La Cámara Federal de Casación Penal impidió días atrás el cierre de la causa e hizo lugar a los recursos del fiscal y las querellas, habilitando la intervención de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto por el fiscal general, el Centro de exCombatientes de Malvinas, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Subsecretaria de Derechos Humanos bonaerense en la causa abierta hace casi 20 años por las torturas y vejámenes que sufrieron los soldados durante la guerra de Malvinas.
Las investigaciones por torturas sufridas por conscriptos en las Islas Malvinas durante la guerra se iniciaron en 2007 y en ella declararon 180 excombatientes como víctimas o testigos e involucra a 95 militares que se encuentran en calidad de imputados.
Los jueces del Tribunal invocaron que los crímenes de lesa humanidad y de guerra no prescriben, por lo que la Corte Suprema de Justicia debe decidir ahora si propicia el avance de la causa contra los militares investigados.
En su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió habilitar el tratamiento de la denuncia de los excombatientes contra el Estado argentino luego de que la misma Corte Suprema convalidara una resolución de la Cámara de Casación Federal.
Los recursos fueron dirigidos contra la resolución dictada por la misma sala de la Cámara Federal de Casación que, por intermedio de los mismos jueces había resuelto favorecer al militar Gustavo Rodolfo Malacalza y anular el procesamiento que recaía sobre el nombrado por haber ejercido torturas y vejaciones sobre los conscriptos. En su decisión, contrariando a las dos instancias anteriores, los magistrados sostuvieron que no se trataba de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, impunes al estar prescriptos, informó la agencia Noticias Argentinas.
Finalizada la guerra de Malvinas, el 14 de junio de 1982, la Jefatura de las Fuerzas Armadas desplegó acciones de inteligencia y de operación psicológica para evitar que las denuncias sobre torturas y vejámenes sufridos por los soldados a manos de sus propios jefes se hicieran públicas.
Sin embargo, reclutados a su retorno del conflicto en Campo de Mayo, varios excombatientes consignaron estos padecimientos en las fichas de recepción que debieron completar en ese recinto militar, destacó el portal Memoria Abierta.
Recién en 2007 se presentaron las primeras denuncias judiciales solicitando que estos hechos fueran considerados delitos de lesa humanidad.
La causa principal, que tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, fue conformada por diferentes organizaciones y querellas.
Los imputados son 95 y casi dos centenares de ex combatientes declararon como víctimas o como testigos sobre prácticas de estaqueo y enterramiento bajo temperaturas extremas durante varias horas, amenazas con arma de fuego, golpizas, pasaje de corriente eléctrica, sumersión de la cabeza en agua helada, y hambre extrema, entre otras.
En 2020 se dictó el primer procesamiento de cuatro militares por torturar a los soldados que se encontraban bajo sus órdenes.
