Por Guillermo Lipis
Esas son las principales problemáticas denunciadas por mujeres rurales en el informe «Campesinas, organización para la salud», producido y editado recientemente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Un grupo de investigadoras del CELS dedicó gran parte del año 2023 a conversar con mujeres de comunidades alejadas de las capitales de las provincias de Santiago del Estero, Mendoza, Misiones, Jujuy y Buenos Aires para producir el informe «Campesinas, organización para la salud».
La investigación contempló los cuidados comunitarios, considerados estratégicos para el desarrollo de las comunidades rurales por su inserción territorial, por las posibilidades de sostenibilidad y por la pertenencia a una trama cultural común.
«Alrededor de un fogón o de la mesa de un local, debajo de un árbol, en una escuela rural; en el cerro, en el monte, en un valle, en la pampa, nos compartieron sus historias y sus estrategias para cuidar de su salud, hacerse controles, gestar o no gestar, para conocer sus cuerpos, sus dolores y sus deseos, para organizarse», afirmaron las impulsoras.
Una de ellas, Lucia de la Vega, coordinadora del estudio realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó a La Patriada Web que el informe consideró a las provincias de Santiago del Estero, Mendoza, Misiones, Jujuy y Buenos Aires porque «hay organizaciones rurales aliadas» y que aún no disponen de «un panorama federal», aunque estos datos pueden marcar una tendencia. La investigación fue definida como «un informe sobre cómo lo colectivo achica las distancias y responde a las ausencias«.
El trabajo, desarrollado por De la Vega junto Daiana Aizenberg y Agustina Bender, con el asesoramiento metodológico de Federico Ghelfi y Lucila Szwarc, constituyó un relevamiento para sondear las realidades provinciales.
Es así que realizaron entrevistas sobre temas como el reconocimiento corporal, la anticoncepción, la gestación y la interrupción del embarazo, el vínculo con las instituciones de salud y el rol de las organizaciones locales.
En los diálogos surgió, además, un tema no contemplado al comienzo de la investigación como la incidencia de los agrotóxicos en los abortos involuntarios dado que, según profesionales del Centro de Derechos Reproductivos, las personas con capacidad gestante expuestas a esas sustancias tienen un 75% más de probabilidades de sufrir un aborto espontáneo durante el primer trimestre de gestación.
La Patriada Web: ¿Qué problemáticas afrontan las mujeres campesinas?
Lucía de la Vega: Además del tema de la aspiración de agrotóxicos, otras de las problemáticas son la falta en la continuidad en la atención médica, la imposibilidad de acceder a tratamientos preventivos o de control y las grandes distancias existentes de los centros asistenciales que dificulta la atención, entre otras cosas porque no tienen con quién dejar, en sus lugares de residencia, a niños o personas adultas mayores.
Estas mujeres lidian con las visitas discontinuas de las unidades sanitarias móviles, la ausencia total de equipamiento para estudios médicos o para parir, la falta de políticas sanitarias para las trabajadoras golondrina y la irregularidad en el stock de anticonceptivos y medicación en las salitas de salud.
Durante los embarazos o sus interrupciones, el seguimiento también es primordial y eso genera preocupación entre las mujeres rurales, porque el tiempo juega un factor clave y muchas veces se llega tarde.
El intento paliativo para ayudar a las mujeres campesinas lo ejercen sus organizaciones a través de sus propias promotoras de salud y de género. El informe explica que «su función es intermediar en el vínculo entre las comunidades y el Estado, una propuesta transformadora para una política pública que no logra desarrollar su potencial».
«En general, observamos que no se comprenden las necesidades de esta población. También existe la falta de continuidad en términos de política de Estado«, advirtió De la Vega, y agregó que, si bien esta actitud no es exclusiva de este gobierno «pensamos lograr cambios a nivel federal y estamos tratando de ajustar políticas públicas con las provincias” ante la falta de respuestas suficientes desde Nación, sostuvo.
La Patriada Web: El estudio corresponde al año pasado. ¿Tienen información de lo que ocurre a partir del recambio de gobierno? ¿Se produjeron mejoras o empeoramientos en los servicios sanitarios para las mujeres campesinas?
Lucía de la Vega: En estos últimos seis meses varios programas nacionales como el Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia) no se vienen implementando con muchas consecuencias para las provincias. Los medicamentos esenciales, por ejemplo, que llegaban por el Programa Remediar también fueron discontinuados. Eso deja a las provincias en una soledad absoluta y con una demanda creciente ante la crisis económica y social que estamos atravesando.
