La medida es «parte de una política sistemática de ataque a la organización sindical y de vaciamiento del Estado desde el cambio de gestión», afirmaron los representantes gremiales.
Cuarenta trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, algunos de ellos delegados gremiales, fueron impedidos de ingresar a sus puestos laborales y denunciaron ser víctimas de «amedrentamiento y hostigamiento«.
«La gestión de Javier Milei y del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, convirtió a la Secretaría en un territorio de amedrentamiento y hostigamiento permanente. Los despidos masivos, la represión dentro del espacio de trabajo y la presencia de fuerzas de seguridad en un espacio de memoria (la ex ESMA) son parte de una política sistemática de ataque a la organización sindical y de vaciamiento del Estado desde el cambio de gestión», afirmaron en un comunicado.
En el texto, los representantes gremiales indicaron que por medio de un email enviado por el propio Baños el jueves a la noche, «fuera del horario laboral», la Secretaría procuró «ilegalmente apartar» a los trabajadores de sus funciones, «impidiendo su derecho a trabajar, el desarrollo de las políticas de memoria y a la organización sindical«.
En ese sentido, contaron que la policía irrumpió el lunes pasado en una asamblea de trabajadores «para sacar fotos y filmarlos».
Dos días después, «ante la llegada de un equipo de filmación de Presidencia, el propio secretario de Derechos Humanos, la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Carolina Cordara, y el director de Coordinación Estratégica, Alejandro Urroz, «arrancaron carteles pegados en las oficinas, violando la libertad de expresión sindical e interpelando a delegados de este sindicato«.
«Denunciamos que la política de aprietes dentro del organismo es constante y que la presencia de fuerzas de seguridad se ha utilizado para intimidar y hostigar a los trabajadores. No permitiremos que el gobierno avance en la destrucción de la Secretaría de Derechos Humanos ni en la persecución a quienes sostienen las políticas públicas de memoria, verdad y justicia», sostuvo el cuerpo de delegados sindicales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del Ministerio de Justicia de la Nación.
