por Fabián Waldman.
El próximo jueves, el Senado debatirá la Reforma Laboral. Pese a los pedidos de modificación de los gobernadores, el Gobierno mantiene la redacción original impulsada por Federico Sturzenegger. Aunque el resultado final permanece abierto, las probabilidades de aprobación superan a las del rechazo. En paralelo, las centrales obreras ratificaron su oposición y se movilizarán al Congreso el día del tratamiento.
“Solo cambiaremos unas comas, nada significativo”. Mientras un sector del gobierno, encabezado por Diego Santilli, ministro del Interior, y Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores libertarios, actúa para lograr un acercamiento y llegar a un texto consensuado lo más cercano a la totalidad, desde otro rincón en Casa Rosada plantean no ceder nada.
Prevalece por estas horas la misma táctica que en Diputados: acelerar en la curva. El Ejecutivo no habilitaría ningún tipo de intercambio sustancial para hacer más digerible la “modernización laboral”. En un campo fértil, sembrado por años de machacar sobre la “industria del juicio”, denominada así por Mauricio Macri, la “modernización laboral” será tratada la semana próxima en el Senado.
Este eufemismo, con el cual denominan los libertarios a la regresión en derechos de los trabajadores, está acompañado por un fuerte predominio y acompañamiento de los medios masivos de comunicación, y sin grandes alaridos entre los empresarios. Bajo la premisa de que «si alguien vota en contra de bajar impuestos, que se haga cargo», el Gobierno se prepara para defender el capítulo tributario, que sigue siendo el punto más resistido de la reforma.
En los últimos días, el tratamiento del impuesto a las ganancias de las empresas y el perjuicio económico que su eliminación causaría a las provincias ha sido el eje central del debate. Este punto se ha convertido en el ítem que más horas de diálogo ha demandado en las intensas negociaciones con los mandatarios provinciales.
Sin embargo, en el entorno de Santiago Caputo también descartan cualquier modificación. “Si el capítulo correspondiente lo rechazaran sería más favorable para el gobierno”, aseguran desde el primer piso de Balcarce 50. La apuesta libertaria se apoya en una recuperación económica proyectada para los próximos seis meses, con la cual confían en recomponer lo que hoy se pierde en términos fiscales.
Esta posición implica «patear la pelota hacia adelante» y especular con un crecimiento futuro que los mandatarios provinciales consideran incierto. Frente a la incertidumbre, los gobernadores prefieren el «pájaro en mano» antes que aceptar hambre para hoy, pan para mañana.
Conociendo los bueyes con los que aran, y el antecedente del Decreto 70/23 que desacopló el capítulo laboral, en el Gobierno ya elaboran un plan frente a los amparos que lloverán en la justicia laboral. En este sentido, dicen ya tener una estrategia pensada para tal fin y las cartas para poder impedir que se pueda suspender la aplicación de la nueva norma en caso de ser aprobada por el Parlamento.
Desde una posición ganadora, desde el entono del asesor monotributista aseguran que solo accederán a retomar el hoy suspendido diálogo si los sindicalistas van al pie. Ya pasaron dos meses desde el cierre del Consejo de Mayo y de las visitas mensuales de Gerardo Martínez a la Jefatura de Gabinete —primero con Guillermo Francos y luego con Manuel Adorni—. Sin embargo, la buena sintonía entre el «Mago del Kremlin» y el líder sindical no fue suficiente para alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes.
Hoy, la CGT reunirá a su Consejo Directivo y brindará una conferencia de prensa a las 13:00 para anunciar las medidas de fuerza que implementará el próximo 12 de febrero, coincidiendo con el debate en el recinto. Por su parte, las dos CTA junto a ATE y otras organizaciones gremiales ya «marcaron la cancha» al decretar paro y movilización para la jornada del tratamiento legislativo.
