JxC y Libertad Avanza machacan con la idea de abaratar los costos laborales de las empresas y allanar trámites de desvinculación empresaria sin indemnizaciones. La mirada de dirigentes obreros, abogados y magistrados frente al lobby corporativo contra los trabajadores. | Por Luciana Mina
En agosto de 1996, el entonces presidente de la Carlos Saúl Menem participó de un evento de la Unión Industrial Argentina (UIA) en el hotel cinco estrellas Costa Galana de Mar del Plata. Frente a una audiencia repleta de empresarios, tuvo el privilegio de dar el discurso de cierre, en el que anunció el Plan para la Segunda Reforma del Estado y la flexibilización de la legislación laboral. A casi tres décadas del acto, y a un mes de las PASO, es posible comprobar que la historia no se repite. Sin embargo, se observan propuestas similares a la del expresidente en las plataformas electorales de Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LA).
En 2023, Horacio Rodriguez Larreta y Patricia Bullrich propusieron, entre otras, la creación de un Fondo de Cese Laboral. Por otro lado, el partido de Javier Milei promovió un seguro de desempleo. Además, en las presentaciones que hicieron ante la Cámara Nacional Electoral, señalaron como un problema la litigiosidad, es decir, los reclamos judiciales de los trabajadores. Ambas iniciativas son similares a la que Menem impulsó en el mitin marplatense para reemplazar las indemnizaciones por despido pero que no pudo concretar.
Los que en sus eslóganes de campaña prometen “Hacer el cambio de nuestras vidas” y “Una Argentina distinta” argumentaron que una reforma laboral es necesaria para que haya más trabajo. Este fundamento debe cotejarse bajo el índice de 6,9 % de desocupación y el de 36.7% de informalidad, según los números de la Encuesta Permanente de Hogares.
Así, el secretario Administrativo de la Confederación de Trabajadores Argentina Autónoma, Daniel Jorajuría, sostiene que limitar las indemnizaciones y los aportes patronales no contribuyen a mejorar los índices. “Está comprobado que esas propuestas fracasaron en el mundo porque no son las normas laborales las que crean empleo. En los 90 se flexibilizó el sistema y se terminó la década con un 25% de desocupación. Lo que genera trabajo es el modelo de desarrollo productivo”, señala Jorajuría.
Cobra sentido entonces preguntarse acerca de las bondades de un Fondo Cese Laboral que reemplace las indemnizaciones. Para el abogado laboralista y docente de la Universidad de Buenos Aires Matías Isequilla, en el sistema vigente la indemnización cumple, al menos, dos funciones: por un lado, disuade al empleador de despedir de forma arbitraria; y por otro, repara el daño que sufre el trabajador y la trabajadora cuando se extingue el vínculo laboral antes de su edad jubilatoria.
“Los llamados Fondos de Cese Laboral que se proponen son una mala copia de algunos regímenes de Europa como la Mochila Danesa o la Mochila Austríaca”, asegura Isequilla. En Dinamarca existe un sistema de “flexi-seguridad” que habilita el despido libre, pero el trabajador y la trabajadora quedan protegidos con un sustitutivo de salarios permanente, hasta que consigan otro empleo. El caso austríaco es similar, la Seguridad Social garantiza por un tiempo extendido una prestación mientras se está desocupado.
En Argentina, la realidad es distinta. Hasta ahora, el único Fondo que existe rige sólo para los obreros y obreras de la construcción, y dista mucho de los modelos europeos. Se conforma con los aportes que realizan los empleadores al Instituto de Estadísticas de la Industria de la Construcción, y al trabajador sólo se le paga, una vez despedido, el 12% del salario básico de la actividad durante un año, luego esa cifra desciende al 8%. Estos números son mucho más bajos de los que el trabajador puede alcanzar a través de una indemnización.
De esta manera, podría afirmarse que las propuestas que promueven JxC y LA buscan abaratar los costos de los despidos para las empresas, pero, ante esta premisa, Isequilla se muestra escéptico. “A los empleadores serios de las pequeñas, medianas y grandes empresas no les interesa un Fondo de Cese, ya que si no tienen planificado despedir, esto los obliga a sostener un costo fijo altísimo para mantener los aportes que conlleva el fondo. Este tipo de iniciativas solo favorecen a los empleadores que tienen alta conflictividad”, asegura.
El costo de las indemnizaciones en la justicia
Estas discusiones que se dan en el terreno electoral, también se plantean en la Justicia. Recientemente, la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo denunció presiones contra las y los magistrados que emitieron el Acta N°2472. Se trata de una resolución que establece la actualización del índice de cálculo de las indemnizaciones para evitar que queden rezagadas con la inflación y la demora de las sentencias.
A pesar de la legitimidad del Acta, que se funda en la tasa de interés activa del Banco Nación, y que establece la capitalización de los intereses según el Código Civil y Comercial vigente, el sector empresario se opone a su aplicación. Por esta razón, algunos sostienen que, previo al acta, los empleadores se beneficiaban de la devaluación de la moneda cuando debían pagar indemnizaciones y especulaban con los tiempos del Poder Judicial.
En ese sentido, Diana Cañal, una de las juezas que firmó el Acta, sostuvo que: “No solo desalentará el negocio financiero donde sea más interesante invertir un pasivo que pagar un crédito laboral (vistos en su conjunto, se convierten en una válvula de mercado), sino que también ayudará a lograr un fuero del trabajo con menores dilaciones, e incidentes en la etapa de ejecución, elevando el índice de juicios cobrados”.