El problema de los agrotóxicos
La aspiración de agrotóxicos fue un tema incorporado a la investigación a partir de las denuncias expuestas por las entrevistadas, que plantearon los problemas que acarrea en su vida reproductiva como la ocurrencia de abortos espontáneos, nacimientos con malformaciones y el aumento de enfermedades graves.
El informe del CELS rescató que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia advirtió, en el 2015, que «existen vínculos documentados entre la exposición prenatal a sustancias químicas ambientales y los resultados adversos para la salud”.
Y recordaron que en agosto de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió un informe del Centro de Derechos Reproductivos y otras organizaciones donde señalan la evidencia científica sobre las consecuencias de la exposición al glifosato y otros pesticidas.
Los impactos en la salud humana, especialmente en la salud reproductiva, incluyen «trastornos de fertilidad, abortos involuntarios, nacimiento de niños y niñas con bajo peso, riesgo de parto prematuro, preeclampsia (restricción del crecimiento fetal provocado por un nivel inadecuado de sangre y oxígeno, y un menor nivel de nutrientes), aumento de hospitalizaciones post parto por infecciones en mujeres, malformaciones congénitas, infecciones y hasta un aumento en la probabilidad de muerte de recién nacidos«.
El informe también especificó que «los marcos regulatorios que deben proteger a la población de las fumigaciones terrestres o aéreas son débiles o no suelen ejecutarse, aunque hay resoluciones en algunas provincias y municipios que restringen la fumigación».
También indicó que en las pequeñas poblaciones «las fumigaciones permanentes han llevado el glifosato y otros plaguicidas a las plazas, escuelas y napas (de agua) de la comunidad».
Las autoras del trabajo del CELS detallaron que en Argentina las personas gestantes expuestas a los agrotóxicos “tienen el 75% más de probabilidades de sufrir un aborto involuntario durante el primer trimestre de gestación».
“En los inicios de la producción, en base a transgénicos, en el país ingresaban tres litros de glifosato por hectárea por año. En la actualidad el promedio es de 15 litros por hectárea por año y para el algodón, hasta 40 litros. El incremento está ligado a la expansión de la frontera agrícola a través de desmonte y monocultivo. La exposición a agrotóxicos es inevitable: directa en las áreas rurales e indirecta en zonas urbanas o periurbanas«.
Facundo Fernández, investigador del Instituto de Salud Socioambiental (InSSA), en el VII Congreso Internacional de Salud Socioambiental de Rosario en 2023, señaló que «es importante destacar que los abortos espontáneos en los primeros tres meses de gestación son los que en la bibliografía científica están más vinculados a la exposición a tóxicos presentes en el ambiente«.
La fumigación acarrea a los y las trabajadoras campesinas varios problemas, uno es el sanitario y hasta la eventual pérdida de sus embarazos o nacimientos con malformaciones, pero también la resignación a no denunciar estos hechos dado que «en muchos casos tienen un patrón y temen perder sus puestos laborales si cuestionan el uso de los agrotóxicos o reclaman mejores condiciones de protección», denunció el CELS a través de su publicación.
Acciones y recomendaciones
La investigación contempla también un capítulo dedicado a proponer cinco recomendaciones que deberían ser ejecutadas como políticas públicas para tratar de solucionar las problemáticas planteadas, e insiste con que el Estado nacional tiene «el rol de definir cómo se puede controlar, atender, tratar y curar la salud de las personas. Junto con las provincias y los municipios tienen la responsabilidad compartida de garantizar el derecho a la salud», explicaron.
Mientras tanto, las organizaciones campesinas «asumen la tarea cuando el Estado no está: piden turnos, acompañan hasta los hospitales o se quedan cuidando a niñas o niños».
Las recomendaciones pueden sintetizarse en los siguientes ítems detallados:
1. Diseñar políticas públicas en salud desde una perspectiva integral focalizada en las particularidades de la población rural, que considere especialmente las distancias, el modo de vida y la cultura.
2. Articular con las organizaciones sociales y comunitarias que son, muchas veces, la condición de posibilidad de acceder a los derechos. Las organizaciones sociales funcionan como el puente para llegar al primer nivel de atención a la salud, al ANSeS o a la justicia ante las situaciones de violencia.
3. Implementar un sistema integral de cuidados que garantice brindarlos y recibirlos independientemente de la condición social, económica, laboral, de género, de capacidad y de ubicación geográfica.
4. Sensibilizar sobre la necesidad del autocuidado destinado a mujeres, promotoras de salud y de género y referentes sociales como condición fundamental para el goce del derecho a la salud.
5. Implementar la normativa existente sobre uso de agrotóxicos y prohibición de fumigaciones en zonas pobladas, sancionando su incumplimiento.
