Por dos votos a uno, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la sentencia. «Lo viví en la dictadura y con Cambiemos se aplicaron los mismos mecanismos», declaró el líder sindical.
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el sobreseimiento de Juan Pablo ‘Pata’ Medina, extitular de la seccional La Plata de Uocra, quien celebró la decisión al señalar que «se hizo justicia» y volvió a acusar al expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora María Eugenia Vidal de «perseguir con los mecanismos» que utilizó la última dictadura.
Con dos votos a favor y uno en contra, el máximo tribunal penal dejó firme la sentencia que había sido dictada en el marco de una causa por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión.
«Siento que se hizo Justicia. Pensaba que no me podía pasar algo así. Quiero volver a la Uocra de La Plata porque no puedo vivir con el sello de que un gobierno dictatorial como el de Macri me haya sacado del gremio», afirmó Medina.
En ese marco, criticó la persecución política perpetrada duranta el gobierno macrista y con la gestión de Vidal, y la comparó con la que se vivió durante la dictadura cívico-militar.
«Con Macri y Vidal vivimos en un gobierno diabólico. No pensé que en democracia se pudiera perseguir a alguien de esa forma; lo hicieron con periodistas, sindicalistas y pymes. Lo viví en la dictadura y con Cambiemos vi cómo se aplicaron los mismos mecanismos».
«Falta de imparcialidad»
Ayer, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar el recurso del fiscal Rodolfo Molina contra la nulidad de todo lo actuado contra Medina, en una causa que un magistrado determinó que estuvo armada, en el marco de la denominada «mesa judicial bonaerense».
A principios de octubre del año pasado, el juez Alejandro Esmoris, de La Plata, había declarado la nulidad de lo investigado cuando consideró probado que hubo tareas de inteligencia contra Medina y su familia, sobre las cuales se hizo una denuncia anónima al juez Luis Armella.
Esa denuncia contra Medina fue amplificada luego por empresarios que participaron de la reunión en la sede del Banco Provincia entre funcionarios de la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Cambiemos.
El fiscal Molina apeló entonces la nulidad sin embargo el tribunal integrado por Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, rechazó el planteo por la «falta de imparcialidad» en el ejercicio de la magistratura por parte del juez Armella, actualmente con un proceso abierto en el Consejo de la Magistratura.
De dicha investigación se desprende que hubo cruces de llamadas telefónicas que mostraron que hubo comunicación entre Armella y el entonces secretario de Asuntos Jurídicos de la AFI Sebastián De Stéfano.
El fallo determinó la nulidad
En la declaración de nulidad, la Sala II enumeró «actos del magistrado instructor (Armella) que afectaron la garantía de juez imparcial» y destacó «el indudable y evidente interés que tenían los representantes de los distintos estamentos políticos y de la actividad relativa a la construcción centralizada en la ciudad de La Plata en el armado de causas judiciales en las que Medina resultare legitimado pasivo».
En esa línea, en el fallo se reseñaron «los diversos contactos telefónicos y personales que esas personas mantuvieron con el juez instructor y con el secretario que intervino».
«Por ahí toqué intereses de Vidal en la obra de la usina hidráulica de Ensenada, un proyecto que ellos paralizaron y después se la dieron al empresario Ángelo Calcaterra» (primo del expresidente Macri), remarcó el sindicalista.
En su declaración de nulidad, el juez Esmoris argumentó que las actuaciones contra Medina estuvieron orquestadas en una reunión celebrada en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia.
En aquel encuentro estuvieron el entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y el subsecretario de Justicia Adrián Grassi; el intendente de La Plata, Julio Garro; el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan y los entonces directivos de la AFI Sebastián De Stefano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra.
El tribunal expresó que «en el plan de criminalización orquestado contra el nombrado se encontró comprometido desde sus albores el juez Armella, pues el 22 de mayo de 2017, es decir, en forma previa a la recepción de la denuncia anónima que dio origen a esta encuesta, mantuvo contacto con el funcionario del servicio de inteligencia, De Stefano» y luego se citan comunicaciones posteriores.
Fuente: Télam
