Feb 08 2025
Feb 08 2025

Etnografía cripto y narrativas de cartón

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La querella entre el malestar por penuria económica y la dislocación del Frente de Todos se morigeró por el frenesí de las definiciones previas al cierre de listas pero no se apagó definitivamente. La indesmentible transferencia de riqueza que expresan los índices de la distribución funcional del ingreso no alcanza para explicar la frustración ni da cuenta de la paciencia social en medio del desencanto y la inflación. | Por Pablo Dipierri

El axioma acuñado por la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Estadio Único de La Plata, en diciembre de 2020, acerca del crecimiento económico que usufructúan cuatro vivos ya es un versículo del evangelio kirchnerista. Sin embargo, los pronósticos fallidos de estallidos sociales que no se corroboraron hasta aquí, a pesar del esfuerzo metafórico de la literatura periodística por empardar la actualidad con la hiperinflación de 1989 y la crisis de la convertibilidad en 2001, habilitaron las preguntas acerca del aguante paradójico de los sectores populares, sea por efecto del denostado derrame de las migajas que ruedan por el mantel o los malabares y rebusques de los más postergados para complementar beneficios de programas sociales con extrañas mixturas de oficios, e-comerce y comedores comunitarios.

Mientras tanto, el Ministerio de Economía se empecina con sembradíos de perspectivas optimistas en la prensa. Antes de ayer, la Secretaría de Política Económica de la cartera divulgó que “a pesar de la sequía y las presiones en el tipo de cambio implícito del mercado de capitales, la actividad económica dio un importante avance durante marzo”. “El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) indicó que 12 de 15 sectores productivos verificaron avances respecto de febrero, promediando un avance del 0,1% respecto del mes anterior y un 1,3% respecto del mismo mes de 2022”, indicaron voceros del Palacio de Hacienda, y detallaron que la minería  trepó 12,1%, comercio 3,6% e industria +3,1%. Para el equipo de Sergio Massa, estos datos “marcan una dinámica consistente con una economía que sigue traccionando vigorosamente”.

No obstante, también se conoció este mes a partir de un informe de la consultora Scentia que el consumo cayó un 21 por ciento en negocios de proximidad en los barrios de Capital Federal y municipios del área metropolitana. La venta de alimentos y productos de higiene se retrajo un 4,5 por ciento en ese territorio, muy por encima del guarismo a la baja que marcó el promedio en todo el país: 0,3 por ciento.

El registro coincide con el alza inflacionaria de 8,4% que midió el Indec para abril pasado. Una militante de Lomas de Zamora le comentó a este portal que el kilo de azúcar en almacenes de su barrio, donde no hay supermercados cercanos, cuesta 1100 pesos pero un paquete del mismo producto y sellado por la misma firma se ofrece a 440 pesos en las góndolas de los híper de los barrios porteños de mayor poder adquisitivo. De ahí que la Secretaría de Comercio, tarde aunque mejor que nunca, acuda en auxilio de esa demanda con la llegada del programa Precios Justos a las bocas de expendio de las barriadas populares.

La dispersión, brutal e impiadosa, se da en un contexto pijotero para el entendimiento. La información oficial sobre distribución funcional del ingreso exhibe una disminución de 9 puntos en la participación de los trabajadores en las mieles de la riqueza producida durante los últimos dos gobiernos: luego de alcanzar el 51 por ciento de la torta en 2015, se ubica actualmente en 42 puntos.

Esa foto es fundamento de las acusaciones internas en la coalición oficialista pero, en los últimos meses, empezó a problematizarse ante el temor al triunfo opositor y la aplicación de recetas más crudas contra los obreros. De hecho, el secretario de la Economía Social en la CTA de los Trabajadores, Juan Vitta, sostuvo ante La Patriada que el saldo organizativo en los barrios es mayor que el que había ante turbulencias y fragilidades económicas de otras épocas. “Como dijo la Vicepresidenta bajo la lluvia en Plaza de Mayo, en 2001 había una cobertura previsional del 60 por ciento y hoy tenemos un 97 por ciento” de jubilados resguardados por el sistema, y graficó: “recuerdo que hace más de 20 años, uno de cada tres laburantes en edad de jubilarse sólo morfaba si seguía changueando o zafaba por la solidaridad en el barrio”. Asimismo, ponderó la importancia de la AUH, las becas Progresar, el Potenciar Trabajo y toda la malla de contención del Estado, al tiempo que consideró imprescindible la profundidad labrada por las organizaciones sociales y su capilaridad territorial.

Desde esa estructura de la central obrera, se encara la construcción de organización de núcleos productivos que, a menudo, derivan en la conformación de cooperativas. Las dificultades son muchas pero abundan experiencias donde la audacia y la autonomía prevalecen: su casus belli es el de una gráfica de Monte Grande que se fundó el 24 de noviembre de 2015, dos días después del ballotage que Daniel Scioli perdió contra Mauricio Macri. “Los trabajadores comprendían la que se venía y tenían que inventarse su propio trabajo”, detalló Vitta.

