Por Laura Pomilio
Luego de la ola de despidos que golpeó con fuerza entre diciembre y enero pasados, los trabajadores de Sitios de Memoria resisten para mantener los espacios en pie, en muchos casos con un 50% menos de personal, y organizan una nueva Marcha de la Resistencia para este viernes y sábado en Plaza de Mayo.
Tras un 2024 signado por un fuerte ajuste en el empleo público, a mediados de diciembre el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, anunció el despido de 2.400 trabajadores de la cartera bajo contratos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), una modalidad de vínculo laboral que se replica en el Estado hace décadas.
Sólo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), que contaba con 1.050 trabajadores a fines de 2023, hoy mantienen sus puestos de trabajo poco más de 500 que podrían ser aún menos dada la reapertura esta semana de nuevos retiros voluntarios.
El pasado 16 de enero, unos 15 delegados y miembros de la Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del Ministerio de Justicia fueron despedidos de la SDH. Ninguno de ellos fue reincorporado al momento.
El plan de vaciamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que viene ejecutando Javier Milei no da tregua y apuntó al corazón de las mismas: los Sitios de Memoria.
De la SDH, a cargo del exjuez Alberto Baños, dependen ocho Espacios de Memoria en todo el país: cinco ubicados en Capital Federal (ESMA, Club Atlético, Olimpo, Automotores Orletti, Virrey Cevallos), así como el Faro, de Mar del Plata; la Escuelita de Famaillá, en Tucumán; y el Espacio de Memoria RI9, de Corrientes.
Un denominador común los atraviesa a todos: la política de vaciamiento que los obliga a trabajar con un 50% menos de trabajadores, que ven sus tareas duplicadas por la falta de personal. A ellos se suma la continuidad de contrataciones precarias que, ante el ajuste presupuestario y de mantenimiento, hace peligrar la integridad y conservación del patrimonio histórico que se encuentra en esos lugares.
En el predio de la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención por el que se estima pasaron 5.000 víctimas durante la última dictadura cívico militar, se encuentra el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que contiene el fondo documental que elaboró la Conadep durante los primeros meses del retorno democrático.
El ANM no sólo sufrió el despido de trabajadores fundamentales, con conocimientos específicos sobre la conservación de archivos, sino que padece un evidente deterioro edilicio: techos destruidos y oficinas con goteras. Un reciente informe del fiscal Alejandro Alagia afirmó que existen graves falencias de seguridad en el lugar que hacen peligrar toda la documentación.
Dentro del predio de la ex ESMA también se encuentra el Centro Cultural Haroldo Conti, el cual permanece cerrado desde el pasado 2 de enero, con el 40% de sus trabajadores despedidos y el resto, con el ingreso al espacio prohibido, bajo una situación de «guardia pasiva».
Los trabajadores se enteraron del cierre el pasado 31 de diciembre a través de un mensaje de la secretaria de Baños, con el único -y recurrente- argumento de una «reestructuración interna» que implicaría el rearmado de equipos de trabajo y el análisis de la programación de 2025, de los cuales aún nada se sabe.
«Quienes no fueron despedidos quedaron con una guardia pasiva que no se sabe qué es. Al día de la fecha nadie ha podido volver a entrar al Conti por una supuesta reestructuración», dijo a La Patriada Web Octavio «Pilo» Rampoldi, delegado de ATE en la SDH.
A más de un mes de su cierre, Rampoldi advirtió sobre el patrimonio cultural de valor que se encuentra «librado a su suerte» en el interior del centro cultural: una multiplicidad de muestras y exhibiciones artísticas, entre ellas, la 35° Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino de ARGRA, la más grande del país y la región.
El Museo Sitio de Memoria ESMA, declarado en 2023 Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, no fue la excepción. El 7 de febrero pasado el cuerpo de delegados de ATE de la SDH denunció la situación de precariedad reflejada en una planta de trabajadores que fue reducida en un 36%, con salarios que sufrieron una quita del 60%, que sumado a la falta de recursos económicos, dificulta el normal funcionamiento del Museo.
