Por Pablo Dipierri
Ana María Figueroa está harta de que la agravien por la prensa. Como si fuera una deshonra, impugnaban su trayectoria por “kirchnerista” en cada titular que celebraba su desplazamiento de la Cámara de Casación, perpetrado por la Corte Suprema ante la inutilidad de los jueces que habían asumido la tarea de cesantearla entre la cobardía política y la torpeza técnica, como ahora alertan que su nombre sería la contraseña del conflicto de poderes por venir.
Sucede que ayer confirmó el jefe del bloque Frente Nacional y Popular en el Senado, José Mayans, que en la próxima sesión se someterán los 75 pliegos de magistrados a la aprobación del cuerpo, incluido el de Figueroa. Aunque días atrás fuentes parlamentarias consideraban que la cuestión devenía abstracta desde que los cortesanos la echaron por fallo unánime, es probable que la revancha se gatillara después que los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, ex colegas de la jueza eyectada en la Sala I del máximo tribunal penal, concedieran la reapertura de los juicios contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por Hotesur y Los Sauces y Memorando de Entendimiento con Irán.
Tras la Comisión de Presupuesto en la Cámara Alta, el legislador formoseño explicó que el trámite se realizaría porque “no está pedido el retiro del pliego desde el Poder Ejecutivo”. En declaraciones a FM La Patriada, diría más tarde que la Corte “actuó con premura, desconociendo prácticamente al Poder Ejecutivo y a la potestad que tiene el parlamento para poder designarla” a Figueroa, y agregó: “lo que hizo la Corte fue una maniobra política, no tienen autorización constitucional”.
Desde el entorno de la Vicepresidenta, le dijeron a este portal que “se viene un conflicto de poderes”. En otro despacho, también identificado con el kirchnerismo, deslizaron que es probable que se intente dar cumplimiento pleno al itinerario previsto por la arquitectura jurídica para proseguir con la pulseada política.
Habrá que ver si efectivamente se consigue aprobar el pliego y, en ese caso, restará ver cuál será la reacción del Poder Judicial. Si desde la cima se validó la operación contra Figueroa para seguir acorralando judicialmente a la ex Presidenta, el debate público no podrá sustraerse de la órbita del Lawfare, una noticia que no caería simpática en el equipo de campaña de Sergio Massa.
De hecho, toda la atención está puesta en la reaparición pública de la diseñadora del Frente de Todos (FdT), que presentará mañana un libro que recoge las conversaciones entre el ex presidente Néstor Kirchner y el intelectual Torcuato Di Tella. Organizado por el aparato de comunicación del sindicalista Víctor Santa María, el encuentro lleva por título “De castas, herencias, derrumbe y futuro”, y resulta difícil imaginar que la dirigenta más importante del peronismo eluda la referencia a su propia suerte, bajo el signo de una persecución que sufrieron en diversas latitudes los principales líderes populares del continente.
Al respecto, se conoció esta semana por la filtración de un audio en Ecuador que el actual presidente de la Corte Nacional de Justicia de ese país, Iván Saquicela, había opinado en 2019 que lo actuado por los magistrados para dictar prisión preventiva a ex colaboradores de Rafael Correa en el caso Arroz Verde, conocido también como causa Sobornos u operación Bochorno, era improcedente. Sin embargo, casi dos años después falló contra el ex mandatario y fue premiado con la presidencia del más alto tribunal en Quito.
“Tanto de la existencia de la infracción cuanto la presunta responsabilidad son muy distintos a la imputación inicial, que ya no existe, y por lo tanto debía haber pedido justificar sus elementos y no lo hace”, expresó el jefe de la Corte cuando todavía era magistrado de una de las salas penales del máximo tribunal, miembros del Consejo de la Judicatura. De ese modo, rechazaba el derrotero de la jueza Daniela Camacho y la fiscal Diana Salazar, que terminó con la condena a prisión de 8 años contra Correa, un puñado de funcionarios de su gobierno y empresarios acusados de cohecho.
La filtración que compromete a Saquicela se produjo luego de que Camacho protagonizara la audiencia del 19 de junio de 2019. Su gravitación radica en que cuestionó la reformulación de cargos y el dictamen de prisión preventiva para Alexis Mera, ex secretario jurídico de Correa, y María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte y Obras Públicas. “Analicemos. ¿Qué dice el escrito? Señora jueza, sírvase emitir la boleta de encarcelación de la prisión preventiva dictada el 19 de junio. ¿Qué fue el 19 de junio? La vinculación. ¿Qué le contesta la Daniela (Camacho)? Yo no dicté prisión preventiva el 19. Muy bien. Y si no dictó, ¿por qué diablos está preso (Mera)?”, manifiesta Saquicela en esa grabación que ahora se divulga.
En otro tramo de la conversación registrada, una persona de su equipo retruca que “si no le dictó, tenía que dar la libertad de forma inmediata”, y Saquicela responde: “exactamente, eso es todo. Entonces, ¿por qué está presa (Duarte)?”.
Los especialistas en Derecho suponen que esta revelación podría derivar en la nulidad de lo actuado por la Justicia ecuatoriana. Como Sergio Moro en Brasil, retribuido con un ministerio cuando gobernó Jair Bolsonaro por haberla emprendido contra Lula Da Silva, Saquicela cumplió la misma función.
El paralelismo entre Ecuador, Brasil y Argentina alimenta las hipótesis del kirchnerismo sobre la importancia de bregar, contra todos los pronósticos, por la institucionalidad y las leyes. El albur de la hoja de ruta depende, cuándo no, del resultado electoral. En el país carioca ya gobierna el PT otra vez, mientras que el correísmo va por la victoria en ballotage el próximo 15 de octubre y el peronismo necesita revertir o corregir el saldo de las primarias de agosto para garantizarle a la Vicepresidenta la cobertura con apego a las normas frente a un servicio de justicia desquiciado.