Hasta junio del año pasado, según datos del INAES recogidos por el Observatorio del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), se registraban 1878 cooperativas en los distritos que rodean a la Ciudad de Buenos Aires. De esa cifra, 1725 unidades correspondían a cooperativas de trabajo y representaba un incremento del 32% respecto a las registradas en el mismo período del 2021. Es decir, la tendencia a crear trabajo sin la tutela de patrones y con el apoyo parcial del Estado asciende conforme el poder económico depreda la plaza del mercado.

La descripción de este escenario no merece calificarse como panacea o reivindicarse como un escenario auspicioso. Sin tono celebratorio por el estado del arte, la discusión de toda formación política plebeya sigue siendo cómo apropiarse de la renta.

Es elocuente el hilo de Twitter publicado por Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, sobre la puja distributiva. “El Índice de Salarios del INDEC aumentó un 10,1% en marzo, muy por arriba de la inflación (7,7%), empujado por el sector público -que creció un 16,3%-. Los trabajadores no registrados sólo aumentaron un 6,1% y quedaron debajo del IPC. El sector privado registrado subió un 7,9%”, tipeó el dirigente.

En ese sentido, advirtió que “si se compara contra diciembre de 2019, los trabajadores registrados del sector privado le empataron a la inflación; los del sector público recuperaron un 3,2% y los no registrados perdieron un 19,6%”. “Más allá de las aclaraciones metodológicas, muy necesarias en el caso de los asalariados no registrados, la conclusión parece bastante clara: el salario de los trabajadores registrados se viene defendiendo como puede, mientras que el de los no registrados se derrite”, aseveró.

A su criterio, las paritarias funcionan “bastante bien como mecanismo defensivo”, y al respecto acota que “el éxito de las paritarias impide que el salario funcione como ancla anti inflacionaria”. “Esto es bueno para los trabajadores registrados, pero malo para el ministro de Economía y complicado para los asalariados no registrados”, concluye.

Cifras bajo sospecha

“Lo permanente lo instauran los poetas”, dijo el romántico alemán Friedrich Hölderlin y su verso aplica a condiciones estructurales de la Argentina. Por caso, la Tasa de Empleo No Registrado que compendia para el conurbano bonaerense el observatorio de la UNGS mencionado indica más continuidades que zigzagueos. Coordinado por la socióloga Adriana Rofman, ese departamento de investigadores halló que el punto más alto de esos indicadores se anotó en la posconvertibilidad y la recomposición del aparato productivo obrada por el Frente Para la Victoria facilitó mejoras rotundas: al tercer trimestre de 2003, la informalidad laboral alcanzaba al 55% de la población mientras que al momento del traspaso de mando del Néstor Kirchner a la actual vicepresidenta, en diciembre de 2007, la medición acusaba 42,9%.

El cinturón demográfico que rodea a la capital de los argentinos constituye el último bastión electoral del peronismo leal a la ex Presidenta y, además, habilita proyecciones sobre la tendencia nacional en tanto la Provincia de Buenos Aires produce el 40% del PBI nacional y concentra la mayor cantidad de habitantes. La serie del trabajo estadístico expone que el piso histórico se logró en el primer trimestre de 2015, con 34,3% pero se había deslizado hacia arriba antes de las primarias del mismo año: 37,3%. Luego de vaivenes en el período cambiemita y un descenso abrupto por debajo de los 30 puntos durante la pandemia, porque el aislamiento preventivo ante el Covid19 obligó a guarecerse a los trabajadores, el indicador se ubicó en 40,9% al cabo del primer semestre de 2022. Una hipótesis provisoria podría postular que la informalidad se consolida y calcifica en ese rango, más allá de los signos políticos que gobiernen el país.

Si esa presunción se diera por cierta, la producción de conocimiento sobre las condiciones de vida de ese sector solicitaría esquemas teóricos novedosos o ajustes metodológicos que iluminaran más que los tradicionales. Los debates entre las tribus académicas oficiales que se preguntan por las estrategias de subsistencia de la desperdigada clase obrera sumida en la precarización laboral pero desenfocada para las herramientas de los sociólogos clásicos y economistas heterodoxos y aquellas corrientes ilustradas que reducen esas tácticas de inteligencia complementaria de ingresos al pillaje que no mueve el amperímetro desparrama más de lo que aclara.

El economista Juan Graña, en esa trifulca, confeccionó un hilo de Twitter sobre cuentas nacionales. Investigador del Conicet y activista de la AGD en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, señaló que “lo ‘informal’ en Cuentas Nacionales es referido como ‘Economía No Observada’ y ahí no solo entra lo ‘informal/en negro/no registrado’ sino también lo abiertamente ilegal”, y añade que “lo ‘no observado’ es múltiple” en tanto “puede ser una empresa y toda -o parte de- su producción o toda -o parte de- su fuerza de trabajo” pero también subraya que hay métodos para captarlo y “el primer paso es reconocer que las Cuentas Nacionales lo mide (o intenta)”.

