macrista, Cristian Ritondo, decía: “Prefiero a los delincuentes amontonados y no liberados”. Al igual que la gestión de la gobernadora Vidal, el actual diputado de Juntos por el Cambio no solo nunca puso en cuestión su política criminal sino que además celebró el aumento de las detenciones como si fuera la evidencia de una mayor efectividad de la labor policial.
Esta semana, el colectivo transfeminista y anticarcelario Yo no fui, que trabaja en proyectos artísticos y productivos, dentro y fuera de las cárceles, publicó un comunicado que insta a «revisar en profundidad los modos de justicia y las violencias estructurales» que permiten que un caso como el de Fernando sea «moneda corriente».
«Pensar en la responsabilidad como sociedad es pensar en qué hacemos con nuestras prácticas y cómo intervenimos en los conflictos. El asesinato de Fernando nos fuerza a encontrar otras palabras y otros modos de convivir. Su muerte nos duele porque nos refleja», consignaron desde esa organización.
Hasta el momento, ante el tribunal declararon los acusados Luciano Pertossi (21), Máximo Thomsen (23), y en el penúltimo día de testimonios pidió declarar Ciro Pertossi (22).
Este miércoles, el TOC 1 dictaminó que los alegatos de las partes se lleven a cabo el 25 y 26 de enero próximos. Está previsto que los padres de Fernando presencien las declaraciones en la sala de audiencias del primer piso de los tribunales, como ocurrió durante todo el debate, luego de haber declarado ellos mismos como testigos en la apertura.
Los ocho imputados –Thomsen, Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi (23)- también estarán presentes.
Fuente: Nobleza Hormiga – Fm La Patriada