Con dos escritos, los jueces de la Corte Suprema rechazaron las acusaciones por mal desempeño, cuestionaron el procedimiento y advirtieron sobre «la independencia judicial».
Los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti respondieron por separado a la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados sobre los cargos provisorios por mal desempeño de sus funciones de los que fueron notificados hace tres semanas, y para los que tenían plazo de contestar por escrito hasta este jueves, o la posibilidad de hacerlo en forma presencial el próximo martes, cuando se volverá a reunir la comisión.
En los escritos presentados ayer, los jueces rechazaron las acusaciones por mal desempeño, cuestionaron el procedimiento llevado adelante por la comisión y advirtieron sobre «la independencia judicial».
En los descargos formulados por los jueces Rosatti y Rosenkrantz ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que los había notificado de los cargos que pesan en su contra, los dos integrantes de la Corte Suprema se escudaron en que hubo irregularidades en el proceso y que, en todo caso, los legisladores buscaron afectar la independencia del tribunal.
Rosenkrantz hizo una defensa de su fallo del 2×1 en favor del represor del Hospital Posadas Luis Muiña –que abría la puerta de una liberación temprana al resto de los criminales de lesa humanidad– mientras que Rosatti no explicó los mensajes que se conocieron entre su mano derecha, Silvio Robles, y Marcelo D’Alessandro, el entonces ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta que debió renunciar tras el escándalo que se desató por la divulgación de sus comunicaciones.
Por separado, respondieron a cada uno de los cargos por los cuales se les inició la investigación preliminar en la comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard. Si bien enviaron sus respuestas por separado, en ambas se encuentra la impugnación al proceso.
Entre otras cuestiones, Rosenkrantz sostuvo que las denuncias por mal desempeño y los cargos provisorios que le formula la Comisión de Juicio Político en la documentación anexada al oficio se sustentan, «en su mayoría, en hechos vinculados con la tramitación de ciertas causas judiciales, que son tergiversados por una interpretación caprichosa y arbitraria».
«Lo cierto es que, una vez neutralizado el capricho y la arbitrariedad en la interpretación de los hechos, la única explicación plausible de la existencia de este juicio político es la disconformidad con algunas sentencias adoptadas por el tribunal que integro o con mis votos en solitario. Y aunque no lo expresen de esa forma, es evidente que tanto los denunciantes como los diputados que han votado la formulación de los cargos pretenden en forma velada una revisión del juicio realizado en cada una de las causas judiciales en las que fueron dictadas las resoluciones objetadas -algunas de las cuales se encuentran actualmente en trámite-, y una demonización de mis votos», expresó en el texto.
Por su parte, Rosatti consideró que «durante el trámite de investigación se cometieron irregularidades procesales que afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitucional Nacional). Más allá de la naturaleza política de estos procesos, dichas garantías resultan plenamente aplicables, como surge de la clásica y consolidada jurisprudencia de esta Corte».
«La gravedad de dichas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso, lo que será planteado -de ser necesario- por la vía y en la oportunidad que corresponda. A tal fin hago reserva de interponer todas las acciones y recursos legales, constitucionales y convencionales que me asistan, incluido el previsto en el artículo 14 de la ley 48», indicó el presidente de la Corte Suprema.
Tras la convocatoria para el martes 7, la intención del oficialismo es dictaminar en otra reunión posterior, que deberá realizarse antes del 20 de noviembre, ya que ese es el último día previsto para dictaminar.
Según el artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados, se establece que las comisiones «sólo podrán dictaminar sobre los asuntos sometidos a su estudio hasta el 20 de noviembre de cada año, salvo resolución de la Cámara tomada por las dos terceras partes de los votos emitidos».
Fuente: Con información de Télam y Página 12