Para detectar el peso de la informalidad, el Estado persigue la estimación del Producto a través del valor agregado, distribución y utilización. “Algo que se produce (bien o servicio) necesariamente implica la distribución de ingresos por ello (salarios, ganancia) y alguien que finalmente lo utiliza. En alguno de esos tres pasos puede ser más sencillo ‘captar’ lo no observado”, argumenta Graña, y ejemplifica con la imagen de que “en la empresa no van a reconocer que hay asalariados no registrados, pero en la encuesta de hogares (o Censo) el trabajador no tiene tantos incentivos para no contestar. Entonces ‘aparece’ y se imputa al agregado”. Otra maña científica podría notarse en el sector de la construcción, cuyo seguimiento es arduo pero ofrece el eslabón de los insumos cuya concentración se torna más fácil de observar. “El nivel de producción de lo segundo me ‘muestra’ el nivel de actividad del primero”, arriesga.

Esas piruetas fungen como reflectores artesanales contra una opacidad expansiva. El sociólogo Daniel Schteingart puso sobre el tapete la brecha entre el salario de los que perciben ingresos más elevados según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el que reconstruye la Encuesta Permanente de Hogares (EPH): según su mirada, podría deberse a la subdeclaración o la demencial carrera inflacionaria y los ajustes mensuales nominales que marean hasta a su acreedor.

Graña, no obstante, coloca reparos tanto a esa óptica como a las especulaciones acerca del acogimiento en la informalidad ante la presunta opresión estatal y las justificaciones que le atribuyen a ese universo de trabajadores su propia inmersión voluntaria. Anche, admite “dificultades en las bases estadísticas fundamentales (el producto quizá no capta, el empleo e ingreso tampoco)”, concede que “la macro que no ayuda” y hasta menta la intervención del Indec en 2007 como un escollo. “Todo esto afecta la calidad de las estimaciones”, sentencia.

Incluso, la disquisición habilita la sospecha de que la distorsión no redunde automáticamente en la afirmación sobre mejores condiciones de existencia que las que arrojan los centros de estudios sino que termina escamoteando la ventaja de los más ricos y el grosor de la desigualdad. Aun así, urge desentrañar el jeroglífico críptico con una etnografía capaz de aportar nuevos diseños metodológicos antes que las narrativas tradicionales se anquilosen en los aposentos de la nostalgia por la racionalidad del siglo pasado.

Las joyas del empleo público

El último informe del Centro de Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad de San Martín (UNSAM) ofrece información actualizada frente a la cantinela opositora que promete achicamiento del Estado. Bajo el título Otra mirada sobre el empleo público en Argentina, los investigadores Matías Maito, Lila Shcachtel e Ignacio Garay rebaten con datos duros las nociones del sentido común acerca del carácter elefantiásico de las estructuras que cobijan a los trabajadores del sector público y su caricaturización extendida bajo los chistes de Antonio Gasalla en la década del 80’.

El relevamiento consigna que, en base a la EPH, “es posible estimar que, a fines de 2021, en las áreas urbanas de nuestro país había 17,5 millones de personas ocupadas. De ese universo, el 45% son asalariadas/os registradas/os (8 millones); el 4%, empleadoras/es (710.000); el 24%, trabajadoras/es por cuenta propia (4,3 millones); y el 24%, asalariadas/os no registradas/os (4,5 millones)”. De esas parcelas, se desprende que les estatales representan el 18% de la población ocupada total.

Asimismo, el trabajo disecciona a la masa de los agentes por jurisdicción. En los gobiernos provinciales se desempeña un 66%, mientras que un 21% lo hace en el nivel nacional y el 13% restante, en los municipios. “Esta distribución del empleo público —concentrada mayoritariamente en el nivel provincial— se explica, fundamentalmente, por el hecho de que los Estados provinciales tienen a su cargo el sistema educativo, la seguridad y la salud pública correspondiente a sus respectivas jurisdicciones”, ponderan los autores.

Entre las perlitas que redimen al sector público de los detractores que prometen en cada campaña electoral una razzia contra los ñoquis, la investigación destacada que la distinción del empleo público en la Argentina es el elevado nivel educativo de sus trabajadores. “Mientras que en el sector privado el 18% de la población ocupada cuenta con título terciario o universitario, en el sector público esa proporción asciende al 51%”, aseguran.

Esa mejor calificación por formación sirve tal vez de sustento explicativo para el hecho de que, como reza el CETyD, “el salario promedio percibido en el sector público en el año 2021 fue 3% superior al del sector privado”. Aunque el documento sopesa que “el diferencial salarial también varía según las ramas de actividad” y apela didácticamente al caso de los trabajadores de la educación como la rama con mayor brecha con respecto a su clase en unidades productivas del mercado, menciona que los ingresos de quienes se desempeñan en la administración pública “son superiores en un 22% al promedio de los del sector privado”.

Finalmente, el trío concluye que “el diferencial salarial positivo del sector público determina que la incidencia de la pobreza entre sus trabajadores sea menor que en el resto de las categorías ocupacionales”. Quizá allí mismo resida la furia que militan en su contra los profetas del incendio y el caos.

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