Rampoldi también enumeró otras áreas diezmadas por la actual gestión, como el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) o el área vinculada a leyes reparatorias que tiene a su cargo el otorgamiento y seguimiento de subsidios y pensiones para familiares de víctimas y sobrevivientes.
«Estamos hablando de despidos que no solo dejan a familias enteras en la calle, sino de profesionales con saberes específicos -ya sea conservadores, pedagogos o investigadores- que durante más de 20 años fueron generando experiencias y modos de trabajo que no existían y que transformaron a la Argentina en punta de lanza en materia de Derechos Humanos«, remarcó Rampoldi.
Esta situación de desmantelamiento se replica en los otros Sitios de Memoria, como el que funciona en Automotores Orletti, ex centro clandestino usado por la SIDE como base del Plan Cóndor durante el terrorismo de Estado.
«Éramos 11 trabajadores y quedamos siete, con más responsabilidades y una reducción del salario de entre el 40% y el 60%. Nos quedamos sin personal de conservación ni del área pedagógica a cargo de visitas guiadas», contó el coordinador del Sitio, Ricardo Maggio.
En Orletti se derrumbó, a mediados del mes pasado, parte de la mampostería arrastrando un cielorraso y de la instalación eléctrica en la que supo ser una oficina de los represores uruguayos y chilenos. El peligro de incendio del lugar hizo que debieran cortar la luz en la planta alta del edificio.
Ante una presentación de los abogados Pablo Llonto y Sol Fourcade, la Justicia intimó a la SDH -por ser la autoridad de aplicación de la Ley de Sitios- a efectuar un relevamiento de daños e informe de trabajos a realizar.
Pasadas más de dos semanas, recién el jueves último se hizo presente en el lugar un arquitecto junto a un funcionario de la SDH para elaborar el informe y solicitar un listado de materiales.
«Sin trabajadores, los espacios son monumentos históricos. Son sus laburantes los que los ‘hacen hablar’ y dan vida a cada actividad para seguir construyendo memoria colectiva junto a la comunidad», dijo una trabajadora del Virrey Cevallos el pasado 25 de enero durante un festival en defensa de los Sitios.
En diálogo con La Patriada Web, el coordinador del Virrey Cevallos, Nelson Contreras, contó que de los diez trabajadores que se desempeñaban allí en 2023, quedaron siete en 2024. Sin embargo, con la baja de cinco contratos el mes pasado, permanecen activos sólo dos.
Pese a eso, gracias a una presentación efectuada por la legisladora Victoria Montenegro a raíz de la ola de despidos, el juez Ariel Lijo ordenó a la SDH que garantice que los Sitios de Memoria permanezcan abiertos y puedan continuar con sus tareas habituales.
Tras esta resolución, se lograron algunas reincorporaciones: dos en el Olimpo, una en el Atlético y dos en el Virrey Cevallos.
Contreras resaltó que la preservación de los Sitios es fundamental «no sólo para la transmisión de nuestra historia, sino también para el aporte de prueba a las causas judiciales por delitos de lesa humanidad».
Ante esta situación acuciante, los trabajadores de Sitios de Memoria vienen impulsando distintas actividades y festivales para visibilizar la problemática y reclamar la reincorporación de quienes fueron despedidos.
Este viernes, a las 17, ATE Capital, Madres de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos llevarán a cabo a una nueva Marcha de la Resistencia que, durante 24 horas ininterrumpidas, tendrá lugar en Plaza de Mayo. El acto de cierre será el sábado, a las 15.
Bajo la consigna «Una memoria que arde, una lucha que no se apaga«, esta nueva Marcha de la Resistencia -que supo pedir la aparición con vida de los desaparecidos en 1981 o marchar contra la impunidad y el neoliberalismo en los 90- bregará por los derechos humanos y los de cada trabajador en tiempos de ajuste y negacionismo.
