En boca de tantos para posicionarse sobre el punitivismo bajo el frenesí del calendario electoral, la cárcel del presidente salvadoreño parece la punta de un iceberg. Irrupción y derrotero de un outsider filoso pero cincelado con un marco ideológico previsible. | Por Augusto Taglioni
Nayib Bukele está en el centro del debate público internacional por su decisión de abrir un “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, una mega cárcel de máxima seguridad con capacidad para 40 mil internos. Se trata de la prisión más grande de Latinoamérica, con tecnología de última generación y lista para evitar eventuales fugas de reclusos. El predio fue construido en solo siete meses, y está emplazado en un valle rural cercano al volcán Chichontepec, en Tecoluca, a unos 74 kilómetros de San Salvador.
La prisión es el foco de severas críticas de organismos defensores de los derechos humanos porque infringe tratados internacionales e ignora alternativas de prevención del delito.
El líder salvadoreño ganó con un discurso anti-política, por más que su procedencia se ubique en el Frente Farabundo Martí (FMLN) y haber gestionado dos mandatos como alcalde de San Salvador. Así, Bukele logró consagrarse como la alternativa al hartazgo generado por la alternancia de 30 años entre FMLN y la derecha tradicional de ARENA. Supo leer el clima social y ganó en 2018 con el 53 por ciento de los votos, con una narrativa basada en la lucha contra las mafias y las pandillas.
Su estilo fue novedoso. Mucha presencia en redes sociales, con memes de sí mismo e intervenciones rupturistas, como la selfie que se sacó durante su discurso en la ONU donde dijo que esa imagen llegaría a más gente que el discurso que estaba por dar.
Hasta ahí, una suerte de influencer con aires modernizantes y apuestas osadas como la de adoptar al bitcoin como moneda de curso legal, con el riesgo que eso implica para una economía pequeña como la salvadoreña. Para su implementación, el gobierno repartió 30 dólares por ciudadano.
Sin embargo, con ese telón de fondo Bukele aprovechó su rápida popularidad para avanzar sobre las libertades civiles en nombre de la lucha contra la inseguridad y lanzó un plan de control territorial que consiste en militarizar las calles y mejorar el equipamiento de la policía para recuperar barrios y territorios dominados por pandillas y maras. Eso vino acompañado con el decreto el estado de excepción para poder detener a pandilleros sin orden judicial, suspende el derecho a la defensa, la libertad de asociación, la inviolabilidad de la correspondencia, permite la intervención de las comunicaciones sin orden judicial y las detenciones de personas pueden extenderse hasta por 15 días.
Según datos oficiales, desde marzo del 2022 hasta hoy hubo más de 64 mil detenidos, de los cuales unos 3400 fueron liberados por no poder comprobárseles algún delito. Su plan de seguridad requería de la aprobación de un paquete de medidas que el Congreso se negaba aprobar. Ante esa situación, Bukele entró con los militares y amenazó con realizar un autogolpe, rezo mediante ante la mirada atónita de los legisladores opositores.
Esta política le permitió al presidente arrasar en la elección intermedia de 2021, cuando logró una 89 por ciento de los votos y se quedó con la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Sin contrapesos, el Jefe de Estado descabezó la Corte Suprema, fue contra los fiscales e impulsó un referéndum constitucional para poder presentarse en las elecciones presidenciales de febrero de 2024. El giro autoritario es claro pero Bukele tiene como capital principal el 80 por ciento de apoyo popular y un liderazgo que, aunque controversial y cuestionable, es altamente efectivo. Sin ir más lejos, en 2021 los homicidios cayeron un 60 por ciento. Evidentemente, para Bukele y gran parte de los habitantes del país centroamericano, el fin justifica los medios.
