Desde la ANPyN advierten que la operatividad mejoró tras la intervención y aseguran tener pruebas de un desvío millonario de fondos provinciales. Mientras tanto, crece la sospecha de un pacto subterráneo entre la Casa Rosada y La Cámpora para aislar al gobernador, en coincidencia con la llegada de una misión de EE.UU. a la isla.
Apenas una semana después de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) tomara el control del puerto de Ushuaia, el Gobierno nacional se prepara para una escalada total del conflicto. Desde el organismo que conduce Iñaki Arreseygor aseguran que no hay marcha atrás y lanzaron una advertencia tajante dirigida al gobernador Gustavo Melella: si la provincia decide llevar el reclamo a los tribunales, la Nación avanzará para quedarse definitivamente con la terminal portuaria.
El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia.
No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud.— Gustavo Melella (@gustavomelella) January 21, 2026
«Si judicializa, nos quedamos con el puerto», sentenciaron fuentes oficiales al diario Tiempo Argentino. La estrategia de la Casa Rosada consiste en contragolpear con una batería de documentos que probarían la supuesta malversación de fondos por parte de la administración fueguina, justificando así la medida de excepción.
La danza de los millones y las irregularidades
El conflicto tiene como eje un negocio que factura más de $22.000 millones anuales. Según la versión oficial, desde mediados de 2025 se acumulaban denuncias de trabajadores y empresarios por la falta de inversión y el deterioro de la infraestructura.
El Gobierno sustenta su decisión en la Resolución 4/2026 y en el incumplimiento del Convenio de Colaboración N° 26.174. De acuerdo a los registros nacionales, se había habilitado un desembolso de $4.000 millones para obras de remodelación críticas. Sin embargo, las auditorías arrojaron que la provincia solo habría devengado el 1,3% de ese total.
Además, las inspecciones realizadas detectaron que el 33% de los ingresos del puerto se desviaban para cubrir déficits de la caja provincial —incluyendo gastos de ministerios, operatividad de la gobernación y la obra social—, una maniobra que está expresamente prohibida por el Convenio de Transferencia de Puertos Nación-Provincia de 1992. Ante la falta de respuestas de la gestión local, el Ejecutivo decidió la intervención por un plazo inicial de doce meses.
En el plano político, la situación dinamitó los puentes de diálogo que el ministro del Interior, Diego Santilli, venía construyendo con Melella para aislar al kirchnerismo duro. La intervención, ejecutada con velocidad sorpresiva, corrompió esa estrategia y alimentó las sospechas de un acuerdo tácito entre la Casa Rosada y La Cámpora.
Tanto en la gobernación como en ciertos sectores del propio oficialismo —donde admitieron en off a Tiempo Argentino que el asunto «huele raro»— cobra fuerza la hipótesis de que la maniobra busca desgastar a Melella, quien viene mostrando sintonía con el proyecto presidencial de Axel Kicillof para 2027. Las señales que alimentan esta teoría se centran, en primer lugar, en la polémica designación del interventor Juan Avellaneda. El secretario general de la Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF) de Tierra del Fuego fue quien presentó la denuncia original que detonó el conflicto y es visto en la isla como un sindicalista «marginal» dentro del rubro, enfrentado históricamente a la conducción mayoritaria de ATE.
A este nombramiento sugestivo se suma el llamativo silencio del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto. Pese a ser el líder de La Cámpora y presidente del PJ local, el jefe comunal no emitió declaración alguna frente a lo que Melella califica como un «atropello a la soberanía provincial», una omisión que contrasta con la postura de la senadora Cristina López, quien fue la única voz de ese espacio que salió públicamente a rechazar la medida.
El factor geopolítico: la sombra de Trump
Mientras se libra la batalla administrativa, el puerto es escenario de movimientos geopolíticos sugestivos. Este domingo aterrizó en la isla un avión Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, transportando a una delegación bipartidista del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes. La agenda oficial incluyó temas de minerales críticos, gestión de residuos y salud.
Sin embargo, la presencia de enviados de la administración de Donald Trump en plena intervención alimenta las especulaciones sobre el interés de Milei de facilitar una base logística estadounidense en el sur. Aunque desde la ANPyN afirman que «son caminos separados» y que su único objetivo es que «nadie se mande cagadas» en la operación portuaria, la coincidencia temporal refuerza la hipótesis de que el control de Ushuaia es una pieza clave en el tablero internacional del Gobierno.
Fuente: Tiempo Argentino.
