El martes expusieron organizaciones no gubernamentales, organismos de DDHH, entidades empresarias y sectores de la sociedad civil. Hoy, en el sexto encuentro, comenzarán a disertar a las 10 de la mañana.
El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados realizará este miércoles una nueva jornada de debate del proyecto de ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», conocida como la ley ómnibus, impulsado por el Poder Ejecutivo, en lo que será el sexto encuentro, luego de que el martes debatieran la norma organizaciones no gubernamentales, organismos de Derechos Humanos, entidades empresarias y sectores de la sociedad civil.
El encuentro de este miércoles está previsto para las 10, luego de que el martes las deliberaciones se extendieron por nueve horas en las que expusieron la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; la titular de la Defensoría de los Derechos de Niños y Adolescentes, Marisa Graham; la funcionaria del Inadi, Julia Amori, referentes de la Unión de Industrial Argentina y la Fundación Huesped, la jurista Aida Kemelmajer, y el padre de Micaela, quien inspiró la Ley Micaela contra la violencia de género, entre otros.
Además, hablaron el titular de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz; referentes de la Organización Mundial de Zonas Francas, la Federación Argentina de Productores de Tabacaleras, la Asociación Civil La Madre Marcha, Barbechando, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Argentores, despachantes de Aduana, Padres Organizados, representantes de jubilados y la Cámara de la Industria del Petróleo.
En el último tramo de la reunión, Carlotto pidió a los legisladores que rechacen el proyecto de ley «Bases» propiciada por el oficialismo y afirmó que «es inaceptable que el Poder Ejecutivo pueda modificar una cantidad inédita de normas que afectan derechos esenciales».
Por su parte, Kemelmajer, quien disertó en representación de un centenar de profesores universitarios, pidió eliminar del proyecto los artículos que modifican el Código Civil y Comercial, y tratar esas reformas durante el período ordinario.
«Las reformas propuestas al Código no tienen ninguna relación con el déficit del Estado ni con la inflación, ni con la economía desregulada, ni con lo que el pueblo votó, a quien nunca se le dijo que el Código se iba a reformar», agregó.
Por su parte, la Unión Industrial Argentina pidió en la Cámara de Diputados que se reduzcan las alícuotas de los derechos de exportación del 15 por ciento previstas en el proyecto de Ley Ómnibus -denominado ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos-, de manera que las tasas no superen el 8 por ciento para potenciar el trabajo de las fábricas exportadoras.
En tanto, desde la Federación de Inquilinos, su presidente Gervasio Muñoz, le pidió a los legisladores que rechacen el DNU «para que vuelva a tener vigencia la Ley de Alquileres». «Mientras que hablan de la libertad y democracia por DNU vienen a derogar una ley que tuvo un debate enorme y genera suspicacias que la Cámara Inmobiliaria defienda esto», expresó Muñoz, que además manifestó que la derogación de la norma «favorece al mercado inmobiliario».
En tanto, Graham expresó su preocupación por «la reforma al artículo 194 y la creación de un 194 bis». «Esa propuesta extiende la respuesta del sistema penal a situaciones donde niños y adolescentes por el solo hecho de ejercer su derecho a participar o a manifestarse pueden ser procesados o privados de libertad cuando el imperativo jurídico es que el reproche legal a conductas de chicos debe ser la última ratio por el menor tiempo posible y por situaciones menores excepcionales», señaló.
Por otro lado, también dio su opinión, el padre de Micaela García, Néstor García, quien reclamó por la reforma que se busca sobre la Ley Micaela. El Ejecutivo establece que esta norma sólo será obligatoria «en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia». Actualmente rige la capacitación obligatoria «en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación». Los cambios están previstos en los artículos 535 a 540.
Para Néstor García, esta reforma «es como prácticamente derogar la ley». «Violencia familiar no es lo mismo que violencia de género. Esto es muy grave», enfatizó. Y explicó que «se pretende solamente capacitar a todas las personas que se desempeñan en la función pública en los organismos competentes en la materia» cuando «se supone que son las personas que conocen de la temática».
