por Fabián Waldman.
El gobierno presentó una denuncia por «una operación de inteligencia ilegal«, en relación a los audios difundidos por los medios de comunicación, en los que se escucha la voz de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios.
En Casa Rosada cambiaron la estrategia luego de conocerse las grabaciones realizadas a la hermana del Presidente, Karina Milei. En ese contexto, el vocero Presidencial, Manuel Adorni informó a través de «X» que el Gobierno denunció ante la Justicia Federal la existencia de «una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral».
El gobierno denuncia que «se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios», probablemente en referencia al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. Las conversaciones fueron publicadas por diferentes medios.
En la publicación, el vocero presidencial aseguró que esas conversaciones «fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo» y que no se trata de una filtración: «Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido», sentenció Adorni.
Hasta el viernes pasado, el Gobierno se encaminaba a la realización de un sumario administrativo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), encabezado por el designado administrador Alejandro Vilches. A igual que en la criptoestafa LIBRA, no pensaba subir la espuma ni atacar en la justicia al ex funcionario.
Pero la repercusión y conmoción causada luego de conocidas los primeros cortes de una grabación donde se reconoce la voz de Karina Milei, que según quienes lo dieron a conocer duraría 50 minutos, cambiaron la estrategia de Balcarce 50.
La debilidad de la seguridad demostrada en el entorno de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ha puesto en alerta a todos quienes desarrollan tareas en el ámbito de Gobierno.
Desde el Gobierno señalan que «no se trata de una filtración casual, sino de un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina que es el proceso electoral». Y agregan: «Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas».
Un par de funcionarios, consultados por La Patriada Web, aseguraron el mal momento por el que atraviesa la administración libertaria: «Quien puede lo más, puede lo menos», sostienen.
«Los huevos que tenés que tener para grabarla», fue lo que remarcó uno de los interlocutores, en referencia a la osadía para llevar adelante la maniobra con El Jefe.
Se advierte que las grabaciones podrían haberse realizado incluso en la propia Casa Rosada, «lo que constituye una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial», señalan fuentes del Gobierno.
El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.
Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar…
— Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025
«No tiene oficinas fuera como otro sector de Gobierno y el único lugar donde ha realizado encuentros de esa duración es en el ámbito de su despacho o alguno contiguo», expresan, esto último en alusión a Santiago Caputo, quien posee lugares de reunión fuera de Balcarce 50.
La Constitución Nacional protege a los periodistas y sus fuentes informativas según lo expresado por la abogada Natalia Volosin, «salvo que haya un delito en ejecución (no consumado) y, aún así, no hay obligación de revelar las fuentes sino de hacer la denuncia si se tiene conocimiento».
Por parte del Gobierno, se apoyan en la Ley de Inteligencia Nacional, que «prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas», señalan, para realizar ese pedido a la Justicia. Por ello, la denuncia solicita medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y preservar la transparencia del proceso electoral.
Mientras tanto, Santiago Castro Videla, Procurador General del Tesoro o jefe de los fiscales, se hizo presente en el área de los despachos de Santiago Caputo. Castro Videla fue el responsable de emitir el dictamen por el cual justificó el posteo de Javier Milei contra Ian Moche.
En el mismo aludió a la utilización de la red social X, ex twitter, por parte del Presidente como un hecho personal y no como responsable del Poder Ejecutivo, escondiendo la responsabilidad política a la de un ciudadano común o «economista».